La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) avaló ayer que el Gobierno se acogiera a la cláusula de escape para saltarse el límite de gasto en el marco de la pandemia pero emplazó al Ejecutivo a diseñar una estrategia fiscal a medio plazo que sirva de orientación fiscal.
En un informe publicado el martes, la AIReF aprecia la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) como consecuencia de la pandemia del covid-19, dado el carácter extraordinario de una situación que escapa al control de las administraciones y que está teniendo un "fuerte impacto global en términos humanos, sanitarios, sociales y económicos". Ya en junio, la propia presidenta de la Airef, Cristina Herrero, reclamó ante la Comisión de Hacienda del Congreso la activación de dicha cláusula.
En concreto, la ley establece que "excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo".
En este sentido, la Airef ha instado a las administraciones públicas a orientar sus actuaciones a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo.
Doble regulación
En el ámbito de las reglas fiscales, España está sometida a una doble regulación: la establecida a nivel nacional, ya mencionada, y la acordada a nivel supranacional en el marco de la Unión Europea (UE) bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dio luz verde en marzo a la activación de la la Cláusula de Escape General para dar flexibilidad total hacia un gasto sin limitaciones y por la que se permite a los Estados suspender temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que rige la austeridad de la UE y obliga a los Estados a mantener controlado el déficit y la deuda pública. Es decir, la activación de esta cláusula da vía libre a los gobiernos para que gasten lo que sea necesario para dar respuesta a la crisis del coronavirus.
Sin esta cláusula, una medida totalmente excepcional por la pandemia, el Gobierno debería acogerse a los límites establecidos en el Pacto de Estabilidad, que limita el déficit público a un máximo del 3% y la Deuda Pública al 60% del PIB.
