El Gobierno baraja elevar el SMI un 10% en contra de CEOE y Banco de España

Si el Gobierno cumple el programa pactado entre PSOE y Unidas Podemos y no se convocan elecciones generales anticipadas, antes de que termine esta legislatura (noviembre de 2023) el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) deberá colocarse en una horquilla que va de 1.012 euros a 1.047 euros, lo que implica una subida respecto a los 950 euros actuales entre el 6,5% y el 10,2%. Un incremento que choca frontalmente con un reciente informe del Banco de España que cuantifica entre 83.000 y 180.000 los empleos que costó el 22% de subida del SMI del año 2019 hasta colocarlo en 900 euros. E, igualmente, cuenta con la oposición de los empresarios que consideran que, tras una subida cercana al 30% en dos años, ahora, en plena crisis provocada por la pandemia, no es el mejor momento para un nuevo aumento.

Estos son los datos a los que ha llegado la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno en enero para determinar una fórmula que sirva para calcular el salario medio en España, según una información publicada por El País que ha sido confirmada por miembros de dicha comisión a este diario. Una comisión a la que declinó pertenecer tanto CEOE como Cepyme.

Incluir o no este 2021

La ministra portavoz, María Jesús Montero, explicó ayer que con el informe en la mano el Gobierno se reunirá con los agentes sociales para ver cómo "distribuir ese peso" para alcanzar el objetivo, debatiendo si la subida hasta alcanzar el 60% del salario medio se reparte entre 2022 y 2023 o "si incluimos 2021". "Es importante llegar a ese compromiso pero también que sea compatible con la generación de empleo", dijo Montero, porque "hay que equilibrar la mejora del poder adquisitivo pero garantizando que no será a costa de la pérdida de puestos trabajo", tal como apuntó el Banco de España.

Las fuentes de la comisión de expertos consultados por eE, que señalan que entregaron su informe al Ministerio de Trabajo este lunes, mostraron su profundo malestar por la filtración del documento. Según señala El País, el salario medio se calculará a partir de la Encuesta de Estructura Salarial que realiza el INE aunque no es exactamente el mismo. Fuentes del Ministerio de Trabajo matizan que los datos presentados por los expertos no son definitivos y pueden variar. Los expertos resaltan que aunque el informe está abierto a observaciones, la fórmula está bastante cerrada. Sin embargo, cada año irá ajustándose a las cifras, por lo que ese máximo de 1.047 euros no es definitivo, máxime si se tiene en cuenta que la última Encuesta de Estructura Salarial se elaboró con datos de 2018 y se espera la actualización.

El Ejecutivo de coalición tiene en su pacto de Gobierno el compromiso de colocar el SMI en el 60% del salario medio de los españoles, como se recomienda en la Carta social europea. Ante la falta de concreción de cómo se calcula ese salario medio el Gobierno nombró esa comisión de expertos con la que pretendió, además, zanjar el fuerte enfrentamiento interno surgido entre los socialistas, con Nadia Calviño en cabeza recomendando no subir el SMI este año, y la facción de Unidas Podemos con Yolanda Díaz que siempre ha defendido que este año al menos se debería incrementar entre el 0,9% -subida de las pensiones y sueldos de los funcionarios- y el incremento medio de los convenios -un 1,55% registrado en abril-.

Enfrentamiento interno

Los miembros del Gobierno pertenecientes al PSOE han defendido la tesis de los empresarios, que consideran inadecuada una subida este año, mientras que los de Unidas Podemos secundan a los sindicatos que han abogado por un incremento este mismo año. En enero, la balanza se puso del lado de los defensores de la congelación, aunque la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se apresuró a decir entonces que en verano se podría replantear. Algo que pasó por alto ayer tras el Consejo de Ministros.

Trabajo sigue apostando por que este año haya subida, al igual que los sindicatos que solicitaron ayer abrir la mesa de diálogo para hablar del SMI lo antes posible. Algunas fuentes, sin confirmar, apuntan que se podría negociar el informe de los expertos el próximo mes.

Comisión de expertos

Antón Costas (renunció al ser nombrado presidente del CES) 

Olga Cantó Sánchez (Universidad) 

Manuel Lago Peñas (Ministerio de Trabajo) 

Gemma Galdón Clavell (Universidad) 

José Ignacio Pérez Infante (Universidad) 

Rafael Muñoz de Bustillo (Universidad) 

Inmaculada Cebrián López (Universidad) 

Sara de la Rica Goiricelaya (Universidad) 

María Jesús Cedrún Gutiérrez (UGT) 

Carlos Martín (CCOO) 

Mª Edita Pereira Omil (CEOE, renunció) 

Luis Aribayos Mínguez (Cepyme, renunció) 

César Veloso Palma (Ministerio de Hacienda) 

Carlos Cuerpo Caballero (Ministerio Economía)