A las puertas de la aprobación de la senda fiscal, y a expensas de que el borrador de Hacienda sufra alguna que otra corrección, el ministerio que dirige María Jesús Montero ha eliminado el fondo de 3.000 millones de euros incondicionales. En el Real Decreto Ley que fue rechazado por la mayoría de las Cortes, el Gobierno se comprometía a dar los ayuntamientos esta cantidad para paliar así el incremento de gastos de los servicios públicos generados por la pandemia del coronavirus. El uso de 5.000 millones de euros de los remanentes municipales tampoco se contempla.
Según fuentes de Hacienda, el decreto que llegará al Consejo de Ministros solo recoge los aspectos en los que todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo, y que en porcentaje corresponde al 85%.
Sin embargo, este nuevo Real Decreto para que las entidades locales tengan más recursos y mayor margen presupuestario, obvia la utilización de 5.000 millones procedentes de los remanentes de las arcas municipales -para aquellos ayuntamientos que tuvieran remanentes o ahorros-, y directamente suprime el fondo de 3.000 millones sin condicionalidad, cantidad que solo fue apoyada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, ya que el resto de fuerzas políticas demandaban un fondo incondicional de al menos 5.000 millones.
Los asuntos más polémicos se han postergado para otro próximo decreto
El argumento de esta elipsis financiera es explicada por Hacienda del siguiente modo: La prioridad es dar urgencia de trámite a aquellos puntos en común, y entre ellos no están ni el fondo ni el uso de los remanentes. Sí, por el contrario, está incluir en el segundo Real Decreto Ley dejar de aplicar la Regla de Gasto, permitir concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles de 2019, en las Diputaciones Forales y los Cabildos Insulares de Canarias utilizar el superávit de 2019 para compensar la caída de ingresos, o aliviar la situación de los municipios en peor situación económica.
Además, las entidades locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación.
Venganza o trampa
Nada más filtrarse el borrador, donde se eliminan los puntos 3, 4 y 5 del anterior, las fuerzas políticas han reaccionado por el modo de proceder del Gobierno. Califican de venganza o de trampa no negociar nada de este nuevo decreto.
El hecho de que los asuntos más polémicos se hayan postergado para otro próximo decreto, sine die, ha provocado enorme desconcierto, especialmente entre los regidores del PP. No comprenden que, la urgencia de recursos como el fondo no condicionado o, la utilización de los remanentes se haya aparcado sin proyecto a la vista.
Hacienda, inmersa en la elaboración de los Presupuestos y en la senda fiscal, insiste en que está abierta a negociar los remanentes y a escuchar cualquier propuesta.
