Madrid 
Las empresas se han visto apoyadas en el último año por un esquema de Ertes que ha permitido mantener a la plantilla en alta ajustando sus horas de trabajo o prescindiendo de parte de ella durante un periodo. Ahora bien, un año después del estallido de la pandemia, el requisito de no despedir hasta los seis meses de aplicación del Erte está provocando que ciertas empresas tengan dificultades para llevar a cabo ajustes de plantilla, pese a la certeza de que no volverán a recuperar los niveles de actividad previos a la crisis. Sin embargo, la Justicia ya avala ciertos despidos de trabajadores pese a estar en situación de Erte por causas económicas relacionadas con el Covid.
"Actualmente existe ya alguna sentencia que no está aplicando tal prohibición de despido. En primer lugar, porque sí que existe la posibilidad del despido, como por ejemplo el despido disciplinario. En segundo lugar, en estas sentencias estamos viendo cómo por parte de los magistrados indican que esta imposibilidad de despedir es contraria al derecho de libertad de empresa consagrado en el artículo 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales como en el artículo 38 de la Constitución", explica el abogado Guillermo Mosquera, socio director en Mosquera & Vicente Abogados, en declaraciones para elEconomista.
En este sentido, según la visión del abogado, "está claro que deberá de facilitarse" este ajuste, porque "no siempre la carga y la responsabilidad tienen que recaer sobre el empresario". Sin embargo, asegura Guillermo Mosquera que no están frenando las bajas laborales, sobre todo, porque aún no se han visto realmente las consecuencias que va a traer esto una vez finalice la situación sanitaria en la que nos encontramos, aunque advierte de que "algunas empresas, por no decir muchas, mantienen a parte de su plantilla en los Ertes a la espera de qué pasará una vez termine la pandemia" y se replieguen las ayudas aprobadas estos meses por el Gobierno.
Cabe recordar que según en los últimos decretos aprobados por los el Gobierno y acordados con los agentes sociales, se contemplan entre las consecuencias del incumplimiento del Erte para las empresas "debiendo reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes". Una condición que también se extiende a las empresas que apliquen un Erte basado en la causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas y de producción) y que se beneficien de estas medidas extraordinarias en materia de cotización. De modo que pese a la posibilidad de abordar el proceso de despido en el último extremo tal y como recoge la ley, también se prevé que el empresario haga frente al reintegro de las exoneraciones.
En este sentido, las proyecciones sobre el desempeño del tejido productivo son poco halagüeñas aún para este 2021. Según Coface, existen 220.000 compañías al borde del colapso en lo que se conoce como empresas zombis, mientras que los últimos datos arrojados por ATA hablan de que un millón de autónomos asegura que sus pérdidas son superiores a los 30.000 euros y 300.000 autónomos que prevén cerrar a lo largo de este año por "encontrarse con serias dificultades".
Mantenimiento 'ficticio' del empleo
Por su parte, el director de Ayuda T Pymes, Alfredo Pérez, señala que el volumen de bajas en las plantillas no es real y que "las empresas están sobredimensionadas". Por ello apunta que sin una ayuda de forma transitoria para mantenimiento y creación de empleo, "muchas empresas no se verán abocadas a despedir, sino a cerrar, ya que no podrán afrontar el coste de dichos despidos".
Así, asegura Alfredo Pérez, que existe un problema de liquidez, ahora mismo el sistema está inflado por los ICO en los cuáles el primer año y el segundo las empresas solo pagan carencia. "Pero esos ICO hay que devolverlos, y debemos ser ágiles, para que cuando haya que devolver capital e intereses, las empresas estén en recuperación", advierte.
Ante esta situación de dificultad apunta el director de Ayuda T Pymes que se están recibiendo muchas consultas para saber legalmente qué pueden hacer o no. "Y la respuesta que podemos dar por desgracia, siempre es la misma, creemos que es mejor esperar. Nosotros esperamos que antes del fin de los Ertes, haya una nueva regulación ya que, de otra forma, la situación va a ser verdaderamente dramática, y pienso que salvar el mayor empleo posible debe ser la prioridad", reclama el experto.
