La Unión Sindical Obrera (USO) ha registrado en el Ministerio de Hacienda una solicitud para que se pongan en marcha medidas fiscales excepcionales relativas a los ingresos derivados de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) del coronavirus y no cuenten como segundo pagador.
Mediante un escrito dirigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el sindicato pide que los ERTEs "no penalicen fiscalmente a los trabajadores afectados", para lo que propone el establecimiento de una medida excepcional, de aplicación sólo para el ejercicio de la Renta 2020, consistente en que no se considere al Servicio Público de Empleo (SEPE) como pagador a efectos de IRPF.
De esta forma, se exoneraría a los contribuyentes con ingresos inferiores a 22.000 euros de la obligación de presentar declaración y se evitaría el problema de ajuste de retenciones para todos los afectados por un ERTE.
"Un trabajador afectado por un ERTE es muy difícil que supere los 22.000 euros anuales de rendimientos de trabajo, ya que la gran mayoría han percibido durante ese paro obligado un 70% de su base reguladora. Sin embargo, si el SEPE es un segundo pagador, es muy probable que deje de estar exento, pues el límite baja a 14.000 euros. Recibirán un nuevo golpe a su economía familiar el próximo año", argumenta la secretaria de Acción Sindical de USO, Sara García.
El sindicato aboga por abrir un debate "pausado" para una modificación general de la tributación de los ingresos del SEPE
Además de cambiar los umbrales para presentar o no la declaración, USO advierte de que los trabajadores tendrán un "baile de retenciones" que también les perjudicará: "retención previa a pasar a ERTE; retención mínima del SEPE; nueva retención al volver al empleo, seguramente sin ajustar, etc.", explica.
Esta petición de USO queda circunscrita a los ERTE derivados directamente de la crisis sanitaria. No obstante, el sindicato aboga por abrir un debate "pausado" para una modificación general de la tributación de los ingresos del SEPE. En su opinión, este organismo nunca debería ser segundo pagador a efectos de rendimientos del trabajo.
