Madrid
Pese a dar la cara por Ángel Gabilondo el pasado martes tras el Consejo de Ministros, y justificar que ahora en Madrid el candidato socialista no quiera subir impuestos, la hoja de ruta de Pedro Sánchez es bien distinta. En su propósito está aumentar la fiscalidad, y rebajar o eliminar deducciones y bonificaciones, además de intervenir en los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, tal y como se comprometió con ERC en su acuerdo para sacar adelante las Cuentas Públicas de 2021, donde el voto de los independentistas catalanes fue determinante.
Por lo pronto, no ha transcurrido ni una semana desde que el presidente arropara a Gabilondo desde la sala de prensa de Moncloa, cuando el Ministerio de Hacienda informó este viernes de que el próximo lunes dará a conocer los nombres del Consejo de Expertos (ver página 55) que se dedicará a estudiar la reforma fiscal de España, reforma que para el PSOE implica una subida de la actual política tributaria -la nacional y también la autonómica-, y una reducción o supresión de bonificaciones y deducciones como adelanta el Gobierno desde el inicio de la legislatura.
De la mano de ERC
En el mes de noviembre de 2020, hace apenas cuatro meses, y con motivo de la tramitación de los Presupuestos, el Gobierno de coalición, con la ayuda del Grupo Socialista y Unidas Podemos en el Congreso, ya se opuso -como consta en la documentación a la que ha tenido acceso elEconomista- a que la Cámara rechazara por inconstitucional la enmienda 3029 presentada por ERC a las Cuentas Públicas, y según la cual, pretendía establecer una cuota estatal al impuesto de Patrimonio.
El Grupo Socialista y Unidas Podemos, a través de la Mesa de la Cámara, rechazaban así las consideraciones hechas por el Partido Popular acerca de la "recentralización" del impuesto de Patrimonio que exige ERC, señalando que se trata de una invasión competencial en materia de fiscalidad -artículo 133 de la Constitución Española-.
Hasta la fecha, tampoco ha desmentido el Ejecutivo de Sánchez que vaya a votar en contra de la última enmienda presentada por Esquerra Republicana a la Ley Antifraude -hoy ralentizada en el Congreso de los Diputados-. Esa enmienda redunda en la idea de armonizar impuestos, iniciativa que meses atrás no pudo prosperar en la tramitación de los Presupuestos Generales, ya que el establecimiento de tributos solo puede establecerse por ley.
No en vano, ya en octubre de 2019, Pedro Sánchez declaró que su intención "es armonizar el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios y acabar así con el dumping fiscal que, por ejemplo -decía entonces-, existe en la Comunidad de Madrid, donde este impuesto está bonificado casi en su totalidad". Casi un año más tarde, el 27 de octubre de 2020, la ministra María Jesús Montero añadía tener la "firme voluntad de avanzar en la armonización en el conjunto del territorio, algo que no se puede hacer a través de un proyecto de Presupuestos".
Una actitud distinta
Que los planes del Gobierno siguen adelante lo demuestra que, según fuentes del Ejecutivo, recogidas por la Agencia EFE, en el Gobierno existe además el convencimiento de que si Gabilondo se hace con la presidencia madrileña no va a facilitar que haya ese "dumping fiscal" y tendrá una actitud distinta a los presidentes del PP.
En esa línea, este miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó la armonización fiscal, y en esta ocasión lo hizo defendiendo que la administración norteamericana de Joe Biden sea partidaria de establecer un impuesto mínimo de Sociedades.
Entrando en el detalle de la armonización de los impuestos cedidos a las Comunidades autonómicas, Montero añadió, sobre la imposición a la riqueza (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones), que hay una situación "asimétrica" en el conjunto del territorio español porque hay comunidades autónomas "que prácticamente han dejado sin contenido estas figuras fiscales".
En clara alusión a la Comunidad de Madrid, la portavoz del Gobierno recalcó que "en un entorno globalizado, en el que España está propiciando a nivel europeo una armonización fiscal, parece lógico y conveniente que sigamos trabajando en esa dirección, aunque serán los expertos -señaló- los que marquen la pauta y los que vayan orientando tanto al Gobierno español como al sistema fiscal autonómico por dónde hay que caminar".
Ximo Puig, barón socialista, también insistió esta semana en la necesidad de buscar "un espacio de armonización fiscal de algunos impuestos" para evitar que se genere "dumping" entre autonomías. Puig asevera que "no se puede jugar con ventajismo".
Y reforzando esta posición, el Gobierno extremeño manifestó recientemente que la unidad de España se defiende armonizando el trato fiscal que reciben todos los ciudadanos, una posición que, según ha dicho, "el país defiende en los foros y organizaciones internaciones de los que forma parte (Unión Europea, OCDE)".
Heredar en Madrid
Frente a la armonización fiscal, la Comunidad de Madrid abandera la postura contraria, que ahora comparte el dirigente socialista Ángel Gabilondo. Los populares han hecho estandarte de la rebaja de los impuestos cedidos a las CCAA, razón por la que sostienen que si el Estado suprimiera las competencias fiscales de las comunidades para establecer deducciones y bonificaciones, hoy, un hijo que recibiera una herencia media de 160.000 euros tendría que desembolsar 2.250 euros con un impuesto armonizado, frente a 22,11 euros en Madrid.
Hace apenas dos semanas, expertos en Derecho Financiero y Tributario ponían el acento en los problemas de anticonstitucionalidad que tiene aplicar la armonización fiscal de manera unilateral, porque sería entrometerse en las competencias normativas que les han sido delegadas a las comunidades, y ello supondría limitar la autonomía tributaria de las comunidades con infracción del principio de lealtad institucional, mantiene.
Para Isabel Díaz Ayuso y su equipo, "armonizar es subir impuestos", y ello supone" anular la posibilidad de que las CCAA de régimen común puedan aplicar una política propia fiscal". El PP madrileño, que no se cree la promesa de Gabilondo de no tocar los impuestos, se refiere a la armonización como "un socialismo fiscal obligatorio" para todas las CCAA, no sin recordar que España es el único país que mantiene el impuesto de Patrimonio en la UE, y el único de la OCDE que convive con el resto de cargas sobre el ahorro.
