Nueva York
Las piezas centrales de la ambiciosa agenda económica de 4,1 billones de dólares del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avanzan por un precario camino en el Capitolio, donde las rencillas entre los demócratas se suman a la batalla que se avecina en septiembre sobre el techo de la deuda.
"Durante meses hemos destacado tres riesgos fiscales que parecen cada vez más probables en septiembre: un techo de deuda que debe resolverse a principios de noviembre, un posible cierre del gobierno a finales de septiembre y la aprobación de un plan de inversión en infraestructura junto con un paquete de reconciliación partidista de aumento tanto de impuestos como de gastos", explica Andrew Hollenhorst, economista de Citi.
Divisiones y fricción
Aunque es muy probable que se apruebe el proyecto de ley bipartidista de infraestructuras, ya adoptado la semana pasada por el Senado y que incluye un gasto adicional de 550.000 millones de dólares, su futuro en la Cámara de Representantes junto con el del paquete partidista de reconciliación presupuestaria de 3,5 billones de dólares se promete complicado.
El principal punto de fricción tiene origen en el seno del propio partido demócrata, donde los legisladores más progresistas, respaldados esta vez por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quieren ligar la aprobación del plan de infraestructuras al proceso de reconciliación que permitirá un gasto en programas sociales y medioambientales costeados, en buena parte, por subidas de impuestos a las rentas más altas.
Para ello Pelosi aboga por aprobar el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria antes de pasar al proyecto de ley de infraestructuras del Senado. Una fórmula que no ha calado bien entre los congresistas más conservadores de su partido. De hecho, la semana pasada nueve demócratas moderados de la Cámara Baja enviaron una carta en la que indicaron que sólo votarán a favor del marco de reconciliación después de aprobar el plan de infraestructuras.
"Esperamos que esto se resuelva con un compromiso en el que se reduzca el gasto proyectado en la reconciliación de presupuesto, un recorte a su vez necesaria para garantizar el apoyo en el senado de los demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema, y tal vez una garantía de Pelosi para no hacer ningún cambio en el proyecto de ley de Infraestructura ya aprobado en el Senado", indica el economista jefe para EEUU de Citi.
En este sentido, Alec Phillips, economista de Goldman Sacha, espera que el Congreso apruebe alrededor de 3 billones de dólares en gasto adicional durante la próxima década, consistente en unos 550.000 millones de dólares del proyecto de ley bipartidista de infraestructuras y otros 2,5 billones de dólares de un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria. Un billón menos de lo previsto actualmente.
El gasto adicional propuesto por Biden podría reducirse en busca de unificar a los demócratas
La Cámara de Representantes de EEUU se encuentra actualmente en un receso hasta el próximo el 23 de agosto. Sin embargo, a partir de entonces, las negociaciones deberían acelerarse. La prioridad de los demócratas es votar la resolución presupuestaria del Senado. Pelosi necesita el apoyo casi unánime de los legisladores demócratas para aprobarla frente a la previsible oposición unificada de los republicanos.
Esta resolución no es más que un marco donde se establecen los parámetros de un eventual proyecto de ley presupuestaria y las instrucciones para que las comisiones elaboren el texto legislativo. Una vez avalado, ambas Cámaras pasarán a redactar las políticas precisas y el resto del lenguaje para el enorme paquete presupuestario. La resolución ya aprobada por el Senado establece un plazo no vinculante hasta el 15 de septiembre para que los comités presenten propuestas a sus respectivos paneles presupuestarios.
La Comisión de Finanzas del Senado tiene jurisdicción sobre el núcleo del paquete, incluidas las subidas de impuestos a los ricos y a las empresas. Otros comités pueden aumentar el déficit en unos 1,75 billones de dólares combinados a lo largo de una década, lo que significa que hasta la mitad del plan de Biden podría financiarse con una mayor deuda pública.
En estos momentos no hay un plazo firme para la aprobación de la agenda económica, pero los demócratas quieren que se promulgue antes de que acabe este año.
Aún así, antes del 30 de septiembre, los legisladores deben llegar a acuerdos bipartidistas sobre los proyectos de ley de gasto público ordinario inacabados o sobre un proyecto de ley provisional para mantener el funcionamiento al gobierno federal. Esta medida podría incluir un texto que suspenda temporalmente el techo de la deuda.
