Madrid
Con el revuelo y el enfado generalizado de los alcaldes y presidentes de Diputación, y con la previsible mayoría del Congreso en contra, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a hacer borrón y cuenta nueva a golpe de BOE. Si este miércoles los ayuntamientos pensaban que la firma del acuerdo entre Moncloa y la FEMP contemplaba una devolución de los ahorros municipales a partir de diez años -si bien con un tope de hasta 15 (así era la propuesta del Ministerio de Hacienda)-, el Boletín Oficial del Estado publicado el miércoles 5 de agosto -el día de la rúbrica entre Pedro Sánchez y Abel Caballero- directamente omite el periodo de los diez años, para suscribir un plazo de hasta 15 años, a partir de 2022.
La matización no es baladí cuando los recursos de los consistorios son exiguos, y el Gobierno tiene que elaborar su cuadro macro con los objetivos de déficit de las administraciones de cara a la Unión Europea, y teniendo en cuenta que todo este dinero tendrá la consideración de deuda del Estado.
¿Papel mojado?
El futuro del acuerdo sellado este miércoles en Moncloa podría ser papel mojado. Porque a tenor de las posiciones de las distintas fuerzas políticas, la mayoría del Congreso no está dispuesta a aprobar un decreto-ley que se someterá a votación dentro de un mes.
Casi todos los partidos que conforman el Parlamento nacional, que suman diputados por encima de la mayoría absoluta de la Cámara, han mostrado ya su rechazo al decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias para la liberación de los remanentes y el uso del superávit, que debe someterse a una votación de convalidación o derogación en un mes.
En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.
En la Junta de Gobierno de la FEMP, el acuerdo tan sólo sumó los 12 votos a favor del PSOE, por los 12 en contra de PP, Junts y Ciudadanos. La abstención de Unidas Podemos y el voto de calidad del presidente socialista de la federación resultaron determinantes para aceptar la iniciativa, que provocó la ruptura del histórico consenso en la agrupación municipalista.
La abstención de Unidas Podemos se produjo finalmente tras varias negativas de este grupo, que llevaron al presidente de la FEMP a aplazar en varias ocasiones la reunión de la Junta de Gobierno para seguir negociando la propuesta con el Ministerio de Hacienda y garantizarse la mayoría suficiente como para sacar adelante el acuerdo.
Sin embargo, desde Unidas Podemos, que forma parte del Ejecutivo de coalición, se han mostrado muy críticos con el acuerdo y se atrevieron a decir que iba en contra del acuerdo de gobierno con el PSOE en materia municipalista.
Desde En Comú, el socio catalán del grupo confederal, han sido los más vehementes a la hora de cargar contra la propuesta de Hacienda, algo que ha sido recientemente verbalizado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien aseguró que el decreto era "un error" y llamó a seguir trabajando desde "a unidad municipalista" para que se modifique en el Congreso.
180 votos en contra
Partidos como PP, Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, Bildu, Navarra Suma, Compromís y Foro Asturias, que suman en torno a 180 escaños, vienen anunciando su voto en contra. En el Partido Popular, grupo con 88 diputados, se han referido con dureza al acuerdo entre el Gobierno y la agrupación municipalista, e incluso han amenazado con llevarlo a los tribunales. Asimismo han anunciado que lanzarán una ofensiva parlamentaria para lograr revertir estas medidas sobre remanentes y superávit. Ya en la Junta de Portavoces y en la reunión de Gobierno de la FEMP se mostraron muy críticos con la primera propuesta de Hacienda, algo que se acrecentó cuando finalmente el acuerdo se aprobó el pasado lunes.
En el caso de ERC y Junts, que suman 21 diputados, también se han posicionado en contra del acuerdo y han arremetido contra el Ejecutivo central porque consideran que este documento de Hacienda va contra el municipalismo.
En paralelo, Compromís, el BNG, Foro Asturias o Coalición Canaria, entre otros, también han mostrado su rechazo. El partido valenciano considera que es un atentado contra la autonomía municipal, mientras que BNG lo calificaba de "incautación". Por su parte, Foro Asturias cree que el acuerdo se trata de un "parche para salvar la cara" a la propuesta inicial del Ministerio de María Jesús Montero, y CC coincidía con el resto en señalar que era una "mala noticia" para el municipalismo.
Las líneas rojas de Casado
El portavoz parlamentario del PP en el Senado, Javier Maroto, señaló el miércoles que su partido quiere conocer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de decidir si se sienta a negociar con el Gobierno, ya que, según ha dicho, si esas cuentas públicas recogen subidas de impuestos la respuesta del PP será negativa. Además, ha marcado como "línea roja" del PP la "expropiación" de los ahorros municipales. "Vamos a ver qué documento presentan y daremos una opinión al respecto", afirmó Javier Maroto.
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