Las patronales CEOE y Cepyme aseguran que no han rubricado el acuerdo para los reglamentos de igualdad suscrito este jueves por Gobierno y sindicatos, porque incluyen "una reforma encubierta de la negociación colectiva" para garantizar la penetración de los sindicatos en empresas donde no tienen representación. Los empresarios no descartan llevar el asunto a los tribunales.
CEOE y Cepyme afirman en un comunicado que la Ley de Igualdad no emplazaba al desarrollo de esta cuestión que, sin embargo, "el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han abordado, cercenando la capacidad de negociación de las personas trabajadoras en beneficio exclusivamente sindical". Para las patronales se trata de una "cuestión política" y "una reforma laboral encubierta" que les aparta del acuerdo.
Según la nota, las diferencias han surgido cuando el Ministerio de Trabajo ha introducido, a través del artículo 5.3 del reglamento relativo a los planes de igualdad en las empresas, elementos que tienen que ver con la ordenación de la representación de los trabajadores en las empresas. Además, dicen que el texto incorpora cuestiones que pueden "comprometer seriamente la viabilidad futura de muchas empresas en un momento especialmente difícil de la economía".
En este sentido, señalan que se obstaculiza el acceso a licitaciones públicas a las empresas que no han negociado los planes de igualdad con los sindicatos, lo que considera "una muestra más de la escasa relevancia que para los firmantes tiene la igualdad y sí, en cambio, la prioridad de garantizar la penetración de los sindicatos en las empresas donde no tienen representación".
Por todo ello, en la nota los empresarios apuntan que "no se puede olvidar que ambas normas deben limitarse a desarrollar lo expuesto en la Ley de Igualdad sin que puedan existir extralimitaciones, como entendemos que sucede en este caso" y por eso mismo lo intentarán "combatir por todos los medios, incluido el judicial".
Con todo, precisa EFE, aclaran que las cuestiones relativas a la igualdad no han sido motivo de discrepancia entre los interlocutores sociales y el Gobierno, puesto que comparten el compromiso por avanzar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres.
