La imposición de aranceles sectoriales en caso de divergencia normativa allana el acuerdo post-Brexit

La partida de ajedrez en la que ha derivado la negociación del acuerdo comercial entre Reino Unido y la Unión Europea deberá acabar en tablas, para permitir a ambas partes atribuir al contrario la claudicación que debería evitar el caos a partir del 1 de enero. La disputa en materia de competencia queda ya prácticamente como única traba que definirá si dos socios durante casi medio siglo pueden seguir manteniendo una relación especial, que permita a Londres acceso fácil al mercado común, o bien pasan a operar bajo la frialdad de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Tanto Londres como Bruselas necesitan que su interpretación cale en sus respectivas audiencias domésticas. El papel mojado de los plazos arbitrarios de este año, el último, el pasado domingo, ha quedado como recordatorio tardío de qué evitar y las conversaciones de estos días tienen como único límite el 31 de diciembre, cuando acaba la actual transición. Aunque el pesimismo no se ha disipado, hasta entonces hay tiempo para definir la gran solución de compromiso en la que están trabajando para alumbrar el pacto.

El conflicto es relativamente sencillo de entender, aunque los británicos se resistían a aceptar los motivos de la UE: su prioridad es proteger el mercado común, por lo que si ofrece a su ex socio acceso libre, este ha de garantizar que respetará las reglas de juego de los Veintisiete. Para Reino Unido, sin embargo, tener que cumplir con el manual normativo comunitario suponía una afrenta a su soberanía, un desafío abierto a la raíz misma que había desencadenado el Brexit, por lo que consideraba la propuesta europea inaceptable.

Conscientes de que parapetarse en sus posiciones solo conduciría a un desenlace sin acuerdo, ambos han comenzado a dar pasos para encontrarse en el medio. La UE ha flexibilizado su amenaza inicial de imponer automática y unilateralmente tarifas en caso de que Londres no siguiese en el futuro sus pautas en materia legislativa. La divergencia regulatoria sería, por tanto, admitida, siempre que las partes garanticen que no conduce a una competencia desleal y, crucialmente, que puedan consensuar medidas para equilibrar cualquier disrupción de mercado, es decir, que los británicos paguen por los aspectos donde quieran más libertad.

La fórmula es viable, en caso de que consigan pactar un sistema de arbitraje que inspire confianza a ambos, sobre todo, porque Reino Unido pretende que las tarifas que se le impongan en represalia por ir por libre se ciñan exclusivamente al sector en el que ha decidido divergir, en lugar de la "reacción nuclear", en palabras del ministro de Exteriores británico, de aplicarlas en general.

Ventajas evidentes

Esta solución intermedia tiene evidentes ventajas para los dos contendientes, ya que ofrece a Londres autonomía para decidir si quiere seguir las normas comunitarias, mientras que el bloque se asegura de que, si los británicos no lo hacen en un área determinada, sus veintisiete integrantes no saldrían perdiendo, ya que las tarifas se encargarían de reequilibrar cualquier riesgo de competencia desleal.

De ahí la necesidad de más tiempo, puesto que la clave ahora pasa por determinar el papel del mecanismo de arbitraje, en un contexto de notable desconfianza a nivel político y feroz competencia a escala empresarial. Los retos pendientes de resolver requieren, por tanto, claridad en torno a cuándo estas tarifas de represalia podrían imponerse, o a cuánto ascenderían para hacerlas digeribles al norte del Canal de la Mancha.

Como en toda gran negociación, el truco está en ceder en un área, para ganar terreno en otra y en Londres lo saben. La pesca constituye el otro gran contencioso por resolver y al Gobierno de Boris Johnson podría convenirle transigir en competencia, para ganar puntos cuando toque renegociar cuotas pesqueras, sobre todo, porque estas pueden dejarse para más adelante, cuando el voltaje del clima político haya amainado.

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