El Congreso debate si avanzar hacia la desaparición del dinero en efectivo en los pagos

La Comisión de Hacienda del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley del PSOE en la que esta formación de Gobierno aboga por eliminar gradualmente el pago en efectivo, "con el horizonte de su desaparición definitiva". No obstante, esta proposición está llena de controversia por lo que puede supone el fin del efectivo como método de pago para algunos colectivos y porque choca de lleno contra los tratados europeos y las recomendaciones del Banco Central Europeo.

En esta iniciativa, registrada el pasado mes de abril, reclama un plan para reforzar la conciencia fiscal y garantizar el mantenimiento del Estado del Bienestar, ante la "incesante solicitud de bajadas indiscriminadas de impuestos", el resurgimiento de la economía sumergida y un "quebranto de la confianza en el sistema instigado de manera interesada por una minoría ruidosa".

Para el PSOE, estos elementos "constituyen la peor debilidad y amenaza" para el Estado y la propia democracia, pues consideran que este deterioro es "un nuevo virus que se propaga en tiempo de crisis" y que, esperan, pueda evitar que "se convierta también en pandemia".

Así, plantean un paquete de hasta once medidas dirigidas a fortalecer el compromiso de los ciudadanos con los impuestos, con mejoras del sistema fiscal, medidas de diagnóstico y evaluación, de prevención y erradicación del fraude y la elusión.

Oposición a la propuesta socialista

Por el contrario, el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales FeS-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y FTSP-USO, y la organización patronal APROSER, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Sectorial Nacional, han mostrado su desacuerdo ante la propuesta presentada por el Grupo Socialista por los peligros que entraña para la población y la economía. 

En este observatorio han querido recordar que esta iniciativa va en sentido contrario a las ya adoptadas por diversos países de nuestro entorno, como es el caso de las autoridades suecas, quienes están imponiendo a las entidades financieras la aceptación del efectivo ante las graves consecuencias sociales del proceso de gradual eliminación de su disponibilidad.

Tampoco tiene sentido que se ubique dentro de un marco para la mejora del sistema tributario, máxime cuando la experiencia de los países de nuestro entorno demuestra que no existe una vinculación directa entre los porcentajes de utilización del efectivo y los niveles de economía sumergida: Alemania es el país con mayores niveles de uso del efectivo y, al mismo tiempo, una economía modélica en cuanto a sus niveles de fraude.

Otro de los escollos que podría encontrar esta proposición está en las instituciones europeas. Esta iniciativa viola los principios del Tratado de la Unión Europea, que establece que los billetes y monedas en euros son de curso legal, lo que haría imposible que el Gobierno tome esta medida. Los bancos centrales, entre ellos el BCE, han insistido durante esta pandemia sobre la importancia del uso del efectivo para que todos los hogares tengan acceso a todos los servicios. Durante los momentos más críticos de la primera oleada de covid-19 en Europa, se produjo cierto rechazo al uso del dinero en efectivo por miedo al contagio.

Los alemanes sacaron miles de millones en efectivo de los bancos cuando vieron la crisis que llegaba

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