Parecía que iba a ser una reunión formal, sin más, entre la ministra de Hacienda y las Comunidades Autónomas, una toma de contacto para aprobar un reglamento y empezar a hablar de los fondos procedentes de la Unión Europea que corresponden a las administraciones regionales. Sin embargo, la cita acabó convirtiéndose en una batalla campal, o en una rebelión de la gran mayoría de los consejeros de Hacienda, de todo signo político (PP, PSOE y nacionalistas).
Y es que las CCAA rechazaron este jueves por la tarde que el Gobierno de Sánchez quisiera imponer un voto, según el artículo 13, que funciona de la siguiente manera: el Ejecutivo siempre tiene el voto de calidad. Es decir, igual que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De manera que, María Jesús Montero, así se garantizaba hacerse siempre con las decisiones.
Pero el reglamento se fue al traste. La rebelión fue unánime. Las CCAA se negaron a respaldar ese sistema de votación, y de alguna manera han provocado que ahora el Ministerio de Hacienda, y en concreto María Jesús Montero, retirara este punto del orden del día, y ahora contemple otra manera para gestionar las votaciones que tendrán lugar en el seno de la recién inaugurada Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que también reunió a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sin fecha prevista -aproximadamente un mes para el próximo encuentro-, la titular de Hacienda recibió otro orden de quejas como una cogobernanza que no existe, exigiendo las CCAA formar parte del reparto de los fondos europeos, como señalaron las posiciones de Cataluña y País Vasco. El consejero de Hacienda catalán, Pere Aragonès, llegó a criticar la "recentralización" del Gobierno.
Por parte del responsable vasco, Pedro Azpiazu, rechazó la fórmula de gestión del MRR al no recoger una cogobernanza real y pidió a la ministra Montero que el papel de las CCAA no quede reducido a "un mero ejercicio ejecutor de decisiones adoptadas por el Gobierno central sobre sus competencias".
"Las autoridades regionales y locales han de ser consideradas como socios importantes en la implementación de las reformas", recuerdan
En este sentido, recordó Azpiazu que el borrador que elabora la Unión Europea al respecto, establece que "las autoridades regionales y locales han de ser consideradas como socios importantes en la implementación de las reformas y las inversiones, y han de ser consultadas e implicadas".
Las comunidades también criticaron al ministerio -según las fuentes políticas consultadas- la opacidad, la falta de detalles en esta reunión sobre el reparto de los fondos, los criterios y los objetivos medibles y, que no dieron respuesta útil a las cuestiones plateadas.
"En esta Conferencia no centralizará la información que llegue a todas las CCAA"
Según las fuentes de la reunión consultadas, la ministra hizo hincapié en que "en esta Conferencia no centralizará la información que llegue a todas las CCAA, sino que dicha información llegará vía distintas Sectoriales y canales. Algo -matizan las comunidades- que contradice la propia naturaleza de esta Conferencia, e incluso a la gobernanza que en teoría se pretende".
Sospechas de clientelismo
Previa a esta Conferencia Sectorial, las Comunidades Autónomas del Partido Popular firmaban una declaración conjunta en la que se plantean denunciar ante la Comisión Europea los criterios del Gobierno para el reparto del fondo React-Eu, lo que, a su juicio, "se están imponiendo unilateralmente" y con un comportamiento que, consideran, responde a "tratar de beneficiar a ciertos territorios por razones políticas".
El documento también reclama la convocatoria "con carácter de urgencia" del Consejo de Política Fiscal y Financiera para afrontar en este órgano "un nuevo modelo de reparto para el fondo React-EU.
