España no está preparada para la implantación de la semana laboral de cuatro días. Es la principal coincidencia de los expertos que valoran el proyecto piloto aprobado por el Gobierno con una dotación de 50 millones de euros como una "ocurrencia". Son muchos los puntos controvertidos de la aplicación de esta medida, pero el principal es que hasta un 42% de las empresas del tejido productivo vería incrementarse sus costes laboral de manera automática.
Más allá, este volumen de empresas que no tendrían forma de sortear el incremento de costes son las que se centran en actividades del sector servicios, debido a la imposibilidad de cubrir ciertos espacios temporales. "Los bares, las peluquerías, etc. querrán seguir abriendo cinco o siete días semanales por el hecho de prestar un servicio al cliente a todas horas", apunta el Socio-Director de Abdón Pedrajas, Antonio Pedrajas, que apunta como estas empresas deberán de contratar personal de manera ineludible si la semana laboral se reduce a 32 horas y se quiere mantener prestando el servicio.
Más allá, según la última radiografía del parque empresarial de nuestro país publicada por el INE con datos de cierre de 2018, de las 3.682.313 compañías que había activas en nuestro país, el 42% de ellas, es decir, 1.563.653 compañías, se dedicaba al sector servicios. Es más de los más de tres millones de trabajadores autónomos que hay en nuestro país, más de un 90% de ellos desarrolla su actividad en este sector económico. Así, desde el despacho laboralista advierten que en ciertos sectores no existe incremento de productividad que supla ese recorte del tiempo de trabajo, ya que seguirán prestando servicios.
En este sentido, el director del IEE, Gregorio Izquierdo, asegura que dada la coyuntura de la economía este no es el momento para abordar la medida "y menos en plena recesión y menos con una tasa de paro del 16%". En este punto, el director del Instituto recuerda que al margen de los estudios y resultados que se puedan desprender del proyecto piloto que durará tres años, no existe en el entorno comparado de nuestro país este caso de reducción de un 20% las horas semanales de trabajo. Es más, asegura que puede ser totalmente contraproducente si lo que implica es un incremento de costes para los empleadores y se aumenta aún más este diferencial con respecto a los países del entorno comunitario, que no repercutirán este alza de costes, pudiendo generar un efecto adverso sobre la competitividad.
Precisamente, este es uno de los puntos sobre los que insiste el catedrático de Economía, Javier Morillas, acerca de la conveniencia de implantar la medida, asegurando que "es el momento más inadecuado posible", más aún cuando los mensajes que llegan desde Bruselas son las urgencias para adoptar reformas estructurales, y tras haber pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que lejos de derogar la reforma laboral del PP de 2012 trate de ahondar en los principios de flexibilidad que lograron dinamizar el mercado de trabajo tras la anterior crisis financiera.
La sombra de Bruselas
Morillas apunta que puede resultar un mensaje "frívolo" el hecho de que en la tesitura actual y con un fuerte aumento del déficit y de la deuda, y a la espera de la llegada de los fondos de la UE para la reconstrucción, se pongan en marcha este tipo de proyectos. "La contratación no va a aumentar en el mismo volumen en el que se reducen las horas semanales de trabajo del empleado", advierte al respecto el catedrático de Economía.
Por su parte, el coordinador general del CGE, Salvador Marín, coincide en advertir que la contratación no vendrá caída del cielo si se implanta la medida, y asegura que "no es una reforma que se pueda aprobar por decreto". Así, explica que ante la coyuntura actual esta debería de ser una decisión que se adopte en el seno de la empresa y que emane de la negociación colectiva. De hecho, recuerda que en muchas compañías del sector tecnológico esta semana de cuatro días ya está implantada, por lo que se puede observar estas experiencias para conocer las variaciones de productividad y su conveniencia.
