
Semana crucial para el campo español en Bruselas. Los ministros de Agricultura se reúnen estos días para discutir la preparación de los planes estratégicos nacionales para aplicar la futura PAC. Los Estados miembros deberán enviar a la Comisión Europea sus planes antes de que concluya este año. Además, el Consejo Agripesca también abordó la reforma de la propia PAC, cuya negociación entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo, además de la Comisión, tendrá una cita importante el viernes. Se espera cerrar un acuerdo en mayo, para que la nueva PAC entre en vigor en 2023.
La Comisión emitió en diciembre una serie de recomendaciones para cada país para la elaboración de sus estrategias. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, señaló este lunes al llegar al Consejo que las 17 recomendaciones comunitarias ya están casi todas incluidas en el borrador del plan nacional. La única que queda (la implantación de banda ancha en todo el territorio para 2025) será incorporada próximamente.
Sin embargo, Planas dijo que la Comisión no podrá desechar planes nacionales solo en base a unas recomendaciones, sugiriendo que deberá esperar a que la nueva PAC esté formalmente aprobados.
"Los futuros planes estratégicos solo pueden evaluarse sobre la base de actos jurídicos vigentes. No sólo de propósito o de intención por parte de la Comisión, sino que tienen que ser referencias que tengan base legal", señaló Planas.
El español defendió esta posición en el Consejo, una opinión que también comparten otros Estados miembros.
Los ministros de los 27 pasarán este martes a discutirán la reforma de la PAC, de cara al supertrílogo del viernes, cuando se encontrarán los negociadores de los tres reglamentos del paquete por parte de cada institución.
Condicionalidad social
Uno de los puntos abiertos es la condicionalidad social que ha pedido introducir el Parlamento Europeo. Se trataría de vincular los pagos directos al cumplimento de la legislación social y laboral. Planas se mostró abierto a discutir este punto siempre que no suponga una "carga suplementaria para agricultores y ganaderos, y no ponga en tela de juicio su reputación".
Planas comentó que Estados miembros y Parlamento Europeo bordean un acuerdo para extender hasta 2045 el periodo de vigencia de los derechos de plantación.
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