Madrid
La ministra de Hacienda hizo este miércoles una encendida defensa de la subida de impuestos, apoyándose en el optimismo de que en el próximo ejercicio fiscal, el Gobierno recaudará un 13% más. Montero hace este balance en función de uno de los tres cálculos hechos por la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es decir, en el cálculo del escenario más optimista, con distancia de un escenario centrado y del más negativo de los tres.
Lo que no ha reconocido la ministra es que la semana pasada, la presidenta de este organismo, Cristina Herrero, señaló que ese escenario, el mejor de ellos para la economía española, está bastante alejado hoy de la realidad. Montero, también apoya sus previsiones en la pronta llegada de la vacuna comercial.
En términos absolutos, María Jesús Montero prevé en los Presupuestos -cuyo debate a la totalidad quedará cerrado este jueves para pasar a la posterior tramitación de las Cuentas Públicas de 2021- una recaudación de 222.107 millones de euros, con incrementos recaudatorios del 20,7% en Sociedades, del 13,9% en IVA y, del 7,8% del IRPF.
Eso fue al menos lo que este miércoles dio a conocer en su intervención parlamentaria donde defendió desde la tribuna del Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales de 2021. En respuesta al líder del Partido Popular, Pablo Casado, Montero argumentó que la fiscalidad es buena y tiene que ser justa, de manera que no se habría entendido que en un momento como este el dinero hubiera estado en el bolsillo de los españoles, en lugar de que lo maneje el Estado. Porque de otro modo -justificó-, no se hubieran podido hacer gastos como el de la contratación de sanitarios, hospitales de campaña o material necesario.
Antes de entrar en el cuerpo a cuerpo con Casado, la ministra ya había dicho que el Gobierno cuenta con una hoja de ruta que incluye revisión integral y una subida impositiva justo cuando la pandemia se quede atrás. Y ahí es donde entra la comisión de expertos creada por Hacienda -y anunciada recientemente- cuyo objetivo es estudiar una reforma de la fiscalidad española y plantear nuevos impuestos "progresistas, serenos, medioambientales y con los criterios de los estándares europeos", añadió.
Montero: "Es la hora de los estímulos y no de los recortes"
En su alegato a favor de la política impositiva, Montero recalcó que España es el quinto país de la UE en impuestos medioambientales, y el tercero en su gravamen al diésel, después de Lituania y Luxembugo. Además, dijo que "es la hora de los estímulos y no de los recortes".
En el desarrollo de los impuestos que el Gobierno quiere implantar -por cierto, de momento sin excluir ni el diésel como piden PNV y Cs, ni tampoco el de bebidas azucaradas, como solicitará el PP en la fase de enmiendas parciales-, María Jesús Montero volvió a subrayar que se trata de tributos que no afectan a la clase a media y trabajadora, y cuyo impacto va muy dirigido a las rentas más altas y a las grandes empresas, con un total de 4.232 millones de euros.
¿Quién es clase media?
Precisamente sobre este último punto, el líder del PP discrepó con el Gobierno a cerca del grado de afección que tendrán los nuevos impuestos sobre la sociedad española. Casado cuestionó que estos tributos solo vayan destinados a las rentas altas. Así, preguntó si afectarán o no a los 17 millones que tienen un coche diésel, si acabarán o no perjudicando a los 18 millones de personas que tienen pólizas, o de si alcanzarán a aquellos que consuman bebidas azucaradas, usen plásticos, realicen transacciones financieras, utilicen tecnología o, tengan empresas "que emplean a muchos españoles".
La enmienda a la totalidad del Partido Popular se fundamenta en unos Presupuestos con "sello" de EH Bildu, ERC y Podemos, "el partido más radical dentro de los gobiernos de la UE". Casado recordó que estos impuestos llevan, además de la enmienda del PP, otras tres más, "las del Banco de España, la AIReF y las instituciones comunitarias.
Del lado propositivo, el líder de la oposición ofreció a Pedro Sánchez un plan de choque tributario para atraer la inversión, más flexibilidad laboral, menos burocracia, leyes de crecimiento empresarial y, desde el punto de vista sanitario, un marco jurídico alternativo.
La ministra de Hacienda cifró en 216.000 millones de euros el impacto de las medidas económicas aprobadas para afrontar las consecuencias del Covid-19. Montero recalcó que el déficit del conjunto de las administraciones públicas llegará al 11,3% del PIB este año, puntualizando que el 95% de esas medidas son de carácter temporal por lo que se corregirá ese déficit de forma "indispensable".
Tres millones de empleo
Montero señaló que la crisis en España ha sido más grave que en el resto de países europeos porque el país tuvo "uno de los confinamientos más tempranos y severos de Europa". Explicó que sin el conjunto de todas las medidas puestas este año en vigor la caída del PIB podría haber llegado al 25% y se hubieran destruido 3 millones de empleos.
