La reforma de pensiones ha puesto en la diana a las prejubilaciones, que suponen un alto coste para la Seguridad Social, asolada por un déficit que rondará los 1,3 puntos del PIB para finales de este presente 2021, y que es la principal opción de salida del mercado laboral para el 40% de los trabajadores españoles. El Gobierno asegura que es una fórmula de retiro que beneficia principalmente a los trabajadores con rentas más elevadas -por lo que pretende rediseñar el sistema de penalizaciones e incentivos- y, al menos, así lo pone de manifiesto el informe sobre pensiones elaborado por la Seguridad Social en su proyecto presupuestario para 2021, donde se recoge como las personas que se prejubilan cobran hasta un 37% más que quienes salen del mercado laboral una vez alcanzada la edad legal de jubilación.
La explicación a esta medida, aseguran los expertos, está en que los trabajadores que se jubilan anticipadamente son aquellos con nóminas más elevadas, y que por lo tanto, una vez aplicadas las penalizaciones aún perciben pagas con cuantías medias considerablemente superiores que el colectivo retirado en edad legal de jubilación. "Es cierto que las pensiones medias de aquellos que se jubilan anticipadamente son más elevadas que las de los jubilados ordinarios (un 37% en 2020, de acuerdo con Seguridad Social, pero eso no significa que pasar individuos del primer al segundo grupo reduzca el gasto total ya que sus elevadas pensiones aumentarían aún más al no aplicarse los coeficientes reductores, sin que haya garantía de que el menor tiempo de cobro compense esta subida", apuntan los expertos Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez Martín en el análisis Algunas reflexiones sobre el informe del Pacto de Toledo y los planes del Gobierno en materia de pensiones.
Aseguran además los expertos que "hay evidencia de que las elevadas penalizaciones aplicadas a las pensiones de los jubilados tempranos las hacen atractivas para el sistema (pese a su alto valor nominal, que es fruto de las características personales de los jubilados)".
De este modo, tal y como también apunta el informe de la Seguridad Social, la diferencia entre el importe medio de la pensión de los nuevos jubilados con 65 años y la de los jubilados anticipadamente que causan pensiones más elevadas por corresponder a colectivos con salarios altos y largos periodos de cotización.
Así, con datos de enero a agosto de 2020, las mayores cuantías corresponden a la jubilación especial a los 64 años con 2.210,24 euros mensuales (modalidad desaparecida en la nueva normativa), seguida de la jubilación anticipada sin coeficiente reductor con 2.100,53 euros al mes y la jubilación anticipada voluntaria 1.673,47 euros mensuales Estas diferencias se deben, como se ha indicado, a que los colectivos que se jubilan anticipadamente proceden de sectores y puestos de trabajo con salarios más elevados. Respecto a la jubilación ordinaria, la pensión media de las altas durante el período enero a 31 de agosto de 2020 es 1.225,04 euros al mes. En conjunto, la pensión media del total de las altas en ese período de 2020 es de 1.412,01 euros mensuales equivalente a 19.768 euros al año.
Retiro y esperanza de vida
Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno reconoce que por cada año que se ajusten la edad legal y la edad real de jubilación de los españoles -según el Banco de España en junio de 2020 la edad efectiva de jubilación se situó en 64,6 años de media mientras que desde el 1 de enero la edad legal ha ascendido a los 66 años- el déficit de la Seguridad Social se reduciría en un 25%. Y en esta línea, los expertos abogan por recuperar el factor de sostenibilidad para que esta pagas que se comienzan a percibir antes de la edad legal de jubilación sean ponderadas y ajustadas en función de la esperanza de vida.
Los expertos piden el factor de sostenibilidad para modular la paga con la esperanza de vida
"Dado el incierto efecto sobre el gasto de los incentivos que se pretende introducir para alargar la vida laboral, en la práctica, la propuesta del Gobierno se reduce a recuperar la indexación plena a la inflación, dejando en el aire la posible aplicación del factor de sostenibilidad, para a continuación blindar el sistema mediante el compromiso del Estado de aportar, con cargo a impuestos generales, los recursos adicionales que pudieran hacer falta para mantener las prestaciones", apuntan los expertos.
Y aseguran que con independencia de su reparto, hay también dudas sobre si podremos pagar la factura de no ajustar las pensiones a las cambiantes circunstancias demográficas y sobre la conveniencia de un blindaje absoluto de las mismas frente a otras necesidades sociales. Ya que el Estado tendría que inyectar cada año al sistema de pensiones un promedio de entre 3,2 y 5,2 puntos de PIB durante varias décadas para mantener ese blindaje de las cuantías.