
Italia y España se convirtieron en la 'zona cero' de la pandemia del covid-19 en Europa. Por eso, los socios mediterráneos fueron distinguidos como los grandes beneficiarios del fondo de recuperación europeo de 800.000 millones de euros. Entre ambos se llevarán 331.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y préstamos, casi la mitad de la potencia de fuego del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, el principal pilar del fondo.
Y también en ellos están puestas todas las miradas para ver si este Mecanismo consigue su objetivo de transformar las economías europeas, a cambio del chorro de fondos sin precedentes.
Sus desequilibrios, y la embestida de los mercados, colocaron al euro al borde del precipicio en 2012. Y es Madrid y Roma el destino de las miradas los Frugales, grandes críticos del megaestímulo europeo en el momento de su nacimiento.
La prueba de fuego pasará por aquellas reformas que probablemente más tiempo llevan arrastrando Italia y España: la reforma de la Justicia y del mercado laboral, respectivamente.
Para la Comisión, ambas son medidas fundamentales para corregir debilidades criticas de sus economías. En un caso, la conocida lentitud de los procedimientos judiciales en Italia, que espanta a emprendedores, empresarios e inversores. En el otro, nuestros problemas crónicos con el desempleo.
Según explican fuentes comunitarias, ambos países han decidido acumular en los primeros años del fondo, que se extenderá hasta 2026, las reformas comprometidas. Y tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Mario Draghi han decidido dar el pistoletazo de salida con el plato fuerte.
España se ha comprometido a presentar gran parte de la reforma laboral para finales de este año, incluyendo la reducción del número de contratos o la revisión del marco de la negociación colectiva. Italia también ha firmado poner en marcha gran parte de su reforma judicial para finales de este año, tanto de la rama civil como la penal, además de los marcos de insolvencia.
Fuentes comunitarias explican que la tercera y cuarta economías europeas comparten una "necesidad" y "deseo" de proceder con la puesta en marcha de sus planes nacionales "tan rápido como sea posible", para acceder a los recursos europeos cuanto antes.
Pero no solo estará en juego la credibilidad del fondo, creado el pasado julio por los líderes europeos como una herramienta ad hoc para superar la peor recesión en la historia de la UE. También su posible vida más allá de la pandemia.
Precisamente son España e Italia algunas de las voces que más tiempo llevan pidiendo una capacidad fiscal central en Europa para lidiar con shocks económicos, una demanda respaldada por el BCE. Los Frugales, además de Alemania y otros socios, se han opuesto radicalmente a este paso hacia la unión fiscal, al considerar que sería un cheque en blanco para que los países del Sur continúen sin poner su casa en orden para cuando llega la tormenta. Aceptaron el fondo de recuperación a regañadientes, arrastrados por el giro de Angela Merkel, y por la excepcionalidad de la pandemia. Pero tanto Berlín como La Haya y otras capitales ya han dejado claro que es un instrumento con fecha de caducidad.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, fue la encargada de resumir este lunes el "desafío" que encara el fondo. Si los socios no ponen en marcha las reformas para modernizar sus economías y apuntalar su resiliencia, "el tiro podría salir por la culata". En otras palabras: los "halcones" tendrían argumentos para enterrar el debate. Pero si consiguen los resultados esperados, el fondo "podría tener un futuro", dijo la francesa. Y gran parte de ese futuro pasará por Madrid y Roma ya este mismo año.