Durante el transcurso de la pandemia, el colectivo de autónomos se ha visto obligado a recurrir a diversas ayudas y moratorias para intentar salvar su negocio. La gran afluencia de este tipo de solicitudes ha sobrepasado a los órganos competentes en algunas ocasiones, incluso ha llegado a bloquear los portales oficiales que se ponían a disposición del ciudadano para estos trámites.
Esta situación llevó a la Administración a solicitar a los autónomos una declaración responsable para acceder a estas ayudas o, simplemente, para desplazarse fuera de su municipio. Un texto en el que el profesional asegura que cumple todas las condiciones para acceder a estos apoyos económicos, dada la imposibilidad del Estado de confirmar todas y cada una de las solicitudes.
¿Si incumplo la declaración responsable me pueden multar?
Ahora bien, cuando la Administración puso en marcha esta iniciativa era consciente de que podían llevarse a cabo posibles fraudes. Por este motivo, planteó dentro del texto aprobado las consecuencias de incumplir con la declaración responsable.
Según la ley que contempla este documento, el intento de fraude supondría, como mínimo, no poder acceder a estas ayudas; algunas tan importantes como el cese de actividad. No obstante, en la mayoría de los casos, el autónomo ya habrá recibido gran parte de estas prestaciones; por lo que se vería obligado a devolver estas cantidades junto con alguna posible sanción económica.
Cabe destacar que el trabajador por cuenta propia está incurriendo en un posible delito, por lo que la gravedad de la falta puede conllevar, no solo responsabilidades administrativas, si no penales o civiles.
A medida que la gestión de la pandemia se relaje, la Administración tendrá la posibilidad de comprobar y verificar todas estas solicitudes ya aprobadas; por lo que es muy probable que en un futuro cercano el número de sanciones a autónomos por este motivo aumente.
De hecho, en base a resoluciones anteriores similares, los trabajadores que hayan incumplido esta declaración responsable podrían no volver a optar a este tipo de ayudas. Por lo que la diligencia del colectivo debería ser máxima.
