Economía

Los encausados por el 'procès' entregan sus fianzas ante el aplazamiento solicitado por el 'Govern' al Tribunal de Cuentas

  • El Tribunal de Cuentas da un plazo de dos días para la entrega de avales
  • De momento no ha procedido a providencias de embargo
  • Estudia el aplazamiento del aval solicitado por la Generalitat
Jaume Giró interviniendo en el Parlament ante Aragonès.

Cuando todo parecía que la Generalitat de Cataluña iba a proceder ayer al pago del aval, que el Tribunal de Cuentas solicita a los 34 encausados del procès -por delito de malversación-, a una hora de que expirara el plazo, a las 12 de la noche, el Govern pidió un aplazamiento de dicho aval, que tenía pensado hacer con fondos públicos. Este cambio ha precipitado que, a media mañana, al menos 29 de esos 34 encausados hayan presentado sus fianzas o la relación de sus bienes inmuebles. Pero esa documentación, en buena parte, apenas ha sido considerada como un mero "anuncio", motivo por el cual, el Tribunal de Cuentas ha dado solo dos días para que se haga entrega de los avales o de los bienes inmuebles.

Un total de 29 de los 34 dirigentes independentistas a los que el Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat realizada entre los años 2011 y 2017 han presentado este jueves "anuncio" de que se acogerán al aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), mientras que el órgano contable les ha otorgado 48 horas para que acompañen la documentación hasta ahora aportada por los avales en sí.

Así pues, pasado este plazo improrrogable la instructora advierte que, de no formalizar los depósitos, serán embargados. Por el momento, la delegada instructora ha estado viendo la documentación recibida, que se refiere a cuatro investigados que han presentado avales e inmuebles desvinculados del fondo de la Generalitat y también a otros que se acogerían al aval del ICF.

Respecto a estos últimos, fuentes del Tribunal de Cuentas han señalado en un comunicado que los documentos aportados "constituyen un anuncio" pero que no han sido acompañados de los avales según lo que establece el artículo 517 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Por ello, ha dictado una providencia comunicando a los representantes legales de los ex altos cargos afectados por este expediente que se concede un plazo improrrogable de dos días para la presentación de los mismos. Se añade la advertencia de que si no se han recibido en dicha fecha se procederá, conforme al artículo 47.1 g) de la Ley de Funcionamiento de este Tribunal de Cuentas, al embargo de los bienes de los presuntos responsables.

Señala el TC que por ahora, no se ha iniciado ninguna providencia de embargo, a pesar de que a las 00.00 horas de este jueves concluyó el plazo dado a los 34 afectados por este expediente para depositar entre todos la citada cantidad.

Respecto al hecho de la admisión o no de aval del Fondo de la Generalitat, que según el consejero de Economía catalán, Jaume Giró, será afianzado con fondos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el Tribunal de Cuentas simplemente señala en su nota que "se dirimirá cuando proceda".

En este punto lo que ahora está haciendo la delegada instructora, según las mismas fuentes, es estudiar las certificaciones que han llegado en relación con el acuerdo de gobierno de avalar la cantidad de cada uno de los responsables.

Idas y venidas

En el día de ayer, la Generalitat puso de manifiesto el desacuerdo que reina en este asunto, una vez que las entidades bancarias rechazaron avalar a los encausados por el procés.

Fue el conseller de Presidencia, Jaume Giró, el primero en trasladar las dudas del uso del fondo del ICF, argumentando que su uso podría ser en detrimento de los trabajadores públicos. Pero al tiempo, en una intervención pública rectificaba, y afirmaba que el ICF les había dado el visto bueno, y que por tanto se iba a proceder al desembolso.

Sin embargo, y aprovechando el límite horario dado por el Tribunal de Cuentas -el pago de la fianza se tenía haber depositado antes de las 12 de la noche-, el Govern cambió su estrategia y pidió un aplazamiento de 15 días.

A la espera del Comité de Garantías

Desde Estados Unidos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó este miércoles que si el Ejecutivo determina que el fondo creado por la Generalitat para avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas por la acción exterior del Govern no es legal, lo recurrirá, pero ha señalado que todavía no se ha tomado una decisión al respecto.

Así lo puso de manifiesto en una conversación informal con periodistas durante su gira económica en Estados Unidos al ser preguntado sobre este asunto y, en concreto, sobre la última decisión de la Generalitat de usar finalmente el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para avalar las citadas fianzas.

En su charla con los medios de comunicación, que ha tenido lugar tras la inauguración de la Oficina Económica y Comercial de España de Nueva York, en el edificio Chrysler, Sánchez no ha querido entrar al fondo del asunto, argumentando que todavía el Gobierno no tenía un criterio fijado al respecto.

No obstante, sí ha vuelto a señalar, al igual que ya hizo hace dos semanas en una rueda de prensa durante su gira por los países bálticos, que si el Ejecutivo determina que ese fondo no es legal, lo recurrirá.

En aquella comparecencia, que se produjo el mismo día en el que la Generalitat anunció la creación de este fondo, Sánchez aseguró que el Gobierno iba a estudiar la creación de ese fondo y que si consideraba que no estaba sujeto a derecho, lo recurriría.

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Comentarios 4
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Pobre y
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decadente Cataluña, la terminaran por arruinar.

Puntuación 3
#1
Manuel
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La sociedad catalana es un claro ejemplo de una sociedad decadente, llena de prejuicios e involucionista que terminará engulléndose a sí misma en una enorme afán de autodestrucción.

Puntuación 2
#2
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¿Tribunal de cuentas?. Aquí hay muchos tribunales copados por fascistas de otros tiempos y protectores de corruptos.

Puntuación -4
#3
Asies
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Eso me recuerda los casos de corrupción en los ayuntamientos en los que el Alcalde o los Concejales acudían al abogado del Ayuntamiento (pagado por los ciudadanos) para defenderse.

Puntuación 3
#4