Miguel Arias Cañete, excomisario de Energía y Acción climática, sigue de cerca la evolución de las políticas europeas, que afrontan un momento decisivo esta misma semana. El ex comisario explica su visión de la actual situación tras un acto organizado por la Fundación Naturgy.
¿El fondo de recuperación servirá para afrontar los objetivos de descarbonización?
Estamos hablando de objetivos a diez y a 30 años. El plan es muy corto, pero sirve de rampa de lanzamiento, aunque luego hay que meter el cohete y el satélite. Las subvenciones a fondo perdido pueden hacer atractivo al capital privado invertir en los grandes proyectos que desarrollen, por ejemplo, la infraestructura para la movilidad sostenible, y es muy importante que se haga bien. No puede ser un plan 2000 y que cada uno haga la obra que le plazca en la plaza de su pueblo. Eso sería un error histórico. Hay una responsabilidad con las generaciones futuras.
Para poner en marcha el plan, la Comisión tiene que endeudar a la UE en el mercado de capitales y luego tendrán que reembolsarlo las generaciones futuras. Lo que no tiene sentido es invertir ahora en actuaciones cortoplacistas que no solucionen los problemas porque el cambio climático sigue estando ahí. Tenemos que invertir muy inteligentemente y confío en que la Comisión, que ha dado orientaciones para el contenido del plan, lo analice antes de su aprobación. Hay que cuidar mucho los planes y exige un diálogo del Gobierno con las comunidades autónomas y los sectores empresariales. No se puede aprobar un plan si no contribuye a la transición digital y energética.
La situación económica ¿puede retrasarlo?
En este momento estamos en un estado de shock por la pandemia, que no es que haya ralentizado la economía, es que la ha parado. No es una crisis como las anteriores. Y el arranque es cuesta arriba. Tenemos que pensar las fiscalidades en el medio y en el largo plazo. Dentro de tres años tendremos un escenario distinto y hay que preparar la fiscalidad para entonces, no para mañana ni para pasado. Ahora tenemos a todo el mundo con la tasa Google, con las tasas fáciles. Se la pones a un tercero que está en Estados Unidos o en Cupertino, que no es como si la pones aquí a alguien que está en Guadalajara.
Hay que pensar la fiscalidad post-Covid. En un horizonte donde hay que empezar a amortizar deuda pública en España. En algún momento hay que cerrar el grifo, lo que será más complicado si las tasas de paro son elevadas, pero este es un proceso de reflexión que hay que empezar a hacer.
¿Por dónde se puede empezar?
Los impuestos indirectos son muy golosos. El impuesto a la electricidad es muy goloso porque todo el mundo enchufa. Hay que pensar una fiscalidad que tenga en cuenta las externalidades y tiene que estar muy pactada a nivel nacional. Es necesario un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, para tener un sistema estable que no esté cambiándose cada tres o cuatro días.
¿Es un error no haber subido el impuesto al diésel en estos Presupuestos?
No entro en el juego de los grupos parlamentarios de si me aprueban una enmienda me apunto a un bombardeo. Creo que la transición energética es progresiva. La electrificación es progresiva. Lo importante en este momento sería que los Presupuestos tuvieran una gran partida con cargo a los fondos futuros para poner las instalaciones de carga de electricidad e hidrógeno necesarias en España. Eso me parece más inteligente, pero comprendo que la industria en este momento está fabricando vehículos diésel. Si miras los taxis en Madrid la mayoría ya son híbridos. Estamos asistiendo a un cambio radical, pero el juego no me divierte nada. He vivido en la política europea y de la seriedad a largo plazo y hay que sacar marcos estables con arquitecturas complejas y hacerlo con mucha negociación y consenso. Toda la negociación energética de la UE fue aprobada con más del 80% de los votos del Parlamento Europeo y con 26 de los 28 Estados, y la climática igual. Si en Europa se han podido poner de acuerdo ocho grupos parlamentarios de 28 nacionalidades... ¿por qué en un país es imposible llegar a un consenso básico sobre el mayor desafío de la humanidad?
A mí lo que no me gusta es que de pronto salga un responsable político de un país y diga: en España no habrá ni un solo coche diésel en 2030. ¿Y usted qué sabe? Tiene usted la electrificación del país lista en 2030 o 2040. ¡Ojalá! En 2050 sí sabemos que tendrá que haber neutralidad climática y habrá países que lo conseguirán en 2030 y otros en 2040, pero es muy complicado decir que en un país se vende un coche y en otro no se vende porque el mercado es único. Esa es la fuerza del mercado único.
¿Y qué propone?
Como me ha tocado negociarlos, creo mucho más en la política de poner estándares de emisiones de CO2 al sector del automóvil que empezar con prohibiciones.
Cuando se pone una prohibición se puede decir, bueno, pues no produzco nada y que lo traigan los chinos, pero si se hace progresiva la adaptación a base de incrementar los límites de CO2, la industria europea desarrollará tecnologías punteras. La adaptación será progresiva y al Estado le dará tiempo a poner en marcha la infraestructura de recarga.
Lo que quiero ver cuando termine todo este debate de Presupuestos y la negociación es ¿qué dinero se destina a montar la infraestructura necesaria para desarrollar la movilidad sostenible?
Me hubiese gustado más un grupo parlamentario que hubiera dicho: quiero cinco millones de puntos de recarga o que todos los pueblos -hasta los de 200 habitantes- tengan un punto de recarga. Quiero que en todas las gasolineras haya diez puntos o 20 puntos de recarga rápida. No lo sé. O quiero poner una megafábrica de baterías en el sitio que la logística aconseje y no en la autonomía a la que haya que beneficiar por un trapicheo político. Eso es lo que a mí me gustaría.
Cuando empecé con este tema y sacamos la primera comunicación de la Unión de la energía, el presidente Juncker pidió que le pusiéramos cosas concretas y le pusimos una hoja de ruta con 45 acciones. Me dije: esto es imposible de desarrollar con estos países y este Parlamento. Pues salieron las 45. O sea que todo es posible si se pone buena voluntad y muchas horas.
El Gobierno está trabajando en la Ley de movilidad sostenible. ¿Qué le parece?
Primero hay que ver la Estrategia de movilidad sostenible que va a salir ahora en la UE. Es mucho mejor desarrollar el paraguas europeo que hacer una cosa -que es muy fea-, que como conoces lo que está haciendo la UE intentas sacar algo antes de que esté el producto final. Vale la pena esperar y a partir de ahí hacer el desarrollo nacional que se quiera. Creo más en el esquema de arriba a abajo. Eso permite que las cosas tengan su lógica.
¿Hemos avanzado con las baterías?
La UE solo producía el 2% de las baterías, que venían principalmente de Japón, Corea y China que ya estaban tomando posiciones en el suministro de los materiales raros necesarios. Todo el mundo se estaba moviendo y la UE no.
¿Por qué no se movía?
Porque el sector del automóvil que era líder en el motor de combustión interna estaba amortizando las inversiones. No se planteaba una necesidad de baterías porque no había nada que abastecer. China suministraba todos los autobuses urbanos eléctricos. Afortunadamente eso ha cambiado. La UE ha sido muy inteligente y ha avanzando en la estrategia y los megaproyectos de baterías que exigen una revisión de las normas de ayudas de Estado y de las normas de competencia. Se necesitan grandes conglomerados que produzcan las baterías para los fabricantes de automóviles de manera sindicada sin que eso constituya un cártel que pueda ser atacado por la normativa de competencia.
La UE tiene que hacer una revisión integral del derecho de la competencia, porque está pensado antes de la globalización y ahora el mercado relevante ya no es el nacional o el europeo, sino el mundial.
Cuando Siemens y Alstom se quieren fusionar hay que pensar en los ferrocarriles chinos no en Talgo. En las baterías hay que hacer esa reflexión y en segundo lugar tomar decisiones de explotar los recursos endógenos que tengamos en ese campo -si los hay- o tomar posiciones en terceros países para garantizar el abastecimiento. China lo tiene muy claro. En el mapa de África están posicionados con el níquel, el litio. Se pueden poner banderitas y aquello es un espectáculo. El vicepresidente Sefcovic, que trabajó conmigo en esto, hizo un buen trabajo. Ahora hemos comenzado con el hidrógeno.
Todas las fuentes de energía son necesarias. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice que en el 2030 no habrá motores de combustión interna, no habrá combustibles fósiles. Mire, eso no es verdad. En 2030 los combustibles fósiles seguirán siendo dominantes y habrá combustibles fósiles porque se tienen que usar como materia prima para la industria química, el transporte marítimo -que es muy difícil de electrificar- o el aéreo. Los aviones no van a volar con baterías de ion litio. Hay que pensar que las cosas no son tan simples. Es verdad que la decisión que hemos tomado complicada es que descarbonizaremos totalmente la economía en 2050, lo que quiere decir que habrá emisiones que podremos eliminar y sustituir por otros combustibles renovables, pero otras no lo podremos hacer y necesitaremos dos cosas: las técnicas de captura y secuestro de CO2 para procesos industriales y también necesitaremos desarrollar mucha biomasa sostenible y hacer políticas agresivas de gestión forestal. Tenemos unos retos espectaculares.
¿Cómo ve el proyecto de Ley de cambio climático español?
Primero hay que entender los conceptos. Neutralidad climática es que hay balance neto cero de gases de efecto invernadero. Europa es muy ambiciosa, porque cuando la ciencia recomendaba que la neutralidad de carbono se alcanzara en el nivel global en 2050, la neutralidad climática en 2060 o 2070, la Unión Europea hace todo en 2050. El objetivo europeo de neutralidad climática es muy fuerte. El más avanzado y ambicioso de todas las grandes economías.
En segundo lugar, la UE no solo ha trazado este objetivo de neutralidad climática que ya ha sido asumido por los jefes de Estado y de Gobierno, incluido el del Estado español en el consejo de diciembre de 2019. España asume que la neutralidad climática es la meta. Lo importante para la neutralidad climática son dos etapas intermedias. No se llega de cero a 100 sin pasar por un camino. La UE ha estado discutiendo desde diciembre de 2019 hasta la actualidad si esa etapa intermedia era de 50 o de 55 y se ha optado por 55, que no está aprobado todavía porque el Consejo Europeo de octubre no llegó a ningún acuerdo. La Comisión está trabajando con un bloque de países de Europa central y oriental que no quieren aprobar esa ley hasta que haya garantías de cómo les afecta en su país y los elementos de solidaridad que pueda haber. Los objetivos además tienen muchos visos de ser un objetivo mínimo a cumplir, porque el Parlamento Europeo ha votado por un 60%, por tanto el diálogo está entre el 55% y el 60%.
¿Qué pasa con el plan español?
Pues que está concebido en un horizonte del 40% de reducción de emisiones e incluso era más ambicioso que los objetivos que había asignado la Unión Europea. La situación en este momento es que todos los planes nacionales van a tener que actualizarse cuando se conozca el objetivo definitivo y la legislación sectorial. El plan español, como todos los planes, tiene buenas intenciones. Están alineados con la ambición antigua de la Comisión y menor concreción con las medidas de apoyo a la eficiencia energética y a la movilidad sostenible, pero van en la buena dirección y están en línea con un grupo de países que tienen más ambición climática.
Con esta situación ahora veremos cómo la Ley de cambio climático se alinea con toda la legislación que viene. No tendría sentido poner en marcha una Ley cerrada a gran velocidad antes de conocer el marco normativo a 2030. Es muy bueno que la ley nacional interiorice la legislación europea. En mi modesta opinión esto no es un juego de ver quién se apunta un tanto político, esto es ver quién hace la mejor ley adaptada a la ambición europea, que es muy alta y muy complicada de conseguir.
¿El 60% es posible?
Llevo muchos años en trílogos. Como comisario hacía una cosa que hacían pocos comisarios y que era estar presente en todas las negociaciones con el Parlamento. Conozco muy bien aquella casa y no acepta sin más la propuesta de la Comisión. Por eso cuando hacíamos propuestas era muy prudente porque, pusiera lo que pusiera, el Parlamento no se iba a conformar. El riesgo de poner un objetivo muy alto, como han hecho Timmermans y Von der Leyen, es que el Parlamento le pasa siempre por la izquierda. Y se mete en una dinámica muy complicada, porque los Estados miembros tienen que decir todavía si aumentan al 55% y ya es complicado cumplir los objetivos actuales. Por lo tanto, estoy seguro de que va a ser un debate muy duro.
