Las grandes tecnológicas llevan meses viendo cómo se cierra el cerco entorno a sus ingresos, con los Estados buscando recaudar una mayor parte de las ingentes sumas de dinero que estas generan. Con una 'tasa Google' europea que no acaba de concretarse, y con las incursiones en el terreno de países como Francia o España, parecía que EEUU prefería proteger a sus empresas, que dominan el mercado mundial. Pero esto ha empezado a cambiar en el estado de Maryland, donde se puede sentar un precedente que se expanda rápidamente por el país y por el mundo.
Los legisladores de Maryland plantean la aprobación de un impuesto sobre la publicidad en línea que podría recaudar 250 millones de dólares, que se destinarían a la financiación de las reformas educativas. El principal impulsor de la ley, el demócrata Bill Ferguson, ha señalado que las grandes tecnológicas "deberían contribuir a la infraestructura cívica que les ayudó a tener tanto éxito".
La ley ya se había aprobado previamente por amplia mayoría en las cámaras legislativas estatales, pero en abril de 2020 el gobernador republicano Larry Hogan aplicó su derecho de veto. Sin embargo, los legisladores pueden superar dicho veto y todo apunta a que tienen los votos para hacerlo.
La normativa impondría un impuesto de entre el 2,5% y el 10% sobre los ingresos por publicidad digital a aquellas compañías que obtengan al menos 100 millones de dólares en ingresos totales y al menos un millón por publicidad digital en Maryland.
Pero los críticos llevan más de un año haciendo campaña contra la medida. Por una parte, algunas plataformas locales y el propio Hogan afirman que serán los pequeños negocios sobre los que finalmente recaiga dicho impuesto, si se repercute en ellos el precio del impuesto.
"Con nuestro estado en medio de una pandemia mundial y una crisis económica, y apenas habiendo empezado el camino hacia la recuperación, sería inconcebible aumentar los impuestos y las tasas ahora. Hacerlo supondría aumentar la pesada carga a la que ya se enfrentan nuestros ciudadanos", dijo el gobernador.
Además, también ha suscitado críticas de algunos expertos que señalan que la formulación de la ley es ambigua y puede llevar a una doble imposición. Por su parte, las grandes compañías afectadas aseguran que el estado de Maryland no tiene competencias para poner un impuesto que correspondería al gobierno federal y que va en contra de la moratoria federal aprobada en 2016 sobre los impuestos que se dirigen exclusivamente a empresas de internet.
A la caza de las big tech
Pero aunque Maryland sería la primera, no sería la última. Se han contabilizado en la actualidad al menos 17 proyectos de ley en 10 estados relacionados con crear impuestos para estas gigantescas plataformas.
En el estado de Washington, por ejemplo, se ha puesto el foco en la venta de datos personales de los consumidores, dándole una perspectiva económica a la investigación que el Congreso federal de EEUU ya inició hace varios años para indagar en el uso que hacen las grandes compañías con la información privada de los usuarios.
En la misma línea, desde Kansas plantean la posibilidad de tasar a las compañías de streaming como Netflix o Hulu, mientras en Indiana quieren que las compañías de redes sociales como Facebook o Twitter colaboren en sufragar el coste de la ampliación de la infraestructura de banda ancha.
Pero buena parte del éxito final de estas propuestas dependerá de lo que ocurra en la pionera Maryland, que tendrá que enfrentarse a varias demandas si la ley sale adelante, lo que puede retrasar la entrada en vigor de la normativa. Así, los tribunales pueden tener la última palabra sobre una nueva ola de impuestos a lo largo y ancho de todo el país que alentase a hacer lo mismo a otros gobiernos extranjeros.
