El Gobierno lleva meses insistiendo en que quiere acercar la presión fiscal de España a la media de la UE. El mantra del Ejecutivo es reducir esa brecha de seis puntos entre el 35,4% del PIB recaudado por España en 2019 y la media europea del 41,1%. Esta misma semana tanto el presidente, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han avanzado que las subidas fiscales no tardarán en llegar. Sin embargo, un alza que redujese esos seis puntos de diferencia con Europa haría peligrar dos millones de empleos y 10 puntos de PIB en el medio-largo plazo, según los cálculos del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
El pasado lunes Montero presentó a los expertos de Hacienda que confeccionarán una propuesta de reforma fiscal que el Gobierno ya quiere ejecutar plenamente en 2022, por lo que las figuras tributarias ya irán recogidas los Presupuestos de ese año. La ministra hizo hincapié en la subida de Sociedades y en aumentar la fiscalidad sobre la riqueza propugnando una armonización entre las distintas autonomías de gravámenes como Patrimonio o Sucesiones. La dirigente socialista volvía a poner en el foco a la Comunidad de Madrid por su postura fiscal con estas figuras.
Durante la presentación este jueves del informe La competitividad fiscal de las comunidades autónomas, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha cuestionando precisamente la intención del Gobierno de subir dos impuestos "desfasados" como Patrimonio y Sucesiones. El también vicepresidente de la CEOE ha criticado que el Ejecutivo quiera armonizar estos tributos entre las comunidades y no con respecto a otros pares europeos, recordando que España es el único país de la UE que aplica conjuntamente ambas figuras y que Estados como Alemania o Francia han rechazado reincorporar el impuesto de Patrimonio por la contracción del PIB que implicaría.
Asimismo, ha puesto de manifiesto que 15 de los 27 países de la UE no tienen Impuesto sobre Sucesiones o, si lo tienen, es con tipos residuales. También ha recordado Fernández de Mesa que en el ámbito de la OCDE el tipo medio en Sucesiones es del 15%, bastante alejado del tipo del 34% existente en España, que puede llegar, en los casos más extremos, al 82%. "Las consecuencias negativas más directas de la subida de la imposición patrimonial planteada en la armonización son, entre otras, el encarecimiento de la componente fiscal del coste de capital de las empresas, lo que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico", soslaya el informe.
Fernández de Mesa ha expuesto que el principal problema de esta reforma fiscal que quiere impulsar el Gobierno radica en "el punto de partida". Según ha explicado, más que fijarse en la presión fiscal entendida como recaudación tributaria como porcentaje del PIB, hay que hacerlo en la presión fiscal normativa, entendida como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga. Haciendo caso a este indicador se aprecia que en España es diez puntos superior a la media de la UE.
El caso de Madrid
De acuerdo también con este indicador, y considerando la UE como base 100, de tal forma que España en su promedio se sitúa en 110 puntos, se tendría que Madrid obtendría una presión fiscal normativa de 87,6 puntos, siendo la más favorable dentro del territorio español, seguida por las tres provincias del País Vasco, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, con 88,9, 89,8 y 92,9 puntos respectivamente, siendo estos los únicos cuatro territorios españoles que presentan mejores resultados que el promedio de la Unión Europea. Por su parte, el peor resultado se da en Cataluña, donde el índice se elevaría hasta los 134,5 puntos.
Esto contrasta con el dato de la recaudación por habitante. La Comunidad de Madrid es, con diferencia, la región con una mayor recaudación por habitante relativa a los impuestos sobre la renta personal y la propiedad, alcanzando el valor 163,6 (frente al valor 100 para España), es decir, que Madrid recauda por habitante un 63,6% más que la media de España. Le siguen, por este orden, Cataluña, el País Vasco, Islas Baleares y la Comunidad Foral de Navarra.
El estudio también se detiene en la variable de la economía sumergida recalcando que la competitividad fiscal tiene relación directa con el empleo, de tal manera que las regiones más competitivas fiscalmente tienen menos paro y también menos economía sumergida. De este modo, Madrid (16,2%), País Vasco (17%) y Navarra (18%) son las regiones con la menor tasa de economía sumergida, mientras que, por el contrario, Extremadura (29,1%), Andalucía (27,3%) y Castilla-La Mancha (27,2%) son las comunidades con las mayores tasas, según el estudio del IEE.
Tanto Fernández de Mesa como el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, han concluido en la presentación del informe que la armonización buscada por el Gobierno no tiene en cuenta estas circunstancias y por tanto, han subrayado, "no haría sino incrementar las deficiencias de nuestro sistema tributario". "Estamos hablando de aumentar el coste de capital y de reducir el nivel de inversión empresarial, que conllevará una reducción de productividad que acabará generando una pérdida de bienestar tanto económico como social", remacha el informe del IEE.
En detrimento de esta igualación por lo alto, desde el instituto proponen "apostar por la corresponsabilidad fiscal y dejar autonomía tributaria a los territorios para que puedan reducir los impuestos que cobran a sus contribuyentes, ya que ello redunda en una gestión de los recursos más responsable y adecuada, y un mayor bienestar al satisfacer, de forma más eficiente, las necesidades y preferencias de los contribuyentes de cada región".
