Economía

Último aviso a España para que aborde la morosidad en la Administración Pública

  • Las autoridades regionales y locales tienen que reducir el retraso con los pagos
Bruselas

Los retrasos al pagar a proveedores y contratistas en el sector público y privado es un problema que arrastra nuestro país desde hace años. Y aunque España ha logrado algunos avances, para Bruselas no resultan suficientes. Sobre todo cuando Europa se recupera de su mayor crisis en siete décadas de historia con un tejido empresarial muy debilitado.

Por eso, la Comisión Europea ha decidido dar el último aviso a nuestro país para que aborde este desafío en el sector público, cumpliendo con la Directiva sobre morosidad de 2011. Es el segundo toque de atención que la Comisión da a nuestro país respecto a la transposición de esta directiva, para evitar pérdidas para las empresas, sobre todo para las pymes.

La Comisión abrió el procedimiento de infracción a España sobre este asunto en 2015 por los excesivos retrasos en los pagos de la Administración Pública a empresas. En un comunicado, el Ejecutivo comunitario reconoció los esfuerzos realizados por nuestro país desde entonces para reducir los plazos en los pagos de su sector público. "Sin embargo, si bien durante este tiempo, las autoridades centrales han avanzado mucho, a la Comisión le preocupan los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales, ya que su ejecución de pago aún no se ajusta a las obligaciones de la Directiva," señaló la Comisión.

La Directiva sobre morosidad obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de 30 días (o 60 días para los hospitales públicos). La normativa comunitaria considera que las autoridades públicas tienen además la "obligación especial" de pagar a sus proveedores a tiempo y dar buen ejemplo en la lucha contra la cultura de los pagos atrasados en el entorno empresarial.

Tras el envío de este dictamen motivado a Madrid, segunda etapa del procedimiento de infracción de la UE, España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por Bruselas. Si no toma las medidas consideradas necesarias para cumplir con la directiva, la Comisión puede decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia. La justicia europea podría imponer una multa y obligar a nuestro país a corregir la legislación nacional o asegurar una correcta aplicación.

La Comisión explica en su comunicado que los pagos atrasados "tienen un efecto negativo en las empresas, ya que reducen su liquidez, les impiden crecer, obstaculizan su resiliencia y su capacidad para volverse más verdes y digitales". Este impacto dañino resulta más perjudicial en el contexto económico actual, dado que las empresas, sobre todo las pymes, dependen de pagos regulares para operar y mantener los puestos de trabajo tras el impacto del covid-19.

El Ejecutivo comunitario explica que está plenamente comprometido con la lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales y ya ha abierto procedimientos de infracción contra otros Estados miembros, cuyas administraciones públicas no pagan a sus proveedores a tiempo. El último de ellos fue Italia, al recibir ayer por el mismo motivo una carta de emplazamiento de Bruselas, primera fase del procedimiento sancionador.

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Sin avisos contra la morosidad bancaria
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Sin avisos de ningun tipo para la mososidad de la banca , la devolucion de sus rescates y los 255000 millonesde eurso quedeben alas aracas publicas y contribuyentes ,, Tampòco hay ninguna ejecucion hipotecaria contra la delincuencia bancaria y sus multimillonarias deudas a las arcas publicas

Puntuación 1
#1
rogelio
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Hay que tener en cuenta que varios miembros de EUROGRUPO han sacado adelante una modificación de la licitación publica en toda Europa para 2022-23 si como se espera sale adelante todas las administraciones deberán adelantar un mínimo del 50% del importe de la adjudicación a las empresas antes de su ejecución y en el momento de la firma del contrato de adjudicación y el resto como máximo a la finalización de la misma a 15 días de fecha factura como tope de limite de pago o si no enfrentarse a multas o sanciones incluso penales.

También se prohíbe el aval o garantía para obras inferiores a medio millón de euros.

También se realizan cambios en el proceso de adjudicación de obras inferiores a medio millón de euros incluyendo de forma obligatoria un sistema de sorteo o aleatorio verificable de forma independiente y eliminando el resto de criterios para evitar la enorme corrupción que en paises como España se produce.

También una modificación del trabajo en el sector publico en toda Europa promovida por Alemania con la prohibición total para funcionarios o aquellos que ejerzan laborales como tales de cualquier otra actividad de índole económica privada, que si sale finalmente adelante el incumplimiento de la misma trae el despido fulminante y la prohibición de por vida de ejercer cualquier empleo publico esta seria de aplicación inmediata una vez aprobada.

Puntuación 5
#2
Paco
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Bajar el exceso de administraciones y de funcionarios, según la EPA tenemos los mismos funcionarios que antes de la crisis del 2008. cuando teníamos un paro del 9%, tenemos más de tres millones de funcionarios.

Puntuación 14
#3