
Los tambores del adelanto electoral vuelven a sonar en el horizonte político español. Todavía lejanos, pero algo empieza a moverse en los partidos. Especialmente en el PSOE, donde ya hay alarma y algunos de sus dirigentes empiezan a advertir a Sánchez de una "posible traición" de sus socios podemitas.
"Podemos tiene que romper antes de 2023", afirman voces autorizadas de Ferraz, quienes apuntan que los desmarques y las críticas respecto a determinadas decisiones y planteamientos del ala socialista del Ejecutivo son "el primer paso para una ruptura de la coalición". La denuncia de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, contra su compañero de Gabinete, el ministro del Interior, Grande Marlaska, por los traslados de los menores marroquíes que asaltaron Ceuta en mayo, ha sido el último episodio de una sucesión de deslealtades que comenzaron con la ofensiva contra la Monarquía, las embestidas contra la ampliación del aeropuerto de Barcelona, las críticas por la autorización de la venta de un 22% por ciento de Naturgy a un fondo extranjero, y el anuncio de movilizaciones en la calle contra la subida de la luz para conseguir que "el Gobierno actúe contra el oligopolio eléctrico".
Ecos de ruptura a medio plazo que también empiezan a escucharse en la formación morada, donde miembros de la dirección defienden ya una salida del Ejecutivo para recuperar fuelle electoral. Llevan derrota tras derrota en las elecciones, están sin liderazgo definido, y las últimas encuestas les otorgan apenas un 10 por ciento de votos y sólo 24 escaños, casi 3 puntos y 11 diputados menos que los obtenidos en 2019.
Quienes defienden la ruptura apuntan a un doble objetivo: por un lado, ganar visibilidad en los medios de comunicación tras asumir que Sánchez sigue ninguneando a sus socios en las decisiones más importantes; y por otro, marcar una línea dura ante el debate presupuestario, además de desmarcarse de los ajustes y reformas que vienen exigidas desde Europa para recibir el dinero del fondo de recuperación.
En medios próximos a la formación morada confirman que las ministras Irene Montero y Yolanda Díaz están divididas sobre este asunto, aunque el debate en firme no se producirá hasta después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En Unidas Podemos consideran "clave" el resultado de la Ley Presupuestaria para decidir "cuándo y de qué manera se produce la ruptura del Ejecutivo".
Tres son las medallas que los podemitas quieren colgarse en las nuevas cuentas del Estado: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio, con el acompañamiento de la contrarreforma laboral y los cimientos de una reforma fiscal que pasaría por subir el impuesto de sociedades a un mínimo del 15 por ciento, junto con medidas para facilitar la rebaja de los alquileres.
Propuestas todas ellas que no sólo ponen en peligro la incipiente recuperación, sino que amenazan con paralizar la llegada de los recursos económicos del fondo europeo de reconstrucción y que están condicionados al cumplimiento de condiciones y reformas que chocan frontalmente con las demandas podemitas.
Estas condiciones que nos vienen de Bruselas y la vigilancia europea sobre las inversiones y el reparto de las misma pueden romper los apoyos parlamentarios de la coalición Frankestein especialmente por el lado de los nacionalistas catalanes y del PNV.
Casado apuesta por la economía
También en el Partido Popular siguen con atención estos movimientos en el seno de la coalición de Gobierno. Ahora juegan con las encuestas a favor. El Electopanel del 15 de agosto les otorga una nueva subida hasta el 28,5 por ciento de los votos y 123 escaños, que sumados a los 54 de Vox les daría una cómoda mayoría de 177 diputados que pasarían de 180 si se les suman los dos de Navarra Suma, el de Foro Asturias y el único de Ciudadanos. Ascenso del centro y la derecha que contrasta con la cuesta abajo en la rodada del PSOE, que se quedaría con un 25 por ciento de sufragios y 96 escaños, 24 menos que los actuales.
Con este escenario, los populares trabajan para preparar la Convención Nacional de octubre, que quieren convertir en el trampolín que bajo el lema "Creemos un futuro en libertad" les impulse a ganar las elecciones autonómicas y generales, escenificando también "la unidad de todas las corrientes en torno al liderazgo de Pablo Casado".
El propio Casado ha encargado a Edurne Uriarte, secretaria de Estudios y Programas, la organización de las mesas de debate previas y la elección de los ponentes. Un encargo que dirigentes de Ferraz califican como "un guiño a los aznaristas", que se completará con la prioridad que los populares darán a la economía en su estrategia de oposición y en su programa de gobierno.
Para ello se está trabajando ya en incorporar un equipo de asesores que trabaje en paralelo al equipo económico de Ferraz, y que estaría integrado por destacados líderes en el mundo de la economía y ex altos cargos de los gobiernos de Rajoy.
Entre los nombres con los que ya se ha contactado o se piensa contactar antes de la Convención figuran los del exgobernador del Banco de España Jaime Caruana, los exministros Román Escolano, Fátima Báñez y Miguel Arias Cañete, y los ex secretarios de Estado Jaime García-Legaz y Juan Pablo Riesgo, además del economista, expresidente de Endesa y exdiputado por el PP entre 2008 y 2010 Manuel Pizarro.
¿Nueva desbandada en Cs?
La estrategia del PP para consolidar y ampliar esta subida que le arrojan las encuestas pasa también por la incorporación de nuevos dirigentes y cargos públicos de Ciudadanos. Responsables del equipo de Inés Arrimadas comentaban recientemente que en los próximos meses "habrá una desbandada".
En Génova no hay prisa. "Vendrán sin necesidad de llamarlos", aseguran, mientras no descartan las presencia de notables exlíderes del partido naranja en la Convención de Valencia como José Manuel Villegas o Juan Carlos Girauta. Incluso se especula con la posible aparición allí de Albert Rivera, que en los últimos tiempos está muy próximo y en sintonía con Casado. "Sería la guinda", comentan.
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