Como parecía previsible, el Parlamento español ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Cs y Vox, en contra de la tramitación de la 'Tasa Google' que gravará a las empresas digitales. A partir de ahora, el nuevo impuesto pasará a la Comisión de Hacienda, donde se podrán presentar enmiendas parciales, para una vez allí volver de nuevo al hemiciclo del Congreso y por último al Senado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha conseguido sacar adelante el primer trámite para la implantación de la 'Tasa Google' en el sistema tributario español, a la espera que de que este impuesto se normalice en el resto de la Unión Europea. JxC, ERC y PNV han apoyado al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Los votos de PP, Cs y Vox no han sumado suficiente para anular una tasa necesaria, en opinión de la ministra, ante una nueva realidad y un sistema fiscal pensado para una España de 20 atrás.
"No podemos engañarnos, sin un sistema tributario justo no hay educación"
Montero ha subrayado que no podemos engañarnos, "pues sin un sistema tributario justo no hay educación, no hay sanidad y no hay prestaciones sociales".
Recordó la titular de Hacienda en su discurso que fue Mariano Rajoy el que llevó a la práctica la mayor subida impositiva de la historia, con 40 subidas de impuestos. Así mismo, señaló que fue Cristóbal Montoro quien primero defendió la 'Tasa Google', así como Román Escolano, quien aseguró que no es justo que las empresas tradicionales paguen más.
Liquidación a final de año
En concreto, la propuesta del Ejecutivo es que este impuesto, que entraría en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y cuya liquidación tendría lugar a final del año en este primer ejercicio, grave los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
La propuesta del Gobierno contempla gravar con un tipo del 3% a las empresas
La propuesta del Gobierno contempla gravar con un tipo del 3% a las empresas dedicadas a esas actividades que registren ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a 3 millones de euros en España.
Por otro lado, Montero resaltó que esta norma tendrá "carácter transitorio hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o al menos europeo", ya que en estos momentos se trabaja en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos? (OCDE) y de la propia Unión Europea para crear este impuesto, que, en cualquier caso, "ya ha entrado en vigor en otros países como Reino Unido, Francia, Italia, Austria o Hungría".
Las enmiendas
En su enmienda, el PP recuerda cómo el Gobierno aprobó esta nueva figura tributaria en un Consejo de Ministros apenas cinco días después de la cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, tras los primeros contagios por Covid-19 en España, y de actualizar un nuevo cuadro macroeconómico, a su juicio, "poco realista".
Los 'populares' consideran que este impuesto sería "la puntilla" para la economía española y "profundizaría la recesión", pues creen que justo va "en el sentido contrario" a lo que necesita el país frente a esta crisis pues, en el ámbito fiscal, consideran "muy obvio que las medidas deben ir por rebajas y no por subidas".
Por su parte, Vox advierte de que la puesta en marcha de este impuesto supondrá una distorsión en el seno de la Unión Europea y un aumento de los precios y reducción del consumo y de la actividad, y critica el "carácter claramente confiscatorio" y no proporcional, "pues duplicaría con creces la carga impositiva actual", asegura, a muchas entidades.
En este sentido, en esta formación no la ven como una ley necesaria, ya que la OCDE ya trabaja en encontrar "una solución fiscal" para esta situación y creen que ya de por sí los costes de poner en marcha este impuesto "supuestamente temporal" no se verán compensados por la propia recaudación.
Ciudadanos pide un consenso internacional para su creación
Por último, Ciudadanos subraya en su enmienda que no se opone a la creación de un impuesto similar "que carezca de las deficiencias de las que adolece" la propuesta del Gobierno, y recalca que, de aplicarse, debe hacerse con "el necesario consenso internacional" para lograr "la máxima armonización posible dentro de la Unión Europea".
Asimismo, cree que la norma "no resuelve el riesgo cierto de que esta carga tributaria sea trasladada al consumidor final". "No es aceptable que esto suceda y que no se puedan ofrecer garantías que tranquilicen al contribuyente medio de nuestro país", concluyen.
