Madrid
Los socios de Gobierno empienzan a moverse de cara a las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, y algunas cartas ya están sobre la mesa. Por parte de Esquerra Republicana, la presión la ejercerá, en cierta medida, por la ampliación del aeropuerto de Barcelona del Prat dondeel Govern independentista tiene problemas para encontrar apoyos para sus propias cuentas públicas, con el PSC dispuesto a echar una mano con tal de que haya nuevos Presupuestos en Cataluña.
El otro gran obstáculo viene de la mano de Unidas Podemos. Los morados quieren jugar sus cartas y ponderar su papel en la Ley de Vivienda, atascada desde el mes de marzo, cuando previsiblemente tenía que haber iniciado el trámite. Pero la limitación del precio del alquiler se han convertido en un escollo con el que Podemos quiere poner de manifiesto su capacidad de presión en los próximos Presupuestos.
El atasco del Prat y de la Ley de Vivienda tiene otra tercera derivada: los fondos de la Unión Europea. Y es que, como ya publicó eE, el documento de trabajo de la Comisión indica que las ayudas Next Generation están imbricadas en los Presupuestos Generales, en el caso español, de manera que, están directamente ligadas a las partidas de los distintos ministerios e instituciones, por lo que negociaciones como la ampliación del Aeropuerto del Prat y, la resolución de la Ley de Vivienda son a partir de ahora asuntos prioritarios.
Para demostrar que la carrera a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 no será fácil, Esquerra ya expresado su disconformidad con la ampliación de una tercera pista en el Prat. Ahora, el planteamiento de los republicanos es mejorar el Prat sin más, pero sin necesidad de aumentar la superficie e incluir el terreno de la Ricarda, que es el punto de fricción por parte de la CUP y los ecologistas, que exigen cualquier tipo de nueva infraestructura.
La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, pidió a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que "no explique cuentos de hadas" asegurando que se compensará la afectación al entorno con más áreas protegidas. "Para empezar a hablar de compensaciones actuales, en el caso de que se alargara la tercera pista y se afectara a La Ricarda", se debería hablar de las compensaciones no ejecutadas de la anterior ampliación del aeropuerto, reprochó Vilalta a la también exalcaldesa de Gavà (Barcelona). Con la vista puesta en los Presupuestos y en las próximas mesas bilaterales, Vilalta tachó la postura de la ministra de irresponsable: "No nos pueden prometer cuentos de hadas de compensaciones que van a existir, cuando no se han cumplido las compensaciones anteriores", defendió, al tiempo que añadió que se debería estar trabajando es en buscar el equilibrio para mejorar el aeropuerto sin que vaya en contra de la preservación del medio ambiente y su entorno.
Ya en Madrid, y en el marco de la coalición de Gobierno, la Ley de Vivienda, junto a la reforma fiscal, constituyen dos elementos principales de la negociación de Presupuestos.
A día de hoy, los acuerdos entre socialistas respecto a la Ley de Vivienda se encuentra en punto muerto, y los socios de gobierno siguen sin llegar a un acuerdo sobre la regulación de los precios de alquiler.
No obstante, la sustitución de José Luis Ábalos por Raquel Sánchez al frente del Ministerio de Transportes generó alguna expectativa de desbloqueo, ya que los socialistas catalanes están más familiarizados con la regulación de rentas que el PSOE, que por primera vez acaba de incluir las ideas de "congelación de rentas" y "limitación de precios" en la ponencia de su 40 Congreso Federal.
Sin embargo, y según fuentes del Ministerio de Transporte, tampoco esta ministra es partidaria de la limitación de precios que exige Podemos. Y es que otra de las actuaciones en las que se fija Europa es en la seguridad jurídica que se puede ver afectada con la imposición de precios en el mercado de la vivienda.
La Ley catalana pendiente de la resolución del Constitucional
Desde que el Parlamento de Cataluña aprobó en septiembre de 2020 su ley de contención de rentas, más de 60 municipios con mercados tensionados, incluido el que dirige Ada Colau, aplican estos límites. Una ley, la catalana, que el Gobierno de Pedro Sánchez (y también el PP) recurrió ante el Tribunal Constitucional -aunque sin pedir su suspensión automática-, por entender que una CCAA no tiene competencias para regular los alquileres, como ya advirtió el propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña antes de su aprobación en el Parlament, donde el PSC votó en contra.
Por el momento, ni el Constitucional ha resuelto si la Generalitat tiene competencias para limitar el precio de los alquileres, ni la nueva ministra Raquel Sánchez ha movido ficha, después de que el pasado 28 de julio tuviera su primera toma de contacto con la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. La aspiración, entre otros, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es que la ley catalana obtenga su "paraguas legal" con la ley estatal por el derecho a la vivienda antes de que se pronuncie el TC.
