La pandemia del coronavirus dejará a su paso una una ola de impagos en el sector privado en los próximos trimestres. La Unión Europea debate cómo afrontarla más allá de la barra libre de liquidez que está ofreciendo el BCE. Desde el supervisor bancario desde hace meses se defiende la idea de crear una red de bancos malos para gestionar el elevado volumen de préstamos dudosos que se viene encima. Pero Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), organismo europeo encargado de liquidar bancos, se opone a la propuesta y plantea una intervención temprana de su organismo en los bancos con problemas.
El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, ha propuesto formalmente un sistema de entidades de gestión de activos tóxicos para aliviar los balances de la entidades financieras del más que probable incremento de la morosidad de sus carteras de préstamos.
El BCE teme que los préstamos dudosos (NPL por sus siglas y son créditos que presentan problemas de cobro para los bancos) de la zona del euro podrían alcanzar los 1,4 billones de euros, muy por encima de los niveles de la anterior crisis. Suponen un gran problema para la banca ya que generan la necesidad de aumentar capital para cubrir posibles pérdidas, lo que repercute en la rentabilidad de las entidades, ya de por sí dañada por los tipos de interés negativos.
Ante esta situación los bancos están redoblando sus provisiones. "Los bancos deben prepararse para el impacto ahora. La identificación temprana de los atrasos, las reclasificaciones caso por caso y las opciones de aprovisionamiento prudentes son fundamentales", advierte Enria. El temor de las autoridades europeas es que los esfuerzos del sector para protegerse contra los impagos termine afectando al grifo del crédito para apoyar la recuperación económica.
Pero la fórmula del banco malo, que se encargaría de asumir los créditos dudosos y de gestionarlos para minimizar pérdidas, no termina de convencer a todo el mundo. Elke König, presidenta de la JUR, la responsable del organismo encargado de liquidar bancos inviables (se estrenó con la resolución del Banco Popular) ha señalado, en una entrevista en el Financial Times, que es demasiado pronto para saber a cuánto se elevará los prestamos problemáticos y que dependerá de la duración y profundidad de la crisis. Köning apunta a que el esfuerzo de los gobiernos para proteger el empleo y a las empresas, junto a las moratorias establecidas deberían limitar el incremento de la morosidad en los créditos. Köning ha rechazado hoy públicamente la idea del BCE de crear una red de bancos malos.
La Comisión Europea trabaja con la idea de que las medidas desplegadas en todos los países no serán suficientes para contener un incremento desbocado de impagos. El vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, tendrá que presentar el próximo mes un diseño de medidas para abordar este problema. Su propuesta incluirá el desarrollo de los mercados secundarios préstamos dudosos, para facilitar su venta y compra, que eviten problemas de liquidez y cambios normativos en los marcos de insolvencia y de recuperación de la deuda. En último término, la Comisión tiene pendiente la revisión del sistema de resolución bancaria para el próximo año, que afecta directamente a la JUR, y que será decisiva para determinar cómo se gestionarán las futuras quiebras bancarias.
La JUR fue creada en 2015 tras la crisis de deuda soberana, que terminó con miles de millones de dinero público destinados a bancos para evitar su quiebra. El objetivo del organismo es garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis para limitar el impacto entre los contribuyentes de los países de la zona euro. En última instancia, intenta que las pérdidas de la caída de una entidad financiera sea principalmente asumida por inversores y accionistas.
Köning advierte de que la pregunta por resolver es siempre la misma: "¿Quién paga la factura de las pérdidas?"
La creación de la JUR no ha resuelto todavía el problema dentro de la Unión Europea de qué hacer con un banco en quiebra y la manera más justa de gestionarlo. La intervención del Banco Popular en 2016 y posterior adjudicación al Santander todavía está rodeada de polémica por la valoración que se hizo de la entidad y que supuso la pérdida total para sus accionistas, aunque se evitó que hubiera ayudas públicas. Y la banca italiana puso de relieve en 2017 las lagunas del sistema al permitirse la inyección de dinero público en varias entidades regionales, en lugar de dar paso a la intervención de la JUR.
Köning reconoce que la JUR está todavía en construcción y demanda una ampliación de sus competencias para poder intervenir en un banco antes de la quiebra. Una de las funciones claves del organismo es organizar y separar los préstamos incobrables de la cartera de activos de un banco, para salvar la parte saneada de la entidad. Dentro del Consejo de Gobierno del BCE todavía no se ha planteado de forma el diseño de los bancos malos, pero el vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos, reconoce que es una herramienta potente para sanear los balances del sistema financiero. Mientras fue ministro de Economía en España durante la anterior crisis creó la Sareb, el banco malo que se adjudicó los activos inmobiliarios de buena parte de la banca española.
"Lo mejor que pueden hacer los bancos es anticipar los préstamos dudosos y abordarlos con rapidez, es lo mejor que podemos hacer por el momento", dice Köning. La crisis del coronavirus mete presión para que la Unión Europea resuelva con celeridad el debate de cómo resolver las quiebras bancarias. Köning advierte de que la pregunta por resolver es siempre la misma: "¿Quién paga la factura de las pérdidas?". "A veces se piensa que tenemos un sistema mágico en las que las pérdidas se evaporan y eso no va a suceder", señala.
