Valencia
Los retrasos en los pagos de las ayudas a empresas por la crisis del Covid que gestionan las Comunidades Autónomas ha llevado al Gobierno a replantearse las condiciones fijadas para acceder a ellas, después de tener que solicitar ampliar los plazos a Bruselas ante el riesgo de que esos fondos no se agoten.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se mostró ayer dispuesta a pactar esos ajustes con las autonomías, después de que varios presidentes autonómicos hayan culpado del lento ritmo de concesión a los requisitos y la tramitación exigida para inyectar en la economía los 7.000 millones de euros anunciados.
"Si hay que hacer algún ajuste en el diseño como han sugerido algunos presidentes de Comunidades Autónomas pues lo haremos para que de aquí a final de año se ejecute al máximo y se logre el objetivo de llegar a aquellas empresas que verdaderamente lo necesitan", aseveró Calviño tras reunirse con el presidente valenciano, Ximo Puig.
Aunque la responsable de Economía no concretó las posibles modificaciones, el propio presidente valenciano destacó la voluntad de su Gobierno regional de ampliar a todos los sectores empresariales la posibilidad de acogerse a las ayudas más allá de los recogidos inicialmente por la norma estatal. Otras autonomías, como Andalucía, han criticado la burocracia necesaria para tramitarlos y a la que culpan de alargar los plazos.
La vicepresidenta reconoció que el ritmo de ejecución es muy desigual según las distintas CCAA, aunque le quitó hierro. "No es extraño que las dos comunidades más afectadas, Baleares y Canarias, sean precisamente las más aceleradas en ese proceso porque precisamente eran las que más necesitaban esas ayudas".
De hecho, pese a la petición realizada a la Comisión Europea para poder ampliar el plazo para desembolsar la totalidad de los 7.000 millones previstos más allá del próximo 31 de diciembre, Calviño se mostró confiada en poder ejecutar la totalidad en el último trimestre. "España es de los países que está avanzando más rápido en los fondos de recuperación", insistió.
La ministra también se mostró confiada en que empresarios y sindicatos puedan alcanzar un acuerdo tanto para ampliar el actual marco como para los Erte como en el Salario Mínimo Interprofesional, para lo que les pidió "responsabilidad" como la mostrada hasta ahora.
"Años" para la financiación autonómica
Pese a la sintonía con el presidente valenciano sobre las ayudas a empresas, la vicepresidenta también volvió a dejar claro que la reivindicación esencial valenciana, la reforma de la financiación autonómica, continúa aparcada. En línea con la ministra de hacienda, María Jesús Montero, Calviño considera que ahora la prioridad es la recuperación de la crisis del Covid y los presupuestos. Aunque reconoció que se trata de una cuestión que hay que resolver, consideró que es una reforma "compleja que llevará años" y postergó abrir la reforma a "cuando sea más viable lograr un acuerdo".
Precisamente la financiación autonómica fue también una reclamación del presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en otros actos durante la maratoniana jornada de Calviño en Valencia. Tanto fue así que en la Noche de la Economía Valenciana, Calviño modificó su discurso para destacar que "el Gobierno está trabajando intensamente para presentar en noviembre una propuesta sobre el criterio de población ajustada" como base de la reforma. Pese a ello, insistió que se trata de un debate que llevará tiempo y que no puede plantearse "en un juego de suma cero o basarse en agravios comparativos entre territorios" y pidió "lealtad institucional" para que "todos ganemos". Recordó que la reforma exige una Ley Orgánica que requiere consenso que "depende de la voluntad de todos" y no solo del Gobierno.
Contra la competencia fiscal a la baja
La vicepresidenta económica se alineó con las tesis del presidente valenciano Ximo Puig sobre armonización fiscal y mostró su rechazo a la supresión de impuestos del PP en Madrid. "Bajar impuestos ahora quiere decir recortes de servicios públicos en el futuro", afirmó en un encuentro de la Cadena Ser en Valencia. "Tenemos que evitar la competencia fiscal a la baja que acaba empobreciendo a las CCAA", señaló para defender la necesidad de una armonización fiscal, algo que apuntó que ya defendía desde sus cargos en Bruselas.
