
El retraso en la cesión del ingreso mínimo vital (IMV) al País Vasco está tensando la cuerta de las relaciones entre el PNV y el Gobierno central, y más concretamente, con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tanto es así, que el portavoz de la formación vasca en el Congreso, Aitor Esteban, asegura que si el ministro José Luis Escrivá no retrocede en su propuesta de cesión de la gestión del ingreso mínimo supondrá una "ruptura" con su gabinete que también afectará a más acuerdos.
Una referencia velada y que parece apuntar a otro de los acuerdos donde el concurso de los nacionalistas vascos resulta crucial y cuyas aportaciones han sido fundamentales para zanjar tras cuatro años de negociaciones las recomendaciones del Pacto de Toledo: la reforma de pensiones.
Moncloa espera llevar el texto definitivo con la primera parte de la reforma al Consejo de Ministros durante el mes de julio, de modo que la votación sobre la revalorización de las pensiones y la reforma de las jubilaciones anticipadas llegaría al Congreso como tarde para el mes de septiembre. Además, esta es solo la primera piedra de la reforma y al menos se deberá votar otro paquete a finales de 2022.
Ese el punto en el que el PNV recuerda al Gobierno la necesidad de mantener una relación fluida y sin obstáculos. El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, calificó, a través de las redes sociales, de "decepcionante" la respuesta de José Luis Escrivá sobre la transferencia del ingreso mínimo al País Vasco y a Navarra tras ocho meses de demora. "Los términos pactados son meridianos y el régimen económico que supone el Concierto muy claro. Su resistencia incomprensible. ¿Es consciente de los problemas que generará? No lo creo", subraya.
Por su parte, el diputado del PNV Íñigo Barandiaran acusó directamente a Escrivá de intentar dejar sin contenido la gestión de este IMV y de ignorar "de forma deliberada" sus mecanismos para su puesta en práctica.
Escrivá niega la obstaculización
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, negó de su lado que se esté "obstaculizando" la transferencia de la gestión del ingreso mínimo al País Vasco, ante las acusaciones del PNV, que ha avisado de una "ruptura de la confianza" con su Ministerio en el caso de que no cumpla con el Estatuto vasco.
Escrivá asegura que "en ningún caso" la actitud del Ministerio es la de "obstaculizar" la transferencia al País Vasco de este IMV y recordó al PNV que "tienen encima de la mesa" la propuesta establecida en la disposición adicional quinta. Eso sí, defendía el ministro que el planteamiento del Ministerio "va más lejos" que lo establecido en esta disposición adicional quinta y, por ello, confía en que "seguramente" ambas administraciones se pongan de acuerdo en esto.
El PNV, que ya se quejó en boca de su portavoz Aitor Esteban de que Escrivá estaba torpedeando la transferencia establecida en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 20/2020, advirtió de que el retraso en este traspaso asciende ya a "ocho meses".
Los términos del acuerdo
Esta cesión del ingreso mínimo vital, que se recogía ya en el decreto de aprobación de la ayuda en mayo del pasado año, supone además un paso más en la gran cesión demandada por el Gobierno vasco: la de la gestión de la Seguridad Social.
Sobre este aspecto Euskadi tendrá que esperar, como mínimo, hasta junio del próximo 2022, para recibir la transferencia del régimen ecónomico de la Seguridad Social, la última cesión que aparece en el calendario acordado con el Gobierno central y con la que se completarán los 29 traspasos pendientes recogidos en el Estatuto de Gernika.
El principal obstáculo para realizar el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi es la polémica suscitada sobre la ruptura de la 'caja única'. El Estatuto del Gernika declara al País Vasco competente de la gestión del régimen económico y una sentencia del Tribunal Constitucional reconoce su derecho a gestionar los fondos de la Seguridad Social, con casi 10.000 millones en pago de pensiones.