La propuesta del PSOE que pretende eliminar gradualmente el dinero en efectivo en España es totalmente contraria a los criterios de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta que solicita "la eliminación gradual de los pagos en efectivo, con el objetivo de su desaparición definitiva", y que está pendiente de encontrar una fecha para su debate.
Sin embargo, esta iniciativa viola los principios del Tratado de la Unión Europea, que establece que los billetes y monedas en euros son de curso legal, lo que haría imposible que el Gobierno tome esta medida. Los bancos centrales, entre ellos el BCE, han insistido durante esta pandemia sobre la importancia del uso del efectivo para que todos los hogares tengan acceso a todos los servicios. Durante los momentos más críticos de la primera oleada de Covid-19 en Europa, se produjo cierto rechazo al uso del dinero en efectivo por miedo al contagio.
La Comisión Europea ya aclaró esta posición en 2010, cuando determinó que "la norma debería ser la aceptación de los billetes y monedas en euros como medio de pago en las transacciones minoristas... La denegación de esta forma de pago solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista (comercio, tienda...) no tiene ningún cambio disponible", sostiene la Comisión Europea, según recoge el diario El País.
Por otro lado, el Ministerio de Economía del Gobierno de España está considerando una reforma legal, quizás para este año, que reducirá los pagos en efectivo entre individuos de 2.500 a 1.000 euros.
¿Qué pretende el PSOE?
La medida se enmarca en una serie de propuestas que buscan poner fin a la economía sumergida y aumentar la recaudación de impuestos. Con respecto a esta propuesta, el BCE, la autoridad monetaria europea, tiene una posición contraria, ya que considera que es "desproporcionada" porque entiende que limitar excesivamente el uso de billetes o favorecer su desaparición dañaría a los grupos sociales más vulnerables, como el ancianos, inmigrantes y habitantes de zonas rurales. Además, respecto a la coronavirus, la OMS ha dejado claro que el efectivo no es un transmisor del virus si se usa de forma adecuada.
La posición pública del BCE, que no es vinculante, se produjo en en febrero de 2019, pero sigue siendo válida en este momento. A solicitud del Banco de España, el Banco Central declaró que considera la reducción del límite de pago en efectivo a 1.000 euro "desproporcionada, a la luz del impacto potencialmente adverso que tendría en el sistema de pago en efectivo. De hecho, este límite dificulta el establecimiento de transacciones legítimas y pone en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado".
Los peligros de acabar con el efectivo
En una carta firmada por el propio Mario Draghi, ex presidente del BCE, se advertía de que poner fin al efectivo podría ser un problema cuando se produzcan errores en "las infraestructuras técnicas utilizadas por los proveedores de servicios de pago", es decir, problemas con el suministro de electricidad o la red de Internet.
También le recordaba al Gobierno que "el efectivo es apreciado como un instrumento de pago porque es aceptado por todos, rápidamente y facilita el control del gasto del pagador. Además, es el único medio de pago que permite a los ciudadanos realizar transacciones líquidas e instantáneas sin tener que pagar comisiones por el uso de este medio de pago. De esta manera, insinúa que el uso de tarjetas por parte de los ciudadanos permitiría a los bancos establecer comisiones que son imposibles de evitar si el uso de transacciones electrónicas se hace obligatorio.
Por otro lado, poner fin al efectivo o reducirlo a la mínima expresión dentro del conjunto de métodos de pago plantea, a día de hoy, una serie de riesgos que la sociedad actual no está lista para sortear. El 53% de los españoles considera el efectivo como su método de pago preferido, según las encuestas anuales del Banco de España. Además son los mayores de 64 años y los menores de 24 (segmentos de población más vulnerables) los que permiten que el efectivo lidere aún esta clasificación, que deja en segundo lugar a la tarjeta de débito.
La ausencia de billetes y monedas o la dificultad para usarlos como medio de pago impactaría de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, cuyo nivel de bancarización es muy inferior, y que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet. Suelen ser los hogares con menores niveles de renta (y en zonas más rurales) los que tienden a usar de una forma más intensa el efectivo.
En 2019, el Gobierno también consideró limitar los pagos en efectivo realizados por personas que no son residentes fiscales en España a 10.000 euros. El BCE también respondió al Gobierno asegurando que esta medida no estaba justificada y que la sanción establecida en el proyecto de ley, el 25% de la cantidad pagada, "parecía desproporcionadamente alta".
