Economía

Gobierno y sindicatos acuerdan sin la patronal regular la igualdad retributiva y los planes de igualdad

  • Firma de las ministras Yolanda Díaz e Irene Montero con UGT y CCOO

Las ministras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, e Igualdad, Irene Montero, han suscrito este jueves con los sindicatos CCOO y UGT el 'Acuerdo para el Desarrollo de la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el Trabajo', que finalmente no ha contado con la rúbrica de la patronal tras haber participado en las negociaciones.

A través de este documento se establecen dos reglamentos. Uno de ellos es el de Igualdad Retributiva, que establece mecanismos objetivos de valoración de cada puesto y otorga transparencia en salarios y complementos percibidos. De esta forma, se establece que los trabajos de igual valor deben tener la misma retribución.

Además, se acordado el reglamento sobre planes de igualdad, que persigue garantizar la efectividad y aplicación de este recurso, desarrollando el articulado del Real Decreto Ley 6/2019. De este modo, los planes de igualdad serán obligatorios en empresas de más de 50 trabajadores.

"Nos hubiera gustado que CEOE estuviera en el acuerdo", han dicho fuentes gubernamentales, que inciden en que el diálogo social no siempre culmina en acuerdo de todas las partes y que destacan el esfuerzo negociador que se ha hecho en las últimas semanas.

Por su parte, CEOE ha recibido la noticia del acuerdo con cierta sorpresa y asegura que nadie le ha informado de que se iba a cerrar sin la patronal. Fuentes de la patronal han explicado que en el marco de la negociación habían expresado disconformidad con aspectos que tenían que ver con la negociación colectiva, pero que estaban de acuerdo en todo lo relacionado con la igualdad.

Entre 1 y 3 años para la auditoría salarial

Las empresas de más de 50 trabajadores tendrán entre uno y tres años, dependiendo de su tamaño, para hacer la primera auditoría salarial a la que se verán obligadas con la entrada en vigor del reglamento para la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.

Díaz ha destacado que ambos reglamentos hacen efectiva la igualdad, acomodando el ordenamiento español a las instrucciones de la UE y contribuyendo a paliar la brecha de género en el mundo laboral, que solo en el ámbito salarial es superior al 27% en trabajos de idéntico valor.

Asimismo, la ministra ha incidido en que durante la pandemia se ha comprobado que los trabajos más valiosos y necesarios son altamente feminizados, muchas veces infravalorados por el hecho de ser desarrollados fundamentalmente por mujeres.

El decreto con el reglamento para la igualdad retributiva entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez aprobado por el Consejo de Ministros, y a partir de ahí las empresas de entre 150 y 250 personas empleadas tendrán un año de plazo para completar la auditoría salarial. Las empresas de entre 100 y 150 tendrán dos años y las de 50 a 100 empleados tendrán hasta tres años.

También el sueldo de directivos

El registro deberá contar con información retributiva desagregada por sexos de toda la plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, desglosada y promediada por clasificación profesional y por trabajos de igual valor, e incluyendo salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales.

El reglamento incide en la importancia de hacer una adecuada valoración de los puestos de trabajo para superar estereotipos de género. Asimismo, establece que en el plazo de seis meses desde su publicación los Ministerios de Trabajo e Igualdad desarrollarán por orden ministerial herramientas modelo que podrán ser utilizadas por las empresas para el registro y para la valoración de puestos por las empresas.

El decreto con el reglamento sobre planes de igualdad incide en la importancia del diagnóstico para que identifique los defectos reales y reproduzca estereotipos de género. De la misma manera, refuerza el carácter negociado que deben tener los planes de igualdad y clarifica el procedimiento de negociación, particularmente en aquellas empresas que no tienen representantes legales.

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