El Gobierno se ha negado a perder 1.568 millones de euros que es la cantidad que estima de la recaudación del IVA de las mascarillas, según fuentes de Hacienda. El rechazo no es más el veto que el Ejecutivo ha impuesto a las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos que pretendían rebajar el IVA de las mascarillas o bien aumentar la financiación de las mismas y de las pruebas PCR.
Sobre este gasto, el Gobierno de Pedro Sánchez esgrime que aplicar estas propuestas implicaría un sobrecoste presupuestario y, haciendo uso de la capacidad de veto que le permite la Constitución, no ha dado su conformidad para que esas enmiendas se debatan y voten este martes en la Cámara.
También en bloque, y a propósito del desarrollo del decreto de la nueva normalidad, que este martes comienza a tramitarse en el Congreso, el Ejecutivo progresista también ha vetado la propuesta del Partido Popular de apoyar financieramente a la compra de las mascarillas de pymes y autónomos.
Financiar las mascarillas de pymes y autónomos excedería los 2.000 millones al año
Socialistas y podemitas entienden en esta ocasión, hasta llegar al veto, que la enmienda de los populares carece de la concreción para determinar el coste exacto.
Y es que el Ejecutivo ya calcula que, habiendo tres millones de pymes que dan empleo a unos 10 millones de personas, asumiendo un consumo medio de dos mascarillas por día por cada trabajador en 253 días laborales, y previendo el empleo de mascarillas tasadas en 0,40 euros, el coste anual de su financiación sería de 2.024 millones de euros.
Respecto a las PCR, otras de las enmiendas del PP, Moncloa establece que, teniendo en cuenta un coste medio unitario de 18 euros por propuesta, determina que la realización de una única PCR a cada una de estas personas supondría alrededor de 180 millones de euros, cuantía que, recalca, "habría que multiplicar por el número de veces que hubiera de realizarse esta operación para cumplir con la medida prevista en el enmienda".
No en vano, y a pesar del bloqueo del Gobierno a la rebaja del IVA, el PP ha articulado una ofensiva institucional presentando mociones en comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos para que las fuerzas políticas se pronuncien sobre esta cuestión por toda España. Además, en el Congreso, el PP exigirá un debate con voto para pedir que el Gobierno haga test sistemáticos en aeropuertos, puertos y estaciones de ferrocarril.
En otro orden de cosas, el Gobierno de Sánchez entregará este martes la gestión del estado de alarma a las comunidades autónomas. Serán las instituciones regionales quienes, desde el 11 de noviembre hasta el 9 de mayo de 2021, determinen el cierre o no de sus territorios, siendo las autoridades autonómicas las delegadas de pilotar el segundo estado de alarma con la cogobernanza del Consejo Interterritorial de Salud.
El nuevo estado de alarma llega con un aumento exponencial de restricciones en comunidades autónomas como Andalucía, que desde este martes cierra su actividad no esencial desde las seis de la tarde, con nuevos confinamientos perimetrales en Castilla-La Mancha -concretamente en Cuenca, Toledo y Talavera de la Reina-, el salto a la fase IV de Cantabria, la prórroga del toque de queda de Cataluña, y la continuación de medidas muy duras en otras regiones como Castilla y León, Euskadi o Murcia, siendo Canarias, Baleares, Madrid, Murcia y Galicia las que mejor se encuentran en estos momentos, sin por ello renunciar a una serie de restricciones.
¿Y si piden confinamiento domiciliario?
El PP ha cuestionado al Gobierno en el caso de que las CCAA necesiten de confinamientos domiciliarios. La vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, señala que "hay comunidades que le dicen al presidente que les gustaría poder tomar más medidas", y en ese escenario -apuntó-, el Ejecutivo se encuentra con "un problema bien gordo", y es que para adoptar esas medidas, tendría que llevar al Congreso otro decreto de estado de alarma, "lo cual sería el bochorno total".
