Bruselas
La reforma de la Política Agrícola Común se ha convertido en una de las batallas más arduas en la UE. Los Estados miembros (el Consejo) y el Parlamento Europeo intentan ahora consensuar una posición común, con una nueva ronda negociadora este viernes.
El esfuerzo es titánico, ya que se debe unificar prioridades de 27 países, siete grupos de la Eurocámara para tres reglamentos. Determinarán cómo se gastan 343.950 millones de euros, sobre todo de ayudas directas al campo, a partir de enero de 2023, cuando entrará en vigor la nueva PAC, una de las grandes partidas de gasto de la UE.
El calendario aprieta, porque antes los Estados miembros deberán contar con planes nacionales para absorber los fondos. Por eso, el ministro de Agricultura, Luis Planas, urgió este martes a concluir las negociaciones con la Eurocámara antes de junio. "Es muy necesario que concluyamos este semestre, porque el cronograma de aquí a enero de 2023 es muy justo", dijo tras la reunión con sus colegas europeos en Bruselas.
El Consejo Agripesca de la UE discutió elementos de la negociación, como la nueva condicionalidad social que quiere introducir la Eurocámara. Planas indicó que está abierto a este añadido siempre que no represente "una nueva condicionalidad", dado que los agricultores ya tienen que cumplir con nuevos requisitos medioambientales en la PAC.
Además, Planas añadió que 14 países pedirán a la Comisión ayudas adicionales para apoyar al sector del vino frente a la crisis actual.
En la reunión, los Estados miembros además acordaron prolongar hasta julio el reparto de su parte de las capturas pesqueras compartidas con el Reino Unido, y que expiraba en marzo. De esta manera, la Comisión tendrá más tiempo para negociar con Londres las cuotas de sus aguas, y los pescadores tendrán "continuidad" durante los próximos meses para realizar su labor. Planas dijo que espera que Bruselas y Londres lleguen a un acuerdo en abril sobre las capturas en aguas británicas, uno de los flecos del Brexit.
