Madrid.
Si bien es cierto que la pandemia ha impactado en todas las potencias del mundo sin excepción y ha trastocado en alguna medidas las economías de los países, la respuesta en términos de despliegue de recursos y medidas para combatirla no ha sido homogénea. Un reflejo de este hecho se observa en las variaciones de los niveles de deuda pública de los diferentes países en el año de pandemia, entre 2020 y 2021, y en el caso de Europa, aparece España como el país de las grandes potencias del Viejo Continente que más ha elevado su nivel de deuda con motivo de la respuesta al Covid-19. Concretamente, nuestro país, entre el primer trimestre del pasado año y los primeros tres meses de 2021, ha aumentado un 26,2% su nivel de deuda pública, que ya alcanza el 125,2% del PIB, según los últimos datos de Eurostat, el servicio de estudios estadísticos de la Comisión Europea.
Es más, solo dos países del entorno comunitario han sumado más deuda pública en el último año: los mayores aumentos de la ratio se registraron en Chipre (29,5 puntos porcentuales más), Grecia (28,6 puntos porcentuales más). De este modo, se aprecia como el esfuerzo del Ejecutivo español para hacer frente a los efectos de la pandemia, que se sustanció en la aprobación de medidas que han compuesto el conocido como escudo social -y que aún siguen vigentes como los Erte o la ayuda extraordinaria para autónomos por cese de actividad, además de las moratorias concedidas-, ha imprimido un fuerte ritmo al repunte de deuda pública en los últimos meses.
Detrás de España, en esta variación de deuda del último ejercicio, se encuentra Italia (+22,1 puntos porcentuales) y Portugal (+18,0 puntos porcentuales), mientras que los menores aumentos se observaron en Irlanda (+1,7 puntos porcentuales), Suecia (+4,5 puntos porcentuales), Bulgaria (+5 puntos porcentuales), Países Bajos (+5,6 puntos porcentuales), Finlandia (+5,9 puntos porcentuales) y Luxemburgo (+6 puntos porcentuales).
En el 'top 5'
Al final del primer trimestre de 2021, todavía afectado en gran medida por las medidas políticas para mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus y las medidas de recuperación, que siguieron materializándose en un aumento de las necesidades de financiación, la relación entre la deuda pública y el PIB en la zona del euro superó el 100% por primera vez: la relación se situó en el 100,5%, frente al 97,8% al final del cuarto trimestre de 2020. En la UE, la proporción aumentó del 90,5% al 92,9%. En comparación con el primer trimestre de 2020, la relación entre la deuda pública y el PIB aumentó tanto en la zona del euro (del 86,1% al 100,5%) como en la UE (del 79,2% al 92,9%).
De este modo, las mayores proporciones de deuda pública en relación con el PIB al final del primer trimestre de 2021 se registraron en Grecia (209,3%), Italia (160,0%), Portugal (137,2%), Chipre (125,7%), España (125,2%), Bélgica (118,6%) y Francia (118,0%), y los más bajos en Estonia (18,5%), Bulgaria (25,1%) y Luxemburgo (28,1%).
En comparación con el cuarto trimestre de 2020, veintitrés Estados miembros registraron un aumento de su ratio de deuda en relación con el PIB al final del primer trimestre de 2021, dos una disminución, mientras que la ratio se mantuvo estable en Eslovaquia y Bulgaria. Los mayores aumentos de la ratio se observaron en Chipre (+6,5 puntos porcentuales), Chequia (+6,3%), España (+5,3%), Eslovenia (+5,2%), Bélgica (+4,4%), Malta e Italia (ambos +4,2%). Los descensos se registraron en Lituania (-1,5%), y Dinamarca (-1,4%).
Horizonte sujeto a pensiones
Más allá, con los fondos de recuperación europeos a las puertas y sujeto a un plan de reformas concreto, ya comprometido con Bruselas, un elemento que podría catalizar otro salto de deuda para España es el efecto económico de la reforma del sistema de pensiones.
El Gobierno asume ya una máxima que resultará del proceso de reforma del sistema público de pensiones: las medidas que se adopten elevarán el gasto anual en esta partida a cargo de la Seguridad Social, para la que se destinarán en este año 135.000 millones de euros. Concretamente, la derogación del factor de sostenibilidad unido a la sustitución del IRP por el IPC como guía para la revalorización de las pagas supone endosar a la factura anual otros 40.000 millones de euros. De modo que si en 2019 el desembolso en prestaciones alcanzaba el 10,9% del PIB, y según las estimaciones de la AIReF, estas dos medidas harán que en 2050 este coste ascienda a 14,2 puntos porcentuales del PIB.
Pero más allá, este aumento del gasto provocaría según la AIReF asumir un volumen de deuda letal para la economía, en el entorno del 165% del PIB. Sin embargo, de no introducirse un elemento corrector del gasto asociado a la evolución demográfica, como el anunciado factor de equidad intergeneracional o la extensión del periodo de cálculo de pensión, la deuda pública ascendería hasta el 175% del PIB como producto de la reforma que está llevando a cabo el Gobierno.
