Madrid
El déficit de las cuentas públicas españolas es ya el mayor de la Unión Europea por el impacto de la crisis del coronavirus. Sin embargo, a la Unión Europea le preocupa más el avance del déficit estructural -aquel hace referencia a los gastos fundamentales y permanentes que tiene que abordar una economía-, que es ya la mitad del total y alcanzará, según la previsiones de Bruselas, el 5,2% para el año que viene.
El saldo estructural creció 0,5 puntos porcentuales sobre el PIB con respecto el año anterior, situándose en el 4,2% del PIB en 2020. España, junto con Italia, son los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de déficit estructural en este periodo. Sin embargo, el alza del déficit estructural italiano se debe al ambicioso plan de estímulo del Gobierno de Mario Draghi, que ha aprobado una desviación presupuestaria de 40.000 millones de euros.
Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el coste estructural que la pandemia habría supuesto para nuestras finanzas públicas españolas ascendería a 1 punto de PIB. Esta posición de desequilibrio de las finanzas públicas dificultará, según los analistas, el cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una vez se desactive la cláusula general de escape, imposibilitando la actuación de una política fiscal contracíclica en un potencial periodo adverso futuro para la economía española.
La situación, dadas estas debilidades de las finanzas públicas y las amenazas del entorno sobre la viabilidad del estado de bienestar, obligará a diseñar una estrategia a corto y medio plazo de consolidación fiscal orientada a asegurar un entorno económico estable y previsible y que contemple como principales objetivos la reducción tanto del déficit estructural como de los niveles de deuda pública.
Durante los últimos meses se ha estado señalando recurrentemente la menor presión fiscal existente en España con respecto a la media de la UE, como argumento para incrementar la carga impositiva en España. Sin embargo, el indicador tradicional de presión fiscal recaudatoria no es el único indicador. El gran problema es que la presión fiscal se ve muy influida en España por la existencia de diferenciales de economía sumergida -que forma parte del PIB pero que elude sus obligaciones tributarias-, diferenciales de renta y diferenciales de desempleo. De partida, en relación con la presión fiscal ajustada por renta, se observa que el esfuerzo fiscal en España en el 2018 era un 6,6% superior al promedio de la UE. Por otra parte, para compensar el efecto de la economía sumergida, se puede usar como referencia la presión fiscal efectiva, que se define como la ratio entre la recaudación tributaria y el PIB de un país sin tener en cuenta el peso de la economía sumergida. En este sentido, la presión fiscal efectiva de España es muy similar a la de la media de la Unión Europea, el 44,5% y el 45% respectivamente del PIB ajustado.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) destaca en su último informe de coyuntura que "la solución para incrementar la recaudación tributaria no debe ser incrementar normativamente los impuestos, ya que entonces se estaría igualando transitoriamente la presión fiscal recaudatoria a costa de hacer que los ciudadanos soporten, en realidad, una mayor carga fiscal con respecto a su nivel de renta que en otros países de similar presión fiscal -algo que ya sucede ahora-, lo que hundiría la actividad económica y ahogaría a las clases medias y a las empresas".
A su juicio, "un problema específico de España es que las empresas soportan una mayor carga fiscal que las empresas de otros países con las que compiten y estos mayores costes suponen por si mismos un freno a la competitividad". En 2018 la presión fiscal empresarial era el 11,1% del PIB frente el 9,6% de la media de la UE. Esta desventaja queda aún más de manifiesto si analizamos otro indicador el de la contribución de las empresas a la recaudación total. En 2018 en España las empresas aportaron el 31,9% del total de ingresos públicos, mientras que en la UE en promedio las empresas solo aportan el 24,6% del total de recaudación.
Los especialistas del IEE consideran que el camino hacia la necesaria consolidación fiscal ha de ser el de la contención y la mejora de la eficiencia del gasto, habida cuenta de los perjuicios sobre la actividad económica que tienen las alzas impositivas, la vía menos dañina, y más eficaz a largo plazo, para abordar la necesaria reducción del déficit, pasa por la contención del gasto. "Así, si el incremento de los impuestos tiene una elevada incidencia negativa sobre la actividad y el empleo, que además se prolongan durante un largo período de tiempo, la contención del gasto asegura un efecto positivo a medio plazo, ya que genera confianza en los agentes acerca de la credibilidad del proceso de consolidación fiscal", apuntan en el informe.
Controlar el gasto
De acuerdo con el análisis realizado por el Instituto de Estudios Económicos, la eficiencia del gasto público en España es un 14% inferior a la media de la OCDE, un margen de mejora que se eleva incluso hasta el 66% con respecto a las mejores prácticas a nivel global.
Sin embargo, el Gobierno no sigue la senda de reducción de gasto. El impacto de la pandemia ha supuesto una ruptura de las previsiones y tendencias económicas de los países más desarrollados. Es el caso de uno de los elementos que componen la lectura anual de los Presupuestos Generales del Estado: el volumen de gasto público y su peso sobre el conjunto de la economía que, más allá, es uno de los indicadores principales de las acciones sociales de la economía -cabe recordar que solo la protección social en prestaciones, pensiones, subvenciones y ayudas es el 50% de este gasto público, unos 226.000 millones de euros-. Y en el caso de España, la pandemia ha provocado que se pase de destinar a gasto público un 42,1% en 2019 al 50,8% que se prevé para 2021 -ya en 2020 se rebasó este nivel por vez primera en la serie histórica al alcanzar el gasto público el 52% del PIB anual.
España es el país que más eleva el gasto en los Presupuestos Generales de 2021 validados esta semana en la comisión Europea, y el país que menos recursos moviliza contra el coronavirus.