Las comisiones de agencia que conllevan las operaciones de compraventa o alquiler de inmuebles en las que media una inmobiliaria son hasta el momento asumidas en la mayoría de los casos por el comprador o arrendatario sin embargo esto podría cambiar en la nueva ley de vivienda si se atiende a la petición de Unidas Podemos y de Facua, que apuestan por cargar el gasto al mayor beneficiario del servicio.
La propuesta de Unidas Podemos apunta a que los honorarios correspondientes a las gestiones realizadas por la empresa inmobiliaria tanto en operaciones de compraventa como en alquiler de inmuebles corran a cargo del vendedor o arrendador. Así aparece en el borrador planteado por la formación morada al PSOE, y recogido por EP, y así lo exige también Facua para evitar abusos.
El desamparo legal a este respecto provoca que sea el inquilino o comprador el que acabe asumiendo el coste de un servicio escogido por el propietario. Según recuerda la organización de consumidores, el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corran por cuenta del vendedor o arrendador en el caso de que se trate de una persona jurídica (empresa) pero deja sin regular las operaciones en las que el vendedor o arrendador es persona física.
La ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas en 2013 no fijó a quién corresponde el pago de las comisiones de agencias en estos casos y "esto ha repercutido en un creciente número de prácticas irregulares (como cláusulas de exclusividad que podrían ser abusivas) por parte de estos intermediarios, a los que actualmente no se les exige ni siquiera una mínima cualificación ni registro para ejercer su actividad", recuerda Facua en un comunicado.
Para la asociación, la actividad de intermediación inmobiliaria requiere un reglamento propio al tratarse de una actividad "absolutamente desregulada en España, [...] Tan sólo existe alguna normativa autonómica al respecto y en cualquier caso resulta insuficiente, obsoleta y necesita de ser actualizada".
Este es uno de los puntos a debate de la nueva ley de vivienda que tiene dividido al Gobierno de coalición y que verá su aprobación más tarde de los esperado ante el cúmulo de desencuentros entre ambas partes. El más grave, el control de precios que exige Unidas Podemos y al que se niega el PSOE, que propone promover inventivos fiscales.
Las dos formaciones políticas buscan acuerdos desde 2018 en medidas de contención de los precios, las últimas en el propio acuerdo de Gobierno de coalición y para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021. En ese último acuerdo, pactaron habilitar en la nueva ley "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios tanto de los nuevos contratos como de los existentes" y, a partir de los precios de referencia "contener subidas injustificadas" y se dieron un plazo máximo de tres meses para llevar la Ley a Consejo de Ministros que no se ha cumplido.
Facua también ha exigido al PSOE este martes cumplir con el compromiso de regular los precios máximos del alquiler que confirmó en octubre en el Congreso. La asociación considera "fundamental que la nueva ley corrija la actual situación que se da en el mercado de la vivienda, que ha transformado un bien esencial en un mero objeto de especulación económica y que, por tanto, acabe con el alto coste de los alquileres que actualmente existe en muchas ciudades españolas y que termina expulsando a una parte de la ciudadanía de numerosas zonas que tradicionalmente han sido residenciales".
