El pasado sábado el Ministerio de la Presidencia publicó una resolución del Instituto Nacional de Estadística, que establece la obligación de los ayuntamientos de empadronar a las personas sin hogar, incluidos los okupas, para que puedan recibir atención y ayudas públicas.
Se trata de una medida que ya se publicó en 2015, siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy, y que persigue adaptar su situación legislativa a la Ley 39/2015 para posibilitar las tramitaciones de los expedientes relacionados con el empadronamiento por medios electrónicos, así como para acomodarla a la nueva normativa sobre protección de datos.
La resolución del INE fue informada en el Pleno del Consejo de Empadronamiento del 13 de noviembre de 2019. La redacción del apartado en cuestión no ha variado con respecto a la Resolución de 30 de enero de 2015 a la que sustituye (y ésta a su vez era similar a otra de 1997).
Cambio de título
Solo cambia el título. Donde ponía Empadronamiento de personas sin domicilio ahora pone Empadronamiento en infraviviendas y personas sin domicilio. La resolución publicada en el BOE establece que "el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio.
En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón". Y añade que "la correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, que pueda y deba recurrirse a un domicilio ficticio en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes.
