Economía

Las pymes exigen al Congreso que libere 150.000 millones de liquidez para evitar el colapso

  • La Administración pública debe 14.000 millones en facturas atrasadas
  • Las empresas cotizadas elevan la mora a los 122.000 millones de euros
  • La PMcM advierte del incremento de morosidad y el riesgo de quiebras
Fuente: Dreamstime.

Las pymes son sin duda las grandes perjudicadas de la crisis sanitaria que ha instalado en nuestro país una recesión sin precedentes en 2020, con una caída de la economía de entre el 9% y el 15% según las últimas proyecciones del Banco de España. En este sentido, el colectivo de pequeños y medianos empresarios ha solicitado en el Congreso de los Diputados en el marco de la Comisión de Recostrucción que se liberen ayudas por valor de 150.000 millones de euros procedentes de hasta tres vías de financiación para impulsar el tejido productivo en la vuelta a la normalidad.

El secretario general de PIMEC, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y vicepresidente y portavoz de la Plataforma Pymes, Antoni Cañete, compareció en la Cámara Baja en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica y aseguró que las consecuencias de la pandemia de COVID-19 para autónomos y pymes es demoledor en tanto que "un 20% de los cuales no volverá a levantar su persiana", según datos de PIMEC. Así, siendo la pyme un factor clave y estratégico para la reconstrucción del país pide Cañete que "cuiden y salven a los que pagan impuestos. "Sin ellos será imposible financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales", asegura el presidente de la PMcM quien aboga por lograr un crecimiento sólido, justo y sostenible basado en tres ejes fundamentales: innovación y conocimiento, productividad y competitividad y, finalmente, voz y representación real.

En este sentido, el fantasma que se aparece a las pymes cada vez que una crisis económica toca a la puerta es el automático incremento de la morosidad, que puede provocar presiones de liquidez en las empresas y hasta el punto de asfixiarlas entre retrasos en los cobros llevándolas a la quiebra. "Durante esta crisis hemos obligado a las empresas a endeudarse a través de créditos ICO, cuando la solución podría haber sido eliminar la morosidad", ha lamentado Cañete.

En este sentido, la PMcM ha propuesto diversas medidas que supondrían una inyección de más de 150.000 millones de euros de liquidez al sistema, sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país: que las administraciones paguen sus facturas pendientes (14.000 millones de euros); que las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación, abonen 122.000 millones pendientes de pago a sus proveedores; que los ayuntamientos liberen los 12.000 millones de remanentes que tienen en cuentas corrientes para salvar autónomos y pymes; que se cambie el criterio liquidación del IVA y solo se ingrese el IVA cobrado; que se devuelva de manera inmediata el IVA a compensar retenido por Hacienda; y que los grandes contratistas paguen a sus proveedores.

En esta línea, el presidente de la Plataforma subraya que "poner fin a la morosidad es un elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país" y por tanto ha pedido una vez más que "aprueben la ya presentada proposición de ley de multas para los morosos. Urge un régimen sancionador". Cañete también aseguró que "en el modelo hacia el que debe transitar una España reconstruida, las pymes tienen que situarse en el puente de mando, con la voz y la representación que les corresponde. Ahora no la tienen". Finalmente, ha requerido "generar una nueva base económica, más inclusiva, amparada por un Pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas y sociales".

Enmiendas al Estado de Alarma

De este modo, las pymes exigieron a los diferentes grupos parlamentarios enmiendas a los diferentes Reales Decreto-Ley que se han aprobado durante el estado de alarma, teniendo en cuenta que todos se encuentran en trámite en el Congreso de los Diputados. Las propuestas de la patronal incluyen aspectos como la mejora de las prestaciones para empresarios autónomos, modificación de permiso retribuido recuperable, restitución de los fondos de formación profesional, incentivos fiscales para las inversiones empresariales de prevención del COVID-19, flexibilización de los ERTE por fuerza mayor, desgravación fiscal de las reducciones y condonaciones de alquileres a pymes para favorecer su aplicación y rebaja del IVA de los sectores más afectados por el confinamiento.

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