El Gobierno parece cerrado en banda a prorrogar la totalidad de los Ertes de fuerza mayor que actualmente están en vigor. Lo que implica que muchas de las empresas amparadas ahora por esta herramienta de supervivencia tendrán que tomar medidas drásticas: algunas estarán abocadas al cierre y otras a ajustes de plantilla. Ya se viene advirtiendo de que este otoño va a ser muy duro, lo que se traduce en el aumento del desempleo. Empieza a ser evidente que una parte de los 800.000 trabajadores actualmente en Erte pasarán a las listas del Inem.
Pero afrontar los procesos de regulación de plantilla supone un esfuerzo económico para las empresas que deben hacer frente a las indemnizaciones de los trabajadores a los que se rescinda el contrato. Algo imposible para muchas de las pequeñas empresas que se han comido estos meses su poco retén financiero.
Ante esta perspectiva, la semana pasada el presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, propuso durante la asamblea anual de la organización que para facilitar la transición de los actuales Ertes a Eres de muchas empresas que no podrán volver a la actividad con normalidad, se adoptasen algunas medidas de carácter extraordinario. Entre ellas, que el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) se haga cargo de la mitad de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos.
Fuentes de CEIM matizan a elEconomista que es una decisión adoptada por su Junta Directiva, pero que sus servicios técnicos están valorándola en más profundidad, para ver si finalmente tiene viabilidad. Es, pues, de momento, una hipótesis que ha de enfrentarse a algunos hándicaps de peso.
Aportaciones de urgencia
El económico, siempre el económico, es uno de los más difíciles de salvar. El Fondo de Garantía Salarial no tiene remanentes. Según las últimas cuentas de 2018 publicadas por la entidad, perteneciente al Ministerio de Trabajo, en aquel año los ingresos procedentes de las cuotas fueron 540 millones de euros y los gastos 568 millones. Sin embargo, los ingresos de caja reales durante ese ejercicio fueron de 480 millones. Así, aquel año el Ministerio de Trabajo hizo una aportación de 76,5 millones de euros y el Instituto Nacional de la Administración Pública (Inap) otros 19,3 millones para poder cuadrar los balances de la entidad.
Además, aunque el Fogasa terminó aquel año con 145 millones de euros en efectivo y activos líquidos, no se trata estrictamente de un remanente, sino de los desajustes entre los ingresos y los gastos propios de cualquier entidad dentro de un ejercicio fiscal. De hecho, el Fogasa cubre el día a día de los abonos con las cotizaciones que recibe mensualmente.
El Fondo de Garantía Salarial es un instrumento que existe en otros países cuya finalidad es abonar los salarios y las indemnizaciones de los trabajadores que se han quedado en paro en empresas insolventes, por lo general en procesos concursales. Se financia de las cotizaciones obligatorias que abonan todas las empresas españolas del 0,2% de la base de cada trabajador. Es decir, que por cada 1.000 euros de salario bruto de cada uno de sus asalariados, la compañía abona 2 para financiar el Fogasa.
Junto a estas aportaciones empresariales, cuando una sociedad entra en concurso el Fogasa puede quedarse con parte del patrimonio de la empresa (si es que queda algo) para abonar los salarios y las indemnizaciones que se adeudan a la plantilla. Por último, el Ministerio de Trabajo hace aportaciones anuales para cubrir los déficit. Hasta agosto de 2020, el Fogasa ha abonado 285 millones de euros, 111 millones por salarios y 174 millones por indemnizaciones. En el año 2012, posiblemente el más duro de la anterior crisis financiera, el Fondo llegó a gastarse 1.530 millones de euros para hacer frente a los salarios e indemnizaciones de 254.931 trabajadores cuyas empresas se declararon insolventes. Los últimos años, el abono de las prestaciones ha pivotado entre 500 millones y 600 millones de euros.
Fernando Moreno, experto laboral de Analistas de Relaciones Industriales –y responsable del departamento de Relaciones Laborales de la CEOE durante muchos años– aclara que no es una idea nueva. Hasta 1992, el Fogasa abonaba parte de las indemnizaciones. El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores anterior a la reforma de ese año, establecía que "cuando el empresario opte por la no readmisión y se trate de empresas con menos de veinticinco trabajadores, la indemnización se reducirá en un 20%. De la cantidad resultante, el 40% lo pagará el Fondo de Garantía Salarial en un plazo de diez días"
Sin embargo, hay que matizar que entonces la indemnización era de 45 días por año trabajado, con un máximo equivalente al salario de 24 meses y ahora es de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 meses.
Esta medida desapareció en parte, porque encarecía mucho las cuotas que las empresas debían afrontar para costear el Fogosa. Además, implica que en la práctica las empresas de más de 25 empresas estaban "subvencionando" los despidos de las más pequeñas. Podría ser que la medida de Ceim, por extraordinaria, se financie totalmente con dinero público.
Por último, pero no menos importante, Moreno matiza que, además, la petición de CEIM exige un cambio del Estatuto de los Trabajadores, lo cual no se podría hacer por un mero Real Decreto. Y tampoco parece que vaya a contar con el apoyo de los sindicatos, en una hipotética negociación dentro del seno del diálogo social.
