La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue sin ceder a la petición de la CEOE de flexibilizar la cláusula de salvaguarda que prohíbe despedir durante seis meses después de que se haya cerrado el Erte. Este jueves se saldó sin acuerdo la segunda reunión de la mesa que negocia la prórroga de los actuales Ertes.
Fuentes de los negociadores informan a eE que el Ministerio remitió una nueva propuesta momentos antes de que se iniciase la reunión. Sin embargo, desde los sindicatos señalan que en el nuevo texto no se modifica la cláusula que prohibe despedir "ni hay intención del Gobierno de cambiarla".
Desde la CEOE declaran a este diario que "siguen pidiendo una interpretación proporcionada de la cláusula de salvaguarda existente en estos momentos", aunque no confirman si se ha producido un cambio en la posición del Ministerio de Trabajo en este punto. A falta de conocer los detalles de la nueva propuesta, el anterior borrador (del 8 de enero) mantiene el modelo actual con pocos cambios, algo que ha confirmado públicamente la ministra de Trabajo. El cambio principal es una modificación en las exoneraciones que disfrutan las empresas que se acogen a un Erte de limitación, que en el modelo actual se va reduciendo cada mes.
Respecto al plazo de prórroga, parece aceptado por todas las partes hasta el 31 de mayo
Sin embargo, la mayoría de modificaciones al margen de las discusión sobre la cláusula de salvaguarda que persigue la CEOE están destinadas a hacer un uso más eficiente y sencillo de los Ertes. En este sentido, el anterior borrador establece la posibilidad de que una empresa pueda cambiar de Erte de impedimento (cuando hay una prohibición total de la actividad) a otro de limitación (cuando la medida administrativa no prohíbe la actividad, pero sí la limita de forma considerable) o viceversa, sin tener que solicitar un nuevo Erte.
Un cambio relevante, pues el Erte de impedimento se limita al tiempo que dure la prohibición administrativa de ejercer ciertas actividades, especialmente en la hostelería. Pero esas medidas pueden duran dos o tres semanas y luego se sustituyen por restricciones no tan agresivas, lo que en el modelo actual exige solicitar un nuevo Erte. Respecto al plazo de prórroga, parece aceptado por todas las partes hasta el 31 de mayo.
Así pues, Díaz no ha podido cumplir con el plazo que ella misma fijó públicamente de tener para este viernes 15 un texto consensuado. En opinión de Díaz, la negociación debería carecer de complejidad pues, en principio, se trata de mantener el modelo cómo está en la actualidad, con ligeros retoques, lo que no debería dificultar el acuerdo.
Movilizaciones sindicales
Por otra parte, CCOO y UGT han acordado movilizarse en febrero para pedir al Gobierno que cumpla con la agenda de reformas sociolaborales comprometida, según informaron ayer ambos sindicatos tras la reunión de sus órganos directivos. Las demandas se centran en la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral, como acordó el Gobierno en su acuerdo de coalición. En función de la pandemia, se determinarán qué tipo de movilizaciones se realizarán.
