Unos de los requisitos indispensables para poder acceder a la prestación contributiva por desempleo, lo que se conoce tradicionalmente como el 'paro', es estar registrado como demandante de empleo y renovar dicha inscripción durante el tiempo en el que se cobren estas cantidades. No hacerlo implica consecuencias negativas para el ciudadano.
El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) informa en su página web de que no renovar la demanda de empleo supone una infracción que tiene como consecuencia sanciones para el causante.
El organismo aplica una escala de sanciones en función de la reincidencia. Así, todas las personas que no renueven su demanda de empleo incurrirán en una infracción de carácter leve que conllevará una sanción de un mes de suspensión de la prestación si así lo decide el expediente que se abra en su contra.
Si se reincide en las infracciones, el SEPE aumenta las sanciones. El organismo considera que hay reincidencia siempre que se produzcan dos o más olvidos de la renovación de la demanda de empleo dentro del mismo año natural (365 días).
Así, para una segunda no renovación de la demanda, la sanción sería ya de tres meses de suspensión de la prestación que se reciba. Si sucede por tercera vez, la suspensión de la prestación será de seis meses. Y si no se renueva cuatro veces, el ciudadano perderá finalmente el derecho a la prestación.
Todo esto sucede...a no ser que haya una explicación convincente por parte del ciudadano que no renueve esa demanda de empleo. En su sección de infracciones, el SEPE explica que si esta sanción tipificada como leve se puede justificar, la persona que recibe la prestación puede mantener, si se admite su causa justificada, el derecho a percibirla.
