
Sin duda, una vez se pueda dar por finalizado el escudo protector a empresas, trabajadores y hogares articulado por el Gobierno para afrontar el impacto de la pandemia, el Ejecutivo podrá decir que puso todos los recursos a disposición para la causa. De hecho, solo en el caso de las prestaciones en Ertes y cese de actividad de los autónomos, así como las exenciones correspondientes en ambos casos a las aportaciones a la Seguridad Social -además de las incapacidades- suman hasta el momento un coste para el Estado de 40.800 millones de euros, lo que es equivalente al 56% de toda la ayuda a fondo perdido que llegará de la Unión Europea en los próximos años, unos 70.000 millones de euros.
Es más, tal y como reconocía hace escasos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, toda la factura del Covid asumida por el Estado y el conjunto de las Administraciones Públicas hasta el momento alcanza un montante de 62.000 millones de euros, lo que se traduce en el 88% de esta ayuda europea a fondo perdido. Cabe recordar, más allá, que estos fondos amarrados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en las arduas negociaciones del pasado verano de 2020, aún no han comenzado a distribuirse y se espera que sea para el mes de abril cuando se reciban los primeros 6.000 millones de esos 70.000 millones comprometidos como ayuda a fondo perdido.
Además, a parte de esos 70.000 millones que no deberá devolver España al Ejecutivo comunitario ya que forman parte del tramo de subvenciones, nuestro país también dispondrá de la posibilidad de solicitar otra cuantía similar en concepto de préstamos con bajos intereses, que sumado a la parte de fondo perdido amplía la extensión de la ayuda comunitaria hacia nuestro país hasta los 140.000 millones de euros. Lo que se traduce en la dotación de dinero en estas condiciones más elevada que ha dispuesto España en su historia.
Sin embargo, más allá de estas cifras preliminares, la realidad económica impuesta por la pandemia obliga a recalibrar los efectos sobre las diferentes economías. Y en este sentido, tanto los expertos como los propios economistas de la Comisión Europea han coincidido en su previsión de que España será una de las regiones del Viejo Continente que más tarde en recuperar sus niveles de actividad económica y de empleo precrisis, al menos hasta finales de 2023.
En este sentido, a finales del pasado año fue la propia Comisión Europea la que agravó la caída de la PIB español por encima del -10% previsto inicialmente, llevando esta estimación por encima del -12%. Si bien el INE cerró recientemente el desplome de la economía española en 2020 en el -11%.
Este empeoramiento de las perspectivas parece haber sido suficiente motivo para el Ejecutivo comunitario para reforzar la partida de subvenciones que recibirá España de ese fondo de reconstrucción de la UE. De este modo, la dotación final sería de 79.796 millones de euros en subvenciones que España percibirá entre este año y 2023. La cifra supone un incremento de 10.359 millones, casi un 15% más que los 69.437 millones previstos inicialmente. Lo que pondrá a España como el país más beneficiado de la UE, por delante de Italia, de este tramo de subvenciones.
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