Nueva York. Madrid
El Fondo Monetario Internacional ha publicado en Washington sus conclusiones sobre el Artículo IV que realiza una radiografía económica de España. En esta ocasión, como explicaba en una conferencia telefónica Andrea Schaechter, encargada de liderar la Misión del Fondo para nuestro país, no se han incluido proyecciones sobre el crecimiento del PIB dada la "fluida" situación desatada por el COVID-19.
Aunque al ser preguntada sobre si la crisis del coronavirus podría acabar generando una recesión de la economía española, Schaechter respondió que dicho escenario no es su apreciación "en este momento", la funcionaria del Fondo incidió en que se debe seguir la situación a medida que evoluciona. También recordó cómo los sectores que son más vulnerables al brote del coronavirus son los servicios domésticos, como el turismo, supone el 12% del PIB de nuestro país.
La jefa de la Misión del FMI explicó que España se ve afectada por el virus en dos frentes. Por un lado, la demanda, donde los ciudadanos consumen menos, especialmente si se tiene en cuenta el distanciamiento social, algo que hace mella en el sector servicios español. Por otro, está el lado de la oferta, ya que España está integrada en la cadena de producción global. "Dependiendo de qué tan grandes sean estas interrupciones del suministro a nivel mundial, esto podría tener un impacto en la economía española", aclaró.
Pese a que Schaechter indicó que este debería ser "un shock temporal que deberíamos superar, esperamos interrupciones a través del canal de demanda doméstica", avisó mientras destacó que las próximas previsiones de crecimiento de nuestro país se incluirán en las Perspectivas de Crecimiento Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) que se presentarán el próximo mes.
En el documento hecho público se pone de manifiesto como la desaceleración económica que cabía anticipar por el debilitamiento natural del ciclo económico se ve ahora fomentada por el impacto del COVID-19. El FMI espera ahora que las perturbaciones temporales ocasionadas por el brote global de coronavirus a las cadenas de suministro, el comercio, el turismo y el consumo interno ralenticen aún más el crecimiento económico en 2020.
Schaechter estimó que la primera prioridad del Gobierno es "mantener a las personas seguras y saludables". En este sentido destacó como la política fiscal es el papel principal para garantizar que el sector de la salud y los hospitales a nivel nacional y regional tengan los recursos necesarios para lograr estos objetivos, independientemente de los recursos necesarios en términos de personal médico u otras necesidades médicas.
"En segundo lugar, la política fiscal en la coyuntura actual debería ser flexible y, de hecho, debería encontrar un apoyo específico para garantizar que las empresas no quiebren debido a este shock temporal ni que se pierdan empleos", dijo. Sobre este tema consideró que el Gobierno debe asegurarse que las compañías cuentan con la liquidez para pagar a sus empleados y proveedores, entre otras cuestiones.
Aún así fue clara al poner de manifiesto que el apoyo fiscal a la economía en respuesta del COVID-19 debe ser temporal y combinarse "con un compromiso con el ajuste futuro que reduzca de manera sostenible el déficit fiscal y la deuda pública a medio plazo". "En lo que respecta a las prioridades a medio plazo, se necesitan esfuerzos para impulsar la productividad y mantener tasas de crecimiento económico más altas", añadió.
Radiografía a medio plazo
Hasta la fecha, y sin contar con el impacto de virus, se prevé que la economía española se expanda en línea con su crecimiento potencial, que ronda el 1,6%, limitado por un bajo crecimiento de la productividad, "ya que el estancamiento de las políticas en los últimos años no le ha proporcionado un nuevo impulso", insiste el equipo de Schaechter.
Esta situación hace, por ejemplo, que el paro, reducido a la mitad respecto a su pico posterior a la crisis, haya alcanzado ya casi su tasa estructural estimada y las previsiones indican que solo cederá marginalmente de aquí en adelante.
En estos momentos, dada la crisis desatada por el coronavirus, el FMI anima a el gobierno a dotar de recursos suficientes al sector sanitario, además de destinar un apoyo específico a los más afectados, y que estas medidas temporales de carácter extraordinario deberían intensificarse según sea necesario para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto económico.
Más allá de las medidas de excepción relacionadas con el brote del COVID-19, el Fondo recomienda que las medidas adicionales de gasto discrecionales dentro del presupuesto de 2020, tales como las medidas ya legisladas en materia de pensiones y salarios, sean financiadas de manera sostenible a través de nuevas medidas de ingreso o de cambios en la composición del gasto. "En términos generales, la política fiscal en 2020 puede ser básicamente neutral", rezan las conclusiones finales.
Dentro del mercado laboral el FMI pide observar tres aspectos que aborden la dualidad, la flexibilidad en salarios y condiciones laborales así como la disminución de las horas trabajadas que acompaña a su vez el aumento de la pobreza laboral. También se pone de manifiesto cómo las políticas activas de empleo y las políticas educativas deberían centrarse en mejorar la empleabilidad de los jóvenes, las personas poco cualificadas y los parados de larga duración.
Al mismo tiempo, el Fondo pone de manifiesto cómo los efectos redistributivos de los programas de asistencia social en España son relativamente débiles y aboga por un incremento en la cobertura de los grupos más desfavorecidos, así como en la adecuación de varios programas de asistencia social (especialmente el gasto en programas de renta mínima, familia y vivienda).
El FMI también pide políticas para reducir la rigidez de la oferta en el mercado de viviendas de alquiler y ofrecer así una mayor accesibilidad que fomente a su vez el acceso a zonas de fuerte creación de empleo, las políticas podrían centrarse en reducir la rigidez de la oferta.
Aval a las propuestas de Escrivá
El informe del FMI no es muy prolijo en lo que se refiere al asunto de las pensiones, uno de los principales retos de la economía española durante las próximas décadas. Sin embargo, en las escuetas líneas que dedica a la materia el Fondo echa un claro capote al actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en sus propuestas para el sistema público de pensiones. Concretamente, la institución dirigida Kristalina Gerogieva recomienda en la misma línea que el ministro expuso ante los miembros del Pacto de Toledo impulsar medidas para alargar la edad efectiva de jubilación, y acercarla así a la edad legal -actualmente los españoles abandonan el mercado de trabajo a los 62 años de media, mientras la edad legal se sitúa en los 65-.
Del mismo modo, sobre una de las polémicas que se abrió tras la comparecencia de Escrivá para fijar el campo de acción de la reforma de pensiones, el trasvase de incentivos fiscales de los planes de pensiones individuales hacia los colectivos en el ámbito de la empresa, si bien el Fondo no hace referencia a esta medida concreta sí que concreta la necesidad de llegar a un equilibrio entre la sostenibilidad de las pensiones y la aceptabilidad social mediante el "retraso de la edad efectiva de jubilación incentivando una vida laboral más larga, el incremento de los ingresos sin elevar el importe ya elevado de las cotizaciones y el fomento del ahorro complementario".
En este sentido, el único aspecto en el que difiere el FMI con las intenciones del Gobierno está en el incremento de los ingresos de la Seguridad Social, que el organismo internacional rechaza se produzca mediante el aumento de las bases de cotización, tal y como ha ocurrido en el caso español tanto con las dos subidas de la base mínima vinculadas al SMI del 29% en dos años y la subida de la base máxima un 7% en 2019 y otra cercana al 2% que se espera para este año.
