Economía

Ábalos plantea un recargo de hasta el 50% en el IBI para quienes tengan viviendas vacías más de dos años

  • La propuesta del PSOE no incluye solo desgravaciones a arrendatarios
  • El documento busca penalizar a los propietarios a partir de cuatro viviendas
  • Podemos rechaza el texto socialista y ambas partes siguen negociando
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Foto: EFE

Los titulares de la propuesta del ministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos, a sus socios de Unidas Podemos en materia de vivienda se los ha llevado la mayor desgravación en el IRPF que podrían tener los arrendadores. Sin embargo, la propuesta incluye otros términos no tan favorables a los propietarios como un eventual recargo de hasta el 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para quienes tengan viviendas vacías más de dos años.

La medida que plantea el borrador socialista pasa por que que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo en la cuota del IBI a los inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados más de dos años, fijando un número mínimo de cuatro inmuebles por propietario, y estableciendo una serie de causas justificadas de desocupación temporal.

Entre ellas, la de traslado por razones laborales o de formación, cambio de domicilio por razón de dependencia, salud o emergencia social e inmuebles destinados segunda residencia con un máximo de cuatro años de desocupación continuada o aquellos en obras o inmersos en algún litigio. También exceptúa los inmuebles en venta (un año máximo) o alquiler (con un máximo de seis meses), en condiciones de mercado.

A los efectos de la Ley Estatal, y para la aplicación del mecanismo fiscal de contención y bajada del precio del alquiler, la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado se recogerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, previa propuesta de la Comisión Bilateral en materia de vivienda entre el Estado y la comunidad autónoma, "pudiendo participar las entidades locales afectadas".

Asimismo, la propuesta dice que la vigencia de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionada será de tres años, "pudiendo prorrogarse anualmente siguiendo el mismo procedimiento, cuando subsistan las circunstancias que motivaron tal declaración y previa justificación del resultado de las medidas aplicadas y las previstas".

Por el momento, Unidas Podemos rechaza la principal propuesta de Ábalos, consistente en que los propietarios que rebajen un 10% la renta del contrato en alquiler de su vivienda en zonas tensionadas tengan derecho a una reducción del 90% sobre el rendimiento neto en su declaración del IRPF. Los 'morados' insisten en que el PSOE se niega a incluir la regulación de precios del alquiler en la Ley de Vivienda, como recoge el acuerdo de Gobierno.

El propio Ábalos, en declaraciones a los periodistas este jueves, ha dicho, sobre la negociación con los 'morados', que "seguimos discutiendo y no hay aún un proyecto culminado". El socialista ha defendido que su propuesta busca "hacer más progresivos los beneficios fiscales que ya hay" para los arrendadores. Con todo, ha insistido en que el "objetivo" de ambas formaciones es el mismo, "poner fin a la escalada de precios".

Más bonificaciones

Para el alquiler de viviendas a jóvenes entre 18 y 35 años, el departamento de Ábalos prevé una reducción adicional del 20% (70% en total), mientras que para el de vivienda protegida y casas recientemente rehabilitadas prevé sería de un 10% adicional (60% en total), siempre que se hayan realizado obras de rehabilitación o mejora en la vivienda en los últimos tres años que impliquen un desembolso de más de seis meses de renta. En los casos de arrendamientos inquilinos con "ingresos reducidos" en un porcentaje por determinar, propone una bonificación también en fase de estudio.

Asimismo, se propone otorgar una bonificación del 70% a los propietarios que cedan sus viviendas para alquiler social o asequible a comunidades o ayuntamientos en el marco de algún programa público.

Respecto a la cesión o alquiler de vivienda a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a hogares o colectivos vulnerables, prevé que los propietarios se puedan acoger a la misma reducción del rendimiento neto obtenido a través del acuerdo con la entidad.

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