La previsible prórroga del estado de alarma esta mañana en el Congreso ha quitado presión a la aprobación del modelo que regirá los Ertes durante la desescalada y los meses posteriores de la normalización económica. Ayer los expertos en Derecho Laboral se echaban las manos a la cabeza ante el vacío legal que se abría si el Congreso no revalidase el estado de alarma tras constatar que el Consejo de Ministros había pospuesto la reforma de los Ertes. Sin embargo, las distancias entre el Gobierno y los agentes sociales, especialmente los empresarios, dificultan un modelo pactado.
Legalmente, los Erte de fuerza mayor, más del 95% del medio millón aprobado en este mes y medio, están ligados al estado de alarma: si este se levanta, los Ertes dejan de tener validez, lo que hubiese sucedido el 10 de mayo. Porque la urgencia por aprobar el RDL que establezca cómo serán los Ertes de los próximos meses se relajó el pasado lunes, a pesar de que el medio millón de empresarios y los casi 4 millones de trabajadores están pendiente de la continuidad de los expedientes en los que están inmersos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere presentar al Gobierno un acuerdo con empresarios y sindicatos que avale el nuevo modelo de Ertes. Eso ha provocado que se relaje la urgencia que se mostró la semana pasada y se mantuvo el fin de semana y en la mañana del propio lunes.
Trabajo remitió el jueves 30 de abril a primera hora una propuesta a los agentes sociales para ser debatida en una reunión ese mismo día en el que se puso por escrito que el RDL se aprobaría en el Consejo de Ministros de ayer martes 5 de mayo.
Sin embargo, los agentes sociales rechazaron la nueva posición del Gobierno al entender que suponía un retroceso a posturas anteriores, con un recorte en las prestaciones, un acortamiento en los plazos para la prolongación de los futuros Ertes y una mayor rigidez sobre los actuales Ertes de fuerza mayor.
Durante todo el puente del Primero de Mayo se negoció para intentar acortar las distancias y el lunes por la mañana se convocó a la Mesa de Diálogo a una sesión de todo el día con el objetivo de cerrar una acuerdo que llevar al Consejo de Ministros de ayer martes. Pero en el receso de mediodía, Trabajo desconvocó la reunión de la tarde alegando que la reforma no se aprobaría en el Consejo de Ministros de ayer tarde.
Así las cosas, se les ha convocado para hoy a la tarde. Al menos, estará despejada la incógnita sobre la prórroga del estado de alarma en el Congreso que permite que los Ertes sigan amparados legalmente otros quince días más.
Pero, ¿qué está provocando que empresarios y sindicatos no cierren un acuerdo con el Gobierno para establecer el modelo de los futuros Ertes? Las asociaciones empresariales, CEOE y Cepyme son más beligerantes que los sindicatos, en una posición intermedia entre el Gobierno y las patronales.
Estas últimas consideran que las pretensiones del Ministerio de Trabajo son establecer mayores rigideces en los futuros Ertes que, en su gran mayoría, deberán dejar de estar basados en la fuerza mayor para justificarse en causas objetivas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
Automatismo en la transición
El primer gran punto de fricción radica en esa transición de los Erte sustentados en la fuerza mayor derivada del estado de alarma a los basados en causas económicas. Los empresarios consideran que se debería producir de forma automática y el Gobierno considera que todos los Ertes deberán volver a ser aprobados, pero en esta ocasión, deberán venir pactados entre la empresa y los representantes de los trabajadores tal y como se exige en la normativa laboral.
Así, en cada empresa, sin importar el número de empleados, se debe establecer una comisión de negociación entre la dirección y los trabajadores (en las empresas muy pequeñas, se negociará con el representante de un sindicato mayoritario). Luego, la Comisión tendrá un plazo para negociar las condiciones del expediente temporal de empleo que por el COVID-19 se ha rebajado a 7 días, aunque la legislación vigente establece 15 días. Está por ver si se mantienen los 7 días. Lo bueno es que una vez se llega a un acuerdo, la autoridad laboral no suele poner pegas, aunque se requiere informe de la Inspección de Trabajo.
Para evitar vacíos en el traspaso de un Erte a otro, el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales que una vez se haya aprobado el Erte por causa objetiva que sustituya al actual Erte de fuerza mayor, los efectos económicos tendrán carácter retroactivo. Se garantiza que los trabajadores tendrán continuidad en el cobro de la prestación y la empresa, en la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social.
Según confirman desde los despachos de abogados a eE, una gran parte de sus clientes ya se están preparando para la transición de un Erte a otro, de forma más o menos formal. Muchas ya están avanzando en la creación de la Comisión Negociadora e, incluso, avanzando en las condiciones pactadas con sus trabajadores que regirán el nuevo expediente.
Plazos
Un segundo foco de conflicto es el periodo de vigencia de los futuros Ertes de causa objetiva ligados al COVI-19. La tesis que comparten empresarios y sindicatos es que duren lo que tengan que durar, pues la recuperación de la actividad plena dependerá de cada sector y de cada empresa. El Gobierno, preocupado por el impacto presupuestario de la medida más cara de las que ha aprobado para hacer frente a la pandemia en materia económica, están acotando las fechas.
El documento que se maneja en la mesa deja claro que los Ertes de fuerza mayor estarán vigentes durante las cuatro fases de desescalada, lo que garantizaría más o menos finales de junio; aunque no da una fecha concreta que ha dejado con equis. Permite, eso sí, que los Ertes se vayan modificando de forma automática según se vayan incorporando de forma parcial los trabajadores a la actividad, facilitando una vuelta progresiva de las plantillas en función de la demanda real.
Y ¿qué pasa más allá de las cuatro fases de la desescalada? El Gobierno deja la puerta abierta a que determinados sectores, con una recuperación más complicada, puedan seguir con sus actuales Ertes de fuerza mayor hasta una fecha tampoco si determinar abierta a la negociación con los agentes sociales. Y establece que se determinará en el plazo de 20 días qué actividades y sectores seguirán en fuerza mayor a través de una Orden Ministerial. El resto se sectores deberán sustituir sus actuales Ertes por otros, eso sí, con el carácter retroactivo antes expuesto.
Respecto a los Ertes negociados como causas objetivas, se permitirá las condiciones especiales establecidas por el COVID-19 hasta una fecha por determinar.
Prohibido despedir
Un tercer punto de fricción radica en las nuevas rigideces que pretende introducir el Ministerio de Trabajo, en opinión de los empresarios.
La primera radica en la intención del Gobierno de prorrogar las medidas de protección de empleo ligadas a los Ertes, que implican la prohibición de despedir hasta una fecha también por determinar. Los empresarios entienden que será de difícil cumplimiento, pues la demanda no se recuperará hasta el punto de poder mantener las plantillas a los niveles anteriores de la llegada de la pandemia, poniendo en peligro la viabilidad de muchas empresas y puestos de trabajo.
Pero el documento de negociación ha ido más lejos y ha "aclarado" en qué consisten las medidas de salvaguarda del empleo. Un solo despido de un empleado (sin tener en cuenta el tamaño y la plantilla de la empresa) que esté amparado por un Erte es causa para someter a sanción a la compañía que se suponen la devolución total de las cuotas que la empresa haya dejado de ingresar a la Seguridad Social durante toda la vigencia del Erte y la devolució íntegra de todas las prestaciones que hayan cobrado el conjunto de sus trabajadores en Erte.
Una segunda rigidez, esta de nuevo cuño, es la exigencia de que las empresas que se acojan al Erte y que utilicen los recursos públicos, no podrán tener su sede en territorios considerados paraísos fiscales, ni repartir dividendos durante el presente ejercicio fiscal ni en el próximo.
Posición sindical
Tanto CCOO como UGT entienden que los Ertes tienen que servir para preservar el máximo empleo posible y la viabilidad de las empresas, por lo cual es necesario dotarlos de flexibilidad y alargarlos en el tiempo en función de las necesidades reales de la economía.
Sin embargo, piden cierta flexibilidad a los empresarios, especialmente CCOO, que recuerda que en una negociación todos ceden con el fin de poder cerrar un acuerdo que reduzca la actual incertidumbre de los trabajadores y los empresarios amparados por un Erte.
Exoneración de las cuotas
El Gobierno acepta exonerar a las empresas del pago de cuotas por sus empleados en Erte, pero poniendo plazos y porcentaje, que no ha definido el Gobierno en el documento que está sirviendo de base para la negociación estos días. En definitivo, se trata del coste de una medida de por si cara y, por tanto, el nudo gordiano del debate.
La idea el Gobierno es que la exoneración estén en vigor hasta agosto (durante el mes de agosto, dice textualmene el documento), no más allá. Pero con tres fases en la exoneración se irá reduciendo de forma paulatina, aunque el porcentaje de las cuotas que asumirá la Seguridad Social está por determinar.
Lo que el documento sí aclara son las fechas: una primera fase hasta el 30 de junio, en la que el porcentaje es del XX%, dice; otras segunda fase durante julio y la tercera y última para agosto.
Lo que sí parece claro para el Gobierno es que diferenciará según el tamaño de la empresa, como ha venido haciendo hasta ahora cuando las empresas de menos de 50 empleados están totalmente exoneradas de la cotización y el resto el 75%. Pero también deja abierta a la negociación qué porcentaje disfrutarán las pequeñas.
