Madrid
Pasados los fuegos de artificios de la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español -presentado el martes por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen-, por cierto, con todos los parabienes de la institución europea, se va desgranando la letra pequeña que marca las condiciones del desembolso de los fondos, y no es otra que la adopción y la aplicación de todas las reformas comprometidas en el periodo de 2021-2023.
En el caso español, con 102 reformas y 109 inversiones, la que atañe al mercado laboral, a la sostenibilidad de las pensiones y, a la eficiencia del gasto público, constituyen la clave de bóveda del éxito del plan defendido ante Bruselas por Pedro Sánchez.
Pues bien, según fuentes de la institución europea consultadas por elEconomista, a finales de junio de 2022, España tendrá que someterse al primer gran examen de la gestión de sus fondos, demostrando el desarrollo de los hitos y objetivos marcados especialmente en materia laboral y en pensiones.
En juego está una partida de 12.000 millones de euros, que se añaden a los primeros 9.000 millones de prefinanciación que llegan este mes de julio; y a otros 10.000 millones más que llegarán a finales de año (en total, 8.000 millones menos de lo que Moncloa anunció que recibiría nuestro país en 2021, cantidad que fue señalada en las distintas áreas ministeriales para los Presupuestos Generales de 2021).
Esta entrega de ayudas europeas -con controles bimensuales, semestrales, a los 18 meses, más las recomendaciones del semestre europeo- se podría ver mermada porcentualmente, siempre que España no vaya cumpliendo con sus compromisos, o que se retrase en la presentación de sus reformas, subrayan desde Bruselas. A los 18 meses, la evaluación europea podría requerir la devolución del fondo concreto si no se alcanzan las expectativas.
En manos del diseño final del plan
Pero, ¿a qué se ha comprometido España con Bruselas? A día de hoy es difícil de saber. Lo que resulta evidente es que no hay ni rastro de la derogación de la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy. Y que, por otra parte, Bruselas pondera la praxis de los Ertes, al tiempo que valora que se introduzca "un mecanismo permanente de flexibilidad interna, estabilidad laboral y reciclaje profesional de los trabajadores en transición mediante una reforma legislativa en el componente 23 (mercado laboral)", así como las políticas dirigidas a fomentar la formación de los jóvenes e incluir mejores condiciones para ellos en el mercado laboral.
En este sentido, la Comisión adelanta que, "la viabilidad a largo plazo de las medidas del Plan dependerá del diseño final de una serie de reformas que han quedado abiertas para su debate, tales como el nuevo mecanismo de estabilidad y flexibilidad en el mercado laboral, que se basa en la experiencia con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y la reforma de las pensiones, así como las revisiones del gasto que vayan a realizarse".
Sin definir
Dicho de otro modo -recoge el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión-, a España le falta por terminar los deberes, como a otros países, si bien se nos recuerda que "la definición de los pormenores -en el caso de la reforma laboral- se ha dejado explícitamente abierta, con el fin de que quede espacio para el acuerdo y el respaldo de los interlocutores sociales".
Y es en este aspecto donde Europa es insistente. No pasará por alto una reforma que no lleve acuerdo y diálogo social, exigiendo la participación de las fuerzas políticas y los agentes sociales, además de transparencia, participación de los territorio y libertad de concurrencia.
Abunda en este último aspecto CE indicando que "es fundamental garantizar la aceptación del Plan por parte de los agentes implicados en la aplicación de las reformas y las inversiones, como las autoridades regionales y locales de España. Estas autoridades son competentes en ámbitos como la salud, la educación y la formación profesional".
Recomendación: flexibilidad
Ya en 2020 -incluye la evaluación europea-, el Consejo dirigió a España una recomendación para que apoyase el empleo con medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos fiscales a la contratación y desarrollo de las capacidades. En definitiva, epígrafes que el plan español ha sabido recoger en el interior de sus páginas.
Y todo esto -remarca la Comisión, en línea con la reforma laboral del anterior Gobierno de Mariano Rajoy- "debía fundamentarse en medidas de apoyo al empleo tomadas tras consultar a los interlocutores sociales, tales como la eliminación gradual de los expedientes de regulación de empleo, la revisión del sistema de incentivos a la contracción para fomentar formas de empleo sostenibles, en particular para los trabajadores jóvenes, y la flexibilización de las condiciones laborales".
La Comisión pone condiciones muy específicas, en el caso de que España decidiese introducir una reforma que no fuera encaminada en el sentido de flexibilizar aún más el mercado laboral, y a ese respecto añade: "Aunque España no ha podido indicar cuáles serán las modificaciones que está previsto introducir en el sistema, para no prejuzgar el resultado del diálogo social a este respecto, la reforma ha de ir acompañada de un informe de evaluación ex ante de las carencias de la legislación vigente en materia de convenios colectivos".
Pensiones, IPC y fiscalidad
Además de requerir unos presupuestos prudentes a medio plazo, y de garantizar la sostenibilidad de la deuda, mejorando la inversión, la Comisión indica sobre España que "la reforma del sistema de pensiones prevista como parte del componente 30 -hay 30 componentes en el plan- incluye medidas que vuelven a vincular las personas al índice de precios al consumo (IPC) de forma permanente y que disocian los niveles iniciales de las pensiones de los cambios en la esperanza de vida". Ahora bien -señala-, "dichos elementos incrementarán el gasto a medio y largo plazo, a menos que su repercusión se viese suficientemente equilibrada con medidas compensatorias".
En materia fiscal, España se compromete antes de 2023 a reducir el gasto y a aumentar los ingresos fiscales con más impuestos. Asimismo, anuncia la creación de una Oficina de Auditoría de Contrataciones, oficina que recalca Europa, "llega tarde", añadiendo que "los ajustes en secciones fundamentales del PGE son el instrumento más directo para garantizar el plan".
Un calendario de vértigo
Primera entrega: 9.000 millones
Finalmente, y con dos meses de retraso, la primera entrega de la prefinanciación de los fondos 'Next Generation' será de 9.000 millones de euros en el mes de julio.
Segunda entrega: 10.000 millones
A finales de este año, y teniendo en cuenta los objetivos e hitos marcados con anterioridad, desde febrero de 2020, España recibirá 10.000 millones, que sumados a los 9.000 millones de julio, son 8.000 millones menos que lo previsto en los Presupuestos Generales de 2021.
Tercera entrega: 12.000 millones
La tercera entrega tendrá lugar al finalizar la evaluación del primer semestre de 2022. Para entonces, España tendrá que haber cumplido una serie de objetivos e hitos para implementar reformas como la laboral. Este es un punto de inflexión y de máxima importancia para la economía de los Estados miembros, porque de su cumplimiento depende la recepción completa de esos fondos.
Cuarta entrega: 17.650 millones
Según fuentes comunitarias, está previsto que los países miembros reciban a finales de 2022 el 70% de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Quinta entrega: 20.850 millones
A lo largo de 2023, España recibirá el 30% restante.
