Madrid.
El Gobierno cerró esta semana el acuerdo con los agentes sociales para aprobar la primera fase del sistema público de pensiones español. El pacto incluye la revalorización de las pagas en función de la inflación, la reforma de las jubilaciones anticipadas y los incentivos para demorar el retiro laboral, además de la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social para trasladar los denominados gastos impropios a los Presupuestos Generales del Estado y la derogación del pacto de sostenibilidad de las pensiones aprobado por el PP en 2013, pero aparcado hasta 2023. Hasta ahí, parece un avance notable sobre la cartilla de medidas que ha comprometido el Ejecutivo español con Bruselas en materia de jubilaciones como condición para la recepción de los fondos europeos para la reconstrucción.
Sin embargo, entrando a valorar el impacto que tienen los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, se desprende un resultado alejado de las recomendaciones y demandas realizadas en este ámbito desde la Comisión Europea. En sus últimas indicaciones sustanciadas en forma de recomendaciones específicas para España se abandonaba la idea de menguar la tasa de sustitución de la pensión pública, que ronda el 80% en nuestro país y acercarla a niveles más similares a los de los socios de la UE, para simplemente instar al Gobierno a llevar a cabo una reforma que hiciera plenamente sostenible el sistema público, que tras la pasada crisis financiera venía registrando déficits anuales de entorno al 1,5% del PIB. Y sobre esta premisa de reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social no parece que la primera pata de la reforma sellada este pasado mes implique una senda de gasto a la baja. Todo lo contrario, ya que el Gobierno asume que en esta primera remesa de actuaciones no se dará solución al desequilibrio presupuestario del Sistema.
De hecho, desde el Ejecutivo asumen que el gasto por vincular la revalorización al IPC elevará el gasto en 2,5 puntos porcentuales de PIB en el medio plazo. Y que esta alza, solo sería compensada en cierta medida y también en el medio plazo por el aumento de la edad efectiva de jubilación, donde se podría amortiguar la mitad del incremento de los gastos previstos por la indexación.
Periodo cotizado para el cálculo
Por ello, la verdadera reforma de las pensiones, en términos de moderación en el aumento de la factura anual, llegará en 2022 con la asunción de medidas que sí pueden implicar fluctuaciones en la cuantía inicial de las futuras pagas de jubilación como es el aumento del periodo de cotización para el cálculo de la pensión que actualmente toma los últimos 25 años.
De hecho esta fue la piedra de toque que llevó al Gobierno a pautar en dos fases la reforma y dejar para esa segunda fase los aspectos más espinosos de la reforma. Según un borrador sobre esta medida que se filtró a los medios y que el Ejecutivo niega haber estado trabajando en él, se preveía el aumento de los años cotizados para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años, lo que supondría de media recortes del 6% en la pensión inicial. Ahora el Ministerio de Seguridad Social mantiene la intención de abordar esta parte de la reforma a partir de 2022. Y parece que la medida se sustanciará en estos términos, los de incrementar el periodo de cálculo tal y como sugiere el Pacto de Toledo, si bien no se conocen aún los detalles de la cota que alcanzará ese aumento. Aunque el Ejecutivo tratará de amortiguar la eventual merma de la prestación -principalmente para quienes inician su carrera laboral con sueldos precarios, que ganan peso en el cálculo de la prestación- con la compensación de las cotizaciones no aportadas en ciertos periodos de cese de la actividad. Es decir, las lagunas de cotización durante la carrera laboral. De modo que estos periodos no penalizarían al futuro pensionista aunque se tomarán más años de cotización.
Factor de equidad intergeneracional
La primera toma de contacto sobre los asuntos más espinosos y complejos de acordar llegará este mismo otoño con la negociación del nuevo factor de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad del PP, pero que también tendrá en cuenta para la pensión la ganancia de esperanza de vida. El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tuvo que salir al quite esta semana ya que en el mismo acto de firma del primer paquete de medidas, deslizó que este nuevo mecanismo supondría que la generación del baby boom deberá elegir entre cobrar algo menos de pensión o estirar su estancia en el trabajo si quisieran esquivar esa merma.
Aunque también asegura el ministro que la medida nunca implicaría recortes en la prestación como los previstos en el anterior factor de sostenibilidad, que de entrada, recogía ya recortes del 3% en las cuantías de las jubilaciones de 2019. Estos recortes, para los futuros jubilados de nuestro país podrían haber ascendido hasta el 20%. Sin embargo, la medida quedó en suspenso hasta 2023 y pese a que el nuevo factor de equidad intergeneracional debería estar negociado en la mesa de diálogo social antes del 15 de noviembre de este año, tampoco entraría en vigor hasta el próximo 2027.
En este sentido, varios expertos recalan en la cuestión de la estrategia negociadora del Gobierno para esta reforma, ya que los elementos introducidos en el primer paquete, que elevarán el gasto total en pensiones en el medio plazo, es solo la mitad del conjunto de medidas necesarias. Y más allá, es la mitad de las medidas que son fáciles de consensuar. Por lo que los expertos advierten de que podría ser difícil este segundo consenso para el segundo paquete, que será más punzante.
