Madrid
"Si podían hacerlo sencillo, ¿para que complicarlo?", dice Manuel Giménez sobre el nuevo modelo de los Ertes que entra este jueves en vigor. Una complejidad que va a suponer una avalancha de trabajo para las autoridades laborales de la Comunidad de Madrid, aunque, en opinión de su responsable, la experiencia de estos meses les hace estar preparados. Finaliza diciendo, tajante, que si le hubiese correspondido a él, habría aprobado todos los expedientes a 30 de septiembre sin limitación de actividad.
¿Cómo valora la solución que se ha dado a la prórroga de los Ertes?
Sin desconocer que la prórroga no era ya positiva, sino necesaria, llega muy tarde. Nos lleva a todos al límite, provoca tensión y frustración. En cuanto al fondo, introduce todavía más complejidad e incertidumbre. Si podían hacerlo sencillo. ¿Para qué complicarlo?
¿Cree que no se quedará fuera ninguna empresa que lo necesite?
La redacción es confusa y tememos que muchas empresas, efectivamente, puedan quedar fuera, aunque tengan derecho a la prórroga. Lo que vamos a hacer desde la Comunidad de Madrid es una interpretación favorable para empresas y trabajadores con el claro objetivo de mantener el empleo y por tanto la economía de la región.
Madrid está en una situación epidemiológica complicada. ¿Considera que los nuevos Ertes van a responder a las necesidades de confinamiento en la Comunidad?
Los Erte por rebrote han tenido baja acogida, ahora solo añadimos complejidad. Estos nuevos modelos (que realmente son 4, más las condiciones de las prórrogas) van a provocar que las empresas se encuadren en uno de ellos, pudiendo impedir una adaptación de las medidas de ajuste laboral a las que, previsible o hipotéticamente, puedan dictarse por la Autoridad sanitaria frente a la propagación de la Covid-19.
El nuevo sistema implica que un buen número de empresas van a tener que solicitar un nuevo Erte. ¿Esperan una avalancha?
Sí, pero no tanto por estos Erte, sino, especialmente, por el nuevo procedimiento contemplado en la Disposición Adicional 1ª (que podríamos denominar Erte por CNAE). El sistema que se ha determinado por el ministerio será lento y farragoso, algo innecesario y que se podía haber evitado.
¿Supondrá una sobrecarga para la autoridad laboral de la Comunidad de Madrid como en primavera?
Sí, no obstante, la experiencia pasada ha servido para que los medios humanos y materiales (incluidos los refuerzos que se han arbitrado) de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad estén mucho más afinados frente a esta avalancha que puede provocar el nuevo decreto-ley.
"Para la tramitación de los Erte, el gobierno central ha provocado dificultades de gestión graves, pero estamos preparados"
Además, los nuevos Ertes generan dudas legales. Por ejemplo, ¿cómo delimitar por parte de una empresa si tiene que solicitar un Erte de impedimento o de limitación?
Ahí está el problema: la introducción de estos nuevos términos o conceptos jurídicos indeterminados. Esto ya ha pasado antes, por ejemplo, cuando se generó confusión sobre el concepto "Fuerza Mayor", que estaba claro hasta que lo confundió el ministerio. La experiencia de la creación de la fuerza mayor total y la fuerza mayor parcial no ha servido de aprendizaje para el Gobierno, y se continúa con la ambigüedad e inconcreción.
O en el caso de los Ertes por sectores, ¿cómo va a justificar una empresa que tiene una "facturación indirecta" del 50% de una de las empresas que han sido prorrogadas?
A fuerza de resultar reiterativos, vemos que se introduce complicaciones innecesarias. Esa proporción sólo se exige para las operaciones directas, mientras que para la "dependencia indirecta" se supedita a terceras empresas. Y, en este sentido, respondemos con la interpretación favorable de la norma que realizaremos en la Comunidad de Madrid en favor del mantenimiento de los puestos de trabajo. Si la empresa acredita de forma convincente y con rigor, sin tener que llegar a ser exhaustiva la vinculación con la cadena de valor o dependencia indirecta, nuestra Dirección General de Trabajo emitirá una resolución estimatoria de la solicitud empresarial.
¿No le parece que se exigen demasiadas comprobaciones que pueden desbordar los servicios autonómicos de empleo?
Hemos de distinguir: Para la tramitación de los Erte, el gobierno central ha provocado dificultades de gestión graves, pero estamos preparados. Por otro lado, las competencias en materia de prestaciones por desempleo le corresponden al Servicio Público de Empleo Estatal. El Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid, en las competencias que le corresponden en materia de colocación e incentivos en la recuperación de empleo, está realizando una labor encomiable.
¿Esto no podría dar lugar a los problemas que se vivieron en primavera de retrasos en el abono de las prestaciones por parte del Sepe a los trabajadores afectados?
En el caso de la prórroga de los Ertes, no deberían sufrir problemas. Por el contrario, la introducción de nuevos requisitos administrativos, con la complejidad aludida, sí puede acarrear problemas. Pero hay que recordar que los pagos los tramita el Sepe, a quién habrá que exigirle mejor respuesta esta vez.
Por último, ¿la Comunidad de Madrid habría sido partidaria de prorrogar todos los Ertes de fuerza mayor que han estado en activo hasta el 30 de septiembre?
Desde luego, pero sin limitación de actividad y, en todo caso, con una vigencia tan prolongada como sea necesaria, confiando en que estas medidas propicien el reinicio sostenible y sostenido de la actividad económica.
