Madrid
El Partido Popular ha emprendido una fuerte ofensiva contra el Ministerio de Hacienda y en concreto contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Los de Pablo Casado están decididos a no entregar ni un solo euro de sus ahorros o remanentes de la Tesorería municipal al Estado, como pretende el decreto-ley firmado la semana pasada entre el presidente de la FEMP y el Ejecutivo de coalición. El acuerdo rubricado estipula que, para que los municipios con superávit reciban una ayuda de 5.000 millones, antes tienen que entregar "voluntariamente" sus remantes remanentes decir, 15.000 millones de euros-, cantidad que les será devuelta en un plazo de 15 años a partir de 2022, tal y como recoge el BOE del miércoles 5 de agosto de 2020.
La acometida de los populares no se queda ahí. Además de no ceder ni un solo céntimo de sus ahorros al erario público, quien sabe si para pagar "los 80 millones de euros que le cuesta al Estado al año los 732 altos cargos con los que cuenta el dirigente socialista, o para sufragar los gastos que exige Unidas Podemos a cambio de mantener el Gobierno", apunta un destacado dirigente del Partido Popular, la formación liberal-conservadora ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, elevará mociones para que los partidos se retraten en ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells y, se manifestará ininterrumpidamente en los meses de agosto y septiembre hasta que el Gobierno escuche sus críticas, recapacite, y se siente a negociar y elabore otra propuesta.
La soledad del Gobierno
De no hacerlo, de no reconsiderar el Gabinete de Sánchez su posición recogida en el decreto -lo que en opinión del PP ahoga a los ayuntamientos que no tienen ahorros (3.000 municipios) porque no se pueden beneficiar de la medida, obliga a ser voluntarioso con el Estado (porque de no dar tus remanentes no tienes derecho al uso de los 5.000 millones de euros) y, por último, la ayuda está condicionada a obras relacionadas con el cambio climático, temas sociales y asuntos culturales)-, el próximo frente será el Congreso de los Diputados.
Allí, el PP ya ha pedido la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y allí, al menos 190 diputados, de distintas fuerzas políticas, se han declarado contrarios a refrendar el decreto la primera semana de septiembre, fecha en la que muy probablemente pueda tener lugar la votación.
Sin ir más lejos, y antes de que el PP reuniera a la plana mayor de sus alcaldes de ciudades de más de 20.000 habitantes, en la tarde-noche pasada, el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón, y portavoz del PP en la FEMP, envió una carta en nombre de los ayuntamientos de Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Cádiz, Bilbao, Lleida, Valencia y Zaragoza, en cuyo contenido pide a la ministra Montero que se replantee las ayudas que el Gobierno ha planificado para afrontar la crisis de la Covid-19.
Estos ayuntamientos representan algunos de los 3.000 municipios españoles, de los 8.131 que hay, que no cuentan con ahorros o remanentes de Tesorería, razón por la cual no tienen capacidad para pedir esa ayuda de 5.000 millones de euros, ya que es exigible que entreguen a cambio sus ahorros.
"Él pedía más que nosotros"
El presidente de la FEMP, después de estampar su firma en el decreto-ley para la reactivación económica y social de las administraciones locales, ahora se encuentra en la disyuntiva de admitir que el acuerdo se podría haber pulido algo más, lo que no le ha impedido decir estos días atrás que nadie en el FEMP le ha presentado un plan alternativo.
Pues bien, según ha podido conocer elEconomista de fuentes del PP implicadas en las propuestas y las negociaciones con los 25 miembros de la federación de municipios y provincias, no solo había un Plan B, si no que además, el participó, y en algunos capítulos concretos, "pidió más dinero", como es el caso para la partida de ayuda al "transporte público municipal," donde solicitó 1.700 millones, de los 500 iniciales. Así que, "siempre mostró su mejor voluntad", hasta que decidió traicionar el consenso municipalista.
En ese Plan B -recogido en el documento de Pilares de la Reactivación, y elaborado con el respaldo de la FEMP-, se contemplan ayudas de hasta 26.000 millones de euros, con apartados para los municipios sin remanentes, y un uso también económico y de empleo.
San Sebastián de los Reyes, el primer socialista que se rebela
El alcalde socialista de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ha afirmado en Twitter que el gobierno de San Sebastián no se acogerá a la cesión voluntaria del Remanente de Tesorería al Estado. "Nuestro compromiso está con los ciudadanos y con la aplicación de un completo y ambicioso plan de inversiones con una dotación de más de 95 millones". Después de Javier Lambán, presidente de Aragó, se ha manifestado el valenciano Ximo Puig, quien confía en un acercamiento en torno al decreto de los remanentes municipales.
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