Nueva York
El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, tomará posesión de su cargo la próxima semana con el objetivo de implementar un robusto plan de estímulo fiscal por valor de 1,9 billones de dólares, cerca del 8,6% del PIB. Una hoja de ruta que aderezará el próximo mes con la segunda vía de su propuesta económica, centrada en la inversión en infraestructura.
El paquete más inmediato incluye pagos directos de 1.400 dólares por contribuyente o iniciativas como elevar el salario mínimo federal desde los 7,25 dólares a los 15 dólares a la hora. Precisamente esta última medida así como la oronda factura de cabecera planteará problemas no solo para contar con el apoyo bipartidista en el Senado sino también para recibir el apoyo de los demócratas más conservadores. Tampoco podemos pasar por alto el segundo impeachment al president saliente, Donald Trump.
El próximo inquilino de la Casa Blanca abogó por un gasto sustancial en buena parte de las áreas que proyectaban los economistas. Además de incluir 1.400 dólares adicionales por contribuyente busca extender los beneficios adicionales por desempleo hasta septiembre de 2021 e incrementar el pago complementario a 400 dólares semanales.
Por su parte los gobiernos estatales y locales recibirían fondos por valor de 370.000 millones de dólares, tanto en ayudas directas como indirectas, mientras que el sistema de salud pública contaría con una inyección de 190.000 millones de dólares. Un esfuerzo que forma parte de la estrategia del demócrata para administrar 100 millones de dosis en sus primeros cien días en el cargo.
También propuso 170.000 millones de dólares en fondos para la reapertura segura de los colegios, ampliar el crédito fiscal por hijo y la ampliación de los subsidios a las primas de los seguros médicos, entre otras iniciativas.
"Sospechamos que, a pesar de que los demócratas controlarán ajustadamente el Senado a través del voto de la vicepresidenta electa, Kamala Harris, el plan que finalmente sea aprobado por el Congreso será menor al presentado por Biden", reconoce Paul Ashworth, economista jefe Capital Economics.
Tanto Biden como los demócratas del Congreso han indicado que esperan aprobar estas propuestas a través de un apoyo bipartidista, que requerirá 60 votos en el Senado, y por lo tanto el apoyo de al menos 10 republicanos. Un escenario que parece poco probable. Incluso no se sabe si todos los senadores demócratas apoyarán el plan en su conjunto, dado que el senador Joe Manchin ya mostró sus reticencias a elevar los pagos directos.
Es por ello que los economistas coincidían en resaltar que los estímulos más inmediatos serán más comedidos. Asworth asume un factura que será la mitad de la propuesta por Biden. Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, situaba la cifra en los 1,1 billones de dólares, mientras su homólogo en Citi, Andrew Hollenhorst, descuenta un paquete de menos de un billón de dólares, que contaría con un apoyo bipartidista si se reduce hasta los 500.000 millones de dólares.
Si Biden no puede atraer 60 votos en el Senado para pasar el total de su propuesta, aún podría tratar de impulsarlo a través del proceso de reconciliación del presupuesto, que sólo requiere una mayoría simple.
Pero la reconciliación cuenta con limitaciones adicionales, retrasaría la aprobación de las medidas y sólo puede usarse una vez durante el año fiscal. Dado que el presidente electo busca presentar en febrero otro paquete fiscal, que se centraría en prioridades a largo plazo que podrían financiarse mediante aumentos de impuestos, seguramente no quiera desperdiciar una reconciliación en aupar un estímulo a corto plazo.
Incluso si opta por esta ruta, todavía no está claro si todos los legisladores de su partido, especialmente en el Senado, apoyarán íntegramente todas las partidas. En el pasado, cuando un partido ha controlado ambas Cámaras del Capitolio además de la Casa Blanca, algunas medidas partidistas tardaron tiempo en materializarse.
Algo que pone de manifiesto los propios escollos internos. El ejemplo más reciente es la rebaja de impuestos y revisión del código tributario de EEUU del presidente saliente Donald Trump y a los republicanos, que tardó casi un año en ser aprobada el pasado diciembre de 2017.
